Igea presenta 20 enmiendas a la proposición de ley de servicios públicos, que tacha de «trampantojo»

ICAL

Garantizar a los ciudadanos el acceso a la prestación de los servicios públicos en igualdad y con calidad uniforme con independencia del lugar de residencia, establecer un plazo máximo de 72 horas para ser atendido por el médico o enfermera de referencia en el centro de salud o consultorio y medir la cobertura de las prestaciones por agentes externos e internos son algunas de las enmiendas principales del procurador Francisco Igea a la proposición de ley de blindaje de los servicios públicos.

Igea, en una rueda de prensa en las Cortes, presentó las 20 enmiendas que ha registrado a la proposición de ley por la que se garantiza la prestación de los servicios autonómicos esenciales en la Comunidad de Castilla y León, impulsada por el Grupo Popular para “blindar” la sanidad, educación y servicios sociales, uno de los compromisos de investidura del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. 

“Se blinda un trampantojo”, calificó en relación a la normativa firmada en solitario por la mayoría popular, si bien su socio de Vox no presenta ninguna enmienda, como confirmaron a Ical en fuentes de este grupo, mientras que Soria Ya registra 24 y UPL otras 18 y el Grupo Socialista remite al lunes para conocer las suyas.

Igea aseguró que en sus enmiendas no cuestiona la existencia de los consultorios locales siempre que tengan una calidad y cartera mínima, que cumpla con la atención a los problemas de salud prevalentes, aunque sí plantear reducir las frecuencias en los núcleos entre 50 habitantes (consulta a demanda) y 500 habitantes (tres días a la semana), donde el texto del PP propone un día a la semana y diaria de lunes a viernes, respectivamente.

“Los servicios no se prestan al territorio, sino a los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia”, justifica en sus enmiendas en las que insiste en garantizar una prestación en igualdad y calidad uniforme, de ahí que va a solicitar los indicadores de los 247 centros de salud y de los consultorios locales. 

Respecto del plazo máximo para ser visto por el médico o enfermera, en caso de que no sea posible, plantea que el transporte público esté garantizado para acudir al centro de salud que corresponda al paciente. 

En otra de las enmiendas, refiere que todas las zonas básicas de salud contarán, al menos, con un centro de salud con toda la infraestructura y equipamiento necesario para mantener las 48 prestaciones previstas en la cartera de servicios de atención primaria. Además, pide que Sanidad haga públicos, al menos anualmente, los indicadores de cobertura de los servicios. 

Los controles de calidad también se extienden, en sus propuestas, a la educación, para que se publiquen cada año las tasas de fracaso escolar colegio por colegio, y en servicios sociales para conocer a través de una encuesta anual la calidad de estos en cada zona de acción social. 

Igualmente, recoge que todos los ciudadanos tendrán asignado un médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria con título homologado de acuerdo a la normativa nacional y europea. En este punto, criticó que el consejero de Sanidad se niegue a facilitar los datos de dónde están los médicos contratados sin MIR, porque “el paciente tiene que saber quién le atiende”.

Por último, explicó que ha pedido al Ministerio de Sanidad que actúan los servicios jurídicos tras el informe de la Abogacía del estado que señala que para practicar la Medicina hay que tener el título MIR, ante las contrataciones de extracomunitarios sin la titulación exigida.