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Ibáñez confía en que la nueva Ley de la Función Pública se apruebe en 2021

Ibáñez confía en que la nueva Ley de la Función Pública se apruebe en 2021

El consejero extiende su previsión al convenio y la normativa de escalas
29 septiembre, 2020
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Actualizado: 29 septiembre, 2020 18:20
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El consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, anunció hoy, durante su visita institucional a Cantalejo (Segovia), la publicación en el Portal de Gobierno Abierto de los documentos para dotar a Castilla y León de una nueva Ley de la Función Pública, el convenio colectivo con los empleados públicos y la nueva Ley de Cuerpos y Escalas de la Administración. Ibáñez confió en que la negociación y el diálogo con los sindicatos de sus frutos contar, a lo largo de 2021, con los tres instrumentos normativos que permitan “mejorar y modernizar” la Función Pública de la Comunidad.

El consejero recordó que la Ley de la Función Pública de Castilla y León, a partir de la aprobación en 2015, del Estatuto Básico del Empleado Público, de 2015, “se ha quedado algo obsoleta, con modificaciones puntuales”. El objetivo, remarcó el consejero, es “hacer un hacer un repaso global para que sea moderna y adaptada a la situación de Castilla y León”.

Según las explicaciones ofrecidas por Ibáñez, en estos últimos diez años, se introdujeron modificaciones a medida que se iban produciendo los cambios legislativos nacionales. “El Estatuto del Empleado Público fue el orientó en 2015 por donde iban la leyes autonómicas de la Función Publica. “Vamos a refundir un texto donde podamos incluir todas las novedades normativas, eliminando incongruencias porque existe alguna para propiciar”, sostuvo Ibáñez, “más claridad normativa y es la estructura en la que se basa la Administración Pública que es la base de la gestión de los empleados públicos”.

El consejero de Presidencia insistió en la necesidad de dotar a la Comunidad de una Ley de la Función Pública moderna y “adaptada a los nuevos tiempos”, que incluya el conglomerado en cuestiones importantes que afectan a los empleados públicos.

Una de las novedades que Ibáñez puso como ejemplo fue la regulación del teletrabajo, que ha demostrado que es “una fórmula que ha llegado para quedarse” en Administración Pública para quedarse. La actual regulación es incompleta y sujeta a resolver casos puntuales.

El consejero no quiso desgranar más detalles porque el resto pertenece a la negociación con los sindicatos, sin ir más lejos, que la Junta se ha haga cargo de los recursos tecnológicos para poder llevar a cabo sus funciones.

“No puedo anticipar más a partir de aquí es la negociación con los sindicatos. No puedo anticipar el texto definitivo sino es una imposición y lo que abrimos es el camino para aportar sugerencias y aportaciones”, argumentó el consejero de Presidencia.

Con la publicación de los textos en el Portal de Gobierno Abierto se inicia toda la tramitación, estará a disposición 15 días, se podrán presentar después alegaciones y abrir la negociación con las fuerzas sindicales a lo largo de todo el otoño para que se puedan pronunciar, negociar y tener el texto “lo más consensuado posible”.

Una vez conseguido este paso, el Consejo de Gobierno lo aprobará como Proyecto de Ley para llevarlo a las Cortes Regionales, donde se inicia el debate entre los grupos parlamentarios y se pueda desarrollar en dos o tres meses. “En 2021, tener aprobada la nueva Ley de la Función Pública y las dos herramientas más”, subrayó, que son el convenio colectivo y la Ley de Cuerpos y Escalas.

Sobre esta última, Ángel Ibáñez sostuvo que hay que con la entrada en vigor de las última titulaciones de los planes de Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior hay algunos desajustes. “Vamos a hacer un repaso completo en función de las necesidades”, indicó.

Según Ángel Ibáñez, en la actual normativa, hay personas que no pueden optar a determinadas funciones porque sus titulaciones no encajan. “Vamos a ponernos al día, con un diagnóstico y un diagrama con estas titulaciones”, argumentó, con la eliminación de incongruencias, como las titulaciones obsoletas que ya no se cursan.

En cuanto, al Convenio Colectivo, el consejero de Presidencia subrayó que es clave para el persona personal que desarrolla los trabajos propios de la Administración autonómica, que fue denunciado en su momento. Después se creó una comisión que se puso en marcha marcha en febrero, que no pudo avanzar por las circunstancias marcadas por la pandemia. “Con la publicación de hoy se vuelve a impulsar de nuevo estas importante herramienta para la paz laboral entre los representantes de la Función Publica y la Junta”, remarcó

En su visita al municipio segoviano de Cantalejo, Ángel Ibáñez, destacó el compromiso con “este impulso decidido con la renovación y la modernización de la Función Pública”, que se pone hoy en marcha para llegar “a los acuerdos oportunos con las fuerzas sindicales para su implantación”.

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