Homs presiona al Supremo: la sentencia "marcará las relaciones del Estado y Cataluña"

El imputado Francesc Homs, diputado de PDeCAT y ex consejero de Presidencia y portavoz de la Generalitat de Cataluña, ha tratado de presionar a los jueces del Supremo en su alegato final sobre el juicio de la consulta ilegal del 9-N.
Según Homs, la sentencia del Supremo tendrá «efectos que marcarán las relaciones del Estado español y Cataluña». Homs ha pronunciado estas palabras en su turno de usar la última palabra en el juicio, que ha quedado visto para sentencia y en el que el fiscal ha pedido para él nueve años de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional por la celebración de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 mientras que su defensa ha solicitado su absolución.
Tras declararse inocente, Homs ha dicho que en cualquier caso la sentencia no va a modificar su conducta de «promover el ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña» y ha mostrado su convencimiento de que se convertirá este año en la celebración de un referéndum y ha añadido: «Si poner las urnas en proceso participativo es un pulso al Estado yo no quiero ser de este Estado».
El fiscal Jaime Moreno ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y ha solicitado dicha condena para Francesc Homs al estimar que ha quedado probado en el juicio que cometió los delitos de prevaricación y de desobediencia grave al Tribunal Constitucional por la celebración de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
Por su parte, la abogada Eva Labarta, defensora de Francesc Homs, ha reclamado la absolución del acusado al considerar que no se ha probado que sea autor de dichos delitos.
El debate se ha centrado en gran medida en si el TC apercibió a Homs de un posible delito de desobediencia, porque cabe interpretar que para que se condene a un ciudadano por este tipo penal, antes debe ser advertido personalmente por la autoridad. El Gobierno le pidió que lo hiciera así al TC, pero éste no hizo nunca un apercibimiento personal.
Para el ministerio público la prohibición del Constitucional «no se quiso entender» y decir lo contrario «es un pretexto».
«No tenían competencia, y lo sabían», ha señalado: «Hubo un mandato y fue expreso. Y ese mandato fue notificado, porque la providencia fue remitida vía mail y el Govern la conoció el mismo día 4 de noviembre», ha señalado el fiscal.
«No hubo apercibimiento de incurrir en delito y podía haberse hecho», ha reconocido, pero ha añadido que ello «no es esencial, porque no lo exige el tipo penal. Hubo voluntad de incumplir».
Todo lo contrario de lo defendido por la abogada de Homs que, como él, ha mantenido una línea contraria a la interpretación de un asunto político desde el derecho penal: «pido que no se considere al señor Homs un delincuente, porque no lo es«.
«El Tribunal Constitucional no deseaba que esto terminara en un proceso penal, porque si así hubiera sido, hubiera acudido a los requisitos del tipo penal de desobediencia, que no se cumplieron», ha dicho la letrada en su alegato final.
«Cuando el TC no contestó a la petición del abogado del Estado de que debía advertir» a los miembros del Govern «de las consecuencias penales de la celebración del 9N, expresó su opinión de que no deseaba acudir a la vía penal. No fue un olvido, como destacó la junta de fiscales de Cataluña», ha añadido la abogada.
«Es muy excepcional que una Junta de Fiscales diga que algo no es delito y que llegue una orden de Madrid para que se presente querella. Si esto no es política, qué lo será…»
«Un correo electrónico no puede hacerse equivaler a un requerimiento personal«, que es lo que exige el Código Penal para el delito de desobediencia, ha dicho también.
En cuanto al delito de prevaricación, ambos han defendido igualmente sus posiciones: tomaron una decisión administrativa arbitraria a sabiendas, según el fiscal. Y la prohibición no era fácil de interpretar y, de hecho, pidieron una aclaración que demuestra que querían cumplir, según la defensa.
Para el ministerio público, lo que hizo la Generalitat y, en concreto, Homs, fue «convertir su voluntad en ley», cometer «un abuso de poder», porque «la piedra angular de la democracia es la sumisión de los poderes públicos, precisamente, a la ley».
Antes de que llegara la fase final del juicio dos agentes de la Guardia Civil especialistas en investigación de delitos informáticos que hicieron un informe pericial sobre los desarrollos informáticos para la jornada del 9N han comparecido a petición del fiscal para ratificar ese documento.
La abogada ha rebatido su testimonio diciendo que se ha roto la cadena de custodia de la prueba, los sistemas informáticos que ellos examinaron.