Igea no rechaza endurecer el código ético de los altos cargos

Igea no rechaza endurecer el código ético de los altos cargos

El vicepresidente lleva a las Cortes las normas de austeridad
28 febrero, 2020
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Actualizado: 28 febrero, 2020 12:04
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El vicepresidente, portavoz de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, aseguró hoy que no rehúyen la modificación de la Ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Comunidad (2016), como le pidió el PSOE para que lo recogido en la actualización del Código Ético y de Austeridad no sea solo una “operación de maquillaje”.

Igea acudió a las Cortes para presentar la actualización del Código Ético y de Austeridad de los altos cargos de la Administración y de sus entidades a la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, que recordó figura entre los acuerdos de gobernabilidad para la presente legislatura entre su partido y el PP.

En el debate, el vicepresidente admitió que es “interpretable” la necesidad de abrir una reforma la ley que ampara el Código ético, si bien señalo que éste es una “precisión” de la norma. Además, advirtió a la procuradora socialista Alicia Palomo de que al menos la Junta avanza en el “maquillaje” más que otras administraciones, como el Gobierno de España al que a su juicio persigue Transparencia, y recalcó que no son solo una declaración de intenciones, sino “realidades”.

La parlamentaria le recogió el guante para que se haga realmente efectivo con una reforma legal la disciplina que propugna el Código, que recalcó no tiene carácter sancionador, porque en su opinión eso lo garantiza la ley. Igea le respondió que espera contar con su grupo también en otras cuestiones y negó que en Cs solo vivan de la “apariencia”.

Al respecto, el consejero sostuvo que el Código Ético, pese a no estar aprobado, ya se aplica y como ejemplo puso la publicación de las agendas, las transferencias a medios, la limitación del coche oficial o la extensión de la limitación de mandados a consejeros, secretarios y directores generales.

La procuradora Palomo expresó el apoyo de su grupo al endurecimiento y la actualización del Código ético, pero cuestionó lo hecho por PP y Cs, al no darle rango normativo, y se preguntó por su eficacia al no tener a su juicio valor coercitivo y sancionador. “Hasta donde se quiere llegar?”, dijo, porque en su opinión pretende determinados objetivos que requieren reformas de otras leyes.

“Reflexionen sobre lo que queremos conseguir con esta actualización”, dijo. Así, citó modificaciones “más preocupantes”, como su aplicación a directivos de empresas o fundaciones, ya que consideró que no puede contradecir la Ley del Estatuto del Alto Cargo, pero también en el caso del deber de “abstención” al existir interés por un tercero.

El procurador de Ciudadanos David Castaño argumentó como el vicepresidente que el Código exige la adhesión y que su incumplimiento conlleva una serie de sanciones. De esta forma, señaló que las comunidades que avanzan en transparencia son las gobernadas por Cs, frente a las que están en manos de los socialistas. “Estos son ejemplos”.

La ‘popular’ Amparo Vidal recalcó que en su grupo no creen en “maquillajes y postureos”planteó una reflexión sobre determinadas excepciones a la norma en virtud del sentido común o circunstancias especiales en el aspecto de los deberes morales, no como ningún “boleto de impunidad”.

Además, aseguró que el nuevo Código coincide con los “valores” que comparte su grupo para los altos cargos, como son la honestidad y destacó el pasado dado con su aprobación en 2015 y la posteriormente Ley del Estatuto del alto cargo en 2016.

Finalmente, el procurador David Castaño destacó que los ‘naranjas’ están “muy conformes” con la actualización y consideró necesario, no solo por mandato legal, sino que el Código ético era “mejorable”. En su opinión, el nuevo es más “clarificador” que el anterior puesto que a su juicio evita actuaciones discriminatorias, impone los principios de mérito y capacidad y amplía las causas de incumplimiento. También remarcó que avanza en la austeridad e incorpora los principios de eficacia y eficiencia.

En su comparecencia, Igea recordó la obligación de que todos los altos cargos hagan pública su agenda de actos o reuniones de trabajo, con expresa indicación de su objeto y en el marco de una plataforma de publicación. Existirá una salvedad, que será efectiva cuando los intereses de la Comunidad lo aconsejen, y en consecuencia la publicidad podrá sustituirse por la comunicación al Consejo de Gobierno. También se les prohíbe formar parte de mesas de contratación o comisiones de valoración de las solicitudes presentadas en los procedimientos de concesión de subvenciones.

Por otro lado, como criterio general, el vicepresidente señaló que no se pueden aceptar la invitación a comidas o entradas a espectáculos ya sean deportivos lúdicos o culturales, ni tampoco recibir regalos, que en el caso de ser de poca entidad quedarán en posesión de la Consejería. En este punto, puso como ejemplo que si se recibe un regalo de una ONG se recoge por cortesía pero se deja a disposición de su departamento.

La publicidad institucional es otra de las cuestiones recogidas en el Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos. La actualización refleja como obligación que “las propuestas y contrataciones de publicidad institucional para su inserción en medios de comunicación o en cualquier otro medio, cualquiera que sea el soporte utilizado, se realizarán exclusivamente conforme a criterios objetivos que permitan atender a la finalidad propuesta y a la evaluación de resultados, conforme al procedimiento establecido.

Solo el presidente y los consejeros tendrán asignado un coche oficial de manera exclusiva, si bien los altos cargos que residan fuera podrán contar con vehículo oficial para desplazarse al lugar de trabajo, compartiéndolo cuando sea posible, además se apuesta por utilizar un transporte alternativo.

La Comisión de Ética Pública es el órgano encargado de su seguimiento y de acuerdo con la ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, hasta ahora esta responsabilidad recaía en la Comisión de Secretarios Generales.

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