Impuesto sobre las Transacciones Financieras: Pérdida de competitividad y deslocalización de las inversiones

Estas son las claves del nuevo impuesto:

– El impuesto gravará con un 0,2 % las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.

– El Ministerio de Hacienda publicará anualmente, antes del 31 de diciembre, la relación de empresas cuyas acciones están sujetas al impuesto cada año y que serán las que superen los 1.000 millones de capitalización a 1 de diciembre del año anterior.

– El intermediario financiero será el encargado de liquidar el impuesto, con independencia de si actúa por cuenta propia o de terceros y sin tener en cuenta la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación.

– La base imponible del impuesto es el importe de la contraprestación, sin incluir otros gastos asociados.

– No estarán sujetas al impuesto las salidas a bolsa, las reestructuraciones empresariales, las operaciones entre sociedades del mismo grupo ni las cesiones de carácter temporal.

– El Gobierno espera recaudar 850 millones de euros al año con este impuesto.

– Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebaja la recaudación a una horquilla de entre 420 y 850 millones.

– El impuesto entrará en vigor tres meses después de su publicación en el BOE.

– El Gobierno prevé dedicar la recaudación de este impuesto a financiar las pensiones, aunque en el mejor de los casos, 850 millones de euros, no da ni para pagar un 10% de los 9.500 millones de euros que cuesta pagar las pensiones en España todos los meses.

Críticas del sector

La patronal de las antiguas cajas de ahorros (CECA), hoy en su mayoría en bancos, considera que la adopción en España de un impuesto que grave las transacciones financieras produciría un daño en la competitividad del mercado de capitales español.

Tras la aprobación este viernes en el Consejo de Ministros del proyecto de ley del impuesto sobre transacciones financieras, la CECA añade que esta tasa provocará además la deslocalización de operaciones de renta variable hacia otros mercados donde no existe un impuesto de esta naturaleza.

La patronal que representa a gigantes como CaixaBank o Bankia considera que el establecimiento de un impuesto que grave las transacciones financieras debería llevarse a cabo de forma global o al menos en coordinación con los países que forman parte de la UE.