Huelga parcial en el ICO por una medida de Montoro

Los empleados del ICO han convocado una huelga parcial el 7 de noviembre por una deuda superior al millón de euros a sus trabajadores. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, rechazó que el ICO pagará un derecho recogido en el convenido colectivo.

Los trabajadores del Instituto de Crédito Oficial (ICO) han convocado un paro y una manifestación el próximo martes 7 de noviembre para protestar por los recortes que sufren, según ha informado CSIF, el sindicato mayoritario de los funcionarios.

Con el paro, que se realizará de 11.00 a 13.00 horas, los trabajadores quieren reclamar al Gobierno la reversión de los recortes realizados sobre la plantilla del sector público, pero también la resolución de otras situaciones específicas, como la paralización del sistema de desarrollo profesional establecido en el convenio colectivo del ICO.

Según este convenio colectivo, el personal del ICO tiene derecho a la evolución de su retribución en función de la carrera profesional (cada cuatro años), pero el Ministerio de Hacienda ha impedido que destine sus fondos propios a pagar estas reclasificaciones. En concreto, la cantidad asciende a más de un millón de euros, ya que un gran número de trabajadores que perciben una cantidad inferior a lo estipulado en el convenio.

Según el CSIF, varias sentencias judiciales han reconocido la vulneración de los derechos fundamentales del ICO entre trabajadores temporales e indefinidos, que aún están pendientes de indemnización y reclasificación por una cuestión de «caducidad de acción procesal». El paro temporal, al que seguirán otros si no se resuelve la situación, irá acompañado de una manifestación desde la sede del ICO hasta el Ministerio de Hacienda.

El sindicato amenazó con movilizaciones en agosto tras una queja formal ante el ICO. El problema tiene su origen en 2014, cuando la Comisión Interministerial de Retribuciones (Cecir) dejó de dotar el 1% que «hacía viable» el sistema y para conceder un 0,2% del presupuesto, lo que «no cubre de ninguna manera las necesidades del programa para ejecutarlo».

CSIF afirma que se deben hasta 24.000 euros a trabajadores, algunos de los cuales lo han ganado por sentencia judicial y, sin embargo, el ICO ha recurrido al Tribunal Supremo. El número de afectados roza los 200 trabajadores.