‘Informe Frankenstein’, la verdad sobre el saqueo eléctrico en España

Empresas eléctricas, de renovables, PP y PSOE han gestado un sistema eléctrico convirtiendo al usuario en un pagador cautivo. Todas las regulaciones, primas de renovables, cambios de tarifas, y un sin fin de normas han convertido a España en uno de los países con la factura de la luz más cara de Europa, tras subir la factura de la luz un 72,5% en diez años (2004-2014).

Pese a este gasto de familias y empresas, la deuda de los conectados al sistema asciende a 25.056 millones de euros a cierre de 2015. Este agujero no se debe a la producción y transporte de la electricidad, como cabría de esperar, sino por los costes regulados creados desde la llegada de Zapatero al poder. Asimismo, estos costes no se pueden medir, como en cualquier empresa, sino que la normativa estipula su montante, por lo que no están debidamente justificados y algunos de ellos son disparatados.

El sistema se ideó en plena burbuja inmobiliaria, por lo que se pensó que se iban a crear viviendas a un ritmo desorbitado, unas proyecciones ya no solo optimistas sino avariaciosas, por lo que se llegaron a invertir y poner en marcha nuevas instalaciones. Hoy sobre la mitad de la potencia y hoy estamos pagando por ello. El sistema español, además, obró el milagro de las energías limpias. Tal fue la vorágine que de la noche a la mañana, España pasó a ser la potencia mundial de renovables, pero el hachazo a esta energía ha terminado en los tribunales de arbitraje internacional, con 24 casos, 23 de ellos única y exclusivamente por el recorte del Gobierno de Mariano Rajoy.

Ahora, los españoles tenemos que hacer frente a un agujero de 25.056 millones de euros. Cada actor culpa a otro, sin reconocer en ningún momento su parte de culpa. Las grandes eléctricas acusan a las renovables, pero solo a las de energía solar; las compañías de renovables acusan a las nucleares e hidroeléctrica, y todas señalan a los políticos como principales culpables, ya que tanto PP y PSOE lo permitieron.

El ‘Informe Frankestein’ pone negro sobre blanco los pormenores del sistema eléctrico español, único en el mundo. Elaborado por el periodista Iñaki de las Heras, muestra como se gestó e ideó todo el sistema, sin culpar falsamente, sin acusar de forma sesgada. En definitiva, poniendo los puntos sobre las ‘íes’, abordando la relación entre las grandes corporaciones del sector y las Administraciones.

“Es un ejemplo de cómo la confusión de intereses privados y públicos el doble juego de timoratas regulaciones, planificaciones desacertadas y mercados desbocados pueden dar unos resultados nefastos”, comienza el autor. “Consumidores que pagan a precio de oro lo que antes les salía muy barato», afirma. «Un fracaso de la política y su obligación no sólo de perseguir el interés general, sino también de discernir qué intereses particulares se encuentran escondidos detrás de aparentes intereses generales”, continúa el autor. Una muestra de cómo después los consejos de las eléctricas están llenos de políticos.

A su juicio, hay cinco claves por los que se creó el conocido déficit de tarifa, el agujero entre los ingresos y los costes reconocidos: permitir pagar la electricidad a plazos, añadir los enormes costes a la factura; la decisión de los políticos de no subir la luz cuando tocaba sin atajar el problema de los costes; la fuerte caída del consumo por la crisis económica, que hundió los ingresos haciendo imposible pagar los costes; y la actuación de las reformas energéticas que enmarañaron aún más el sistema.

Todo ello tiene una cifra: 25.056 millones de euros. Un coste anual de 3.750 millones al año, de los que 882 millones son solo intereses, es decir, del total de la deuda anual, España paga un 30% de intereses a los tenedores, que ya no son eléctricas, sino fondos de inversión o bancos.

Todo se inició en 2000, cuando el PP de José María Aznar (ahora consejero de Endesa) abrió la puerta a no pagar todo el coste del suministro eléctrico, para lo que se daban una especie de pagarés para reconocer esta diferencia entre el recibo y los costes. Todo se hizo para que España entrara en el euro con buen pie, más cuando había que cumplir con los requisitos de inflación (2%), deuda pública (60% del PIB) y un déficit no superior al 3%. El plan redujo la factura en un 12% en sus 8 años de mandato, por lo que se cumplió el objetivo. El déficit de tarifa, no obstante, alcanzaba ya los 1.500 millones.

Con Felipe González, el precio de la electricidad lo fijaba el Gobierno, y cada tipo de generación eléctrica tenía uno fijo. Con Aznar se creó el pool, un mercado mayorista donde se fijaba el precio de la electricidad, pero se asigna el mismo precio para cualquier tipo de generación. El precio de toda la electricidad lo marca el último tipo de tecnología, por lo que las eléctricas que generan más barato cobran más caro por lo que perciben una retribución más elevada de los costes reales. En esta parte se centran las centrales nucleares y las hidroeléctricas: cuyas infraestructuras están ya amortizadas, pero venden a un precio muy superior que al que les tocaría.Estos beneficios reportan entre 1.400 y 4.000 millones anuales a todas las eléctricas. Pero no se quedan ahí, a estos beneficios extras hay que sumar 3.600 millones de euros de más que percibieron las grandes eléctricas por los costes de transición; otros 4.400 millones que pagan los españoles desde los 80 por la moratoria nuclear, el efecto inflacionista por la formación del precio del sistema de subastas trimestrales creado por Miguel Sebastián, según recoge SabemosDigital.

La bola se hacía cada vez más grande, año tras año, desde Aznar hasta ahora ha crecido un 1.570% en solo doce años. “Estos costes son los ‘costes reconocidos’ por el Gobierno, lo que no significa que necesariamente sean los costes reales (…) Al margen de que el coste ‘reconocido’ se asemeje o no al real, el sistema eléctrico se ha caracterizado por el rápido desarrollo de nuevas infraestructuras o por la inclusión compulsiva de todo tipo de partidas a la tarifa”, ha considerado el autor del informe.

Para profundizar aún más en el asunto. El recibo de la luz, la factura incomprensible y uno de los castigos mensuales al bolsillo de familias y empresas, recoge en dos partes los costes de la generación y su precio; y los peajes de acceso -fijados por el Gobierno- que son los que se derivan a devolver la deuda. Pero aquí entran un sinfin de partidas: como ayudas a la quema de carbón nacional -600 millones-, generación en las Islas -1.800 millones-, interrumpibilidad -750 millones por un hecho que jamás ha pasado (saturar el sistema y tener que pararlo); y los intereses de la deuda -2.700 millones-. Solo estas partidas alcanzan caso 6.000 millones de euros.

A estos costes, hay que añadir las inversiones de las eléctricas para aumentar la capacidad instalada de España. Se estiman en unos 70.000 millones de euros, y han hecho que el país tenga el doble de la capacidad en solo una década, hasta alcanzar los 100.000 MW, una cifra sorprendente cuando la demanda alcanza los 48.000 MW. Este derroche también hay que pagarlo en el recibo.

Las eléctricas se creyeron los datos del Gobierno sobre la demanda de energía. Con cifras exageradas comenzaron a poner en marcha centrales de ciclo combinado -que usan gas natural- por si acaso no llegaba el abastecimiento. Con la crisis, estas centrales y por tanto nuevas inversiones de las eléctricas se han convertido en un reguero de pérdidas, pero no para ellas, sino para el consumidor.  Y es que en la factura hay una partida por este hecho: «pagos por capacidad», unos 600 millones. La máquina de hacer dinero continúa a pleno rendimiento.

Pero si no era suficiente la inversión en ciclos combinados, llegó la burbuja de las renovables, extendidas a lo largo y ancho del país al calor de las primas. Las renovables se instalaban por doquier, cualquier sitio era idóneo, para hacer huertos solares, plantar molinos de viento u obtener energía de las profundidades del océano con el movimiento de las olas. «Se incorporaron de forma masiva nuevas y costosas instalaciones de renovables, en una densidad desconocida en el mundo», apunta Heras. «El problema -prosigue- no estuvo en la proliferación de molinos y placas solares, de los que deberíamos sentirnos orgullosos, sino en su alto coste. Renovables y cogeneración llegaron a sumar 9.000 millones al año en primas, aparte del dinero que reciben en el mercado”.

La prima a las renovables fue el regalo envenenado de Zapatero. Su Gobierno fijó grandes rentabilidades a los productores. Pero era un oasis que pronto se secaría. El montante era tal que fue imposible hacer frente al pago, más cuando no se ponía ni un solo requisito para montar una instalación. Con Miguel Sebastián al frente de Industria se aplicaron los primeros hachazos en estas ayudas, por lo que se daba advertencia a los nuevos actores.

Pero el daño ya estaba hecho. La potencia de la eólica se disparó un 570%, hasta los 22.800 MW en 2013, desde los 3.400 en 2001. La fotovoltaica fue la que más problemas dio, ya que muchos particulares ávidos de liquidez se lanzaron a poner pequeños huertos para sacar rentabilidad garantizada por el Estado, pasando a «suponer un coste permanente durante lustros de 2.700 millones al año, diez veces más de lo previsto. Fue ésta la única tecnología renovable que desbordó los objetivos de la planificación, fruto de un estado de locura transitoria provocado por las estupefacientes rentabilidades ofrecidas”. No era para menos que los partículares se encandilaran de esta energía. Un 9% anual durante 25 años era un dinero que no se podía escapar. Asimismo, los proyectos se financiaban hasta el 80%, por lo que casi sin poner un duro se cubría el préstamo en solo 9 años, y se disponía de otros 16 para vivir del cuento. La inversión se disparó en este tipo de energía. La irrupción en el déficit de tarifa supuso un incremento de 4.000 millones anuales desde 2010.

Según el informe, «las tecnologías verdes cayeron en una trampa regulatoria de difícil escapatoria y pasaron a convertirse en el principal coste generador del déficit de tarifa (…). Estaban condenadas a ser el chivo expiatorio del accidente eléctrico”. Es decir, a menor precio mayor déficit se generaba, por lo que fueron señaladas como la principal causa de este problemón.

A todo esto se añadía una crisis económica con un efecto devastador. El consumo retrocedía a mínimos de ocho años en 2013: “Lo desproporcionado del gasto hizo que a los pocos años, con el azote de la crisis económica, el país tuviese unas nuevas y brillantes infraestructuras eléctricas, pero poco dinero para pagar la deuda sobre las que se habían levantado”.

Con Rajoy en el poder, Industria tenía como fin acabar con el déficit de tarifa. Deshacer el engorroso sistema alimentado por todos en anteriores años. No obstante, no salió barato.  Se metió un hachazo a los costes regulados -las cifras exageradas por anteriores Gobiernos-, las renovables ya no gozaban de la inmunidad y fueron las principales señaladas. Se subieron impuestos a todos los tipos de tecnologías para elevar los ingresos del sistema. El precio del recibo continuó subiendo.

El ministro José Manuel Soria aplicó la moratoria a las renovables, se dio otro hachazo a la fotovoltaica y se impuso el impuesto al Sol para impedir el autoconsumo. El efecto ha sido 23 litigios en tribunales de arbitraje, incluidas conocidas empresas como Toyota.

“De todas las causas que propiciaron el desastre eléctrico, solo una, la crisis y la consecuente caída de la demanda, es exógena. El resto ha sido fruto de decisiones políticas, ya sea por planificaciones excesivas, por electoralismo o por connivencias con algunas empresas”, concluye este durísimo informe que las eléctricas no desean que el público conozca. Eso sí, ya se podrá patalear, pero de aquí vienen los 25.056 millones que aún faltan por pagar.