Inmigrantes podrán acceder a la renta garantizada de 1.200 euros en Cataluña

Los inmigrantes con dos años de residencia podrán obtener la renta garantizada de ciudadanía, valorada en 1.200 euros, según el compromiso que ha firmado la Generalitat con los promotores de la iniciativa legislativa popular que quiere impulsarla.

Unas 60.000 personas podrían beneficiarse de la nueva Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), de 564 euros mensuales, que el Govern y la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) han acordado este lunes, y que se prevé implementar en septiembre. Entre ellos los inmigrantes que lleven más de dos años en Cataluña.

La ayuda se establece en 955 euros al mes por familia y 664 a nivel individual. En el caso de tener hijos, se suman 75 euros por cada uno, con un máximo de tres. La ayuda podrá llegar a ser de 1.200 euros al mes por familia, cuando llegue a desplegarse en su totalidad en el año 2020.

Para 2017, la Generalitat prevé aplicar un 85%: 550 euros de ayuda individual, 813 euros para parejas y 75 euros por cada hijo con un máximo de tres.

La renta, que supondrá un gasto de entre 500 y 600 millones de euros anuales, se aplicará en un periodo transitorio de 3 años, hasta llegar a los 664 euros en 2020, el 100 % del Índice de Suficiencia de Catalunya (IRSC).

A partir de septiembre, las personas que perciben la renta Mínima de Inserción (PIRMI), unas 29.000, pasarán a cobrar la RGC, además de quienes lo soliciten y cumplan los requisitos: ser mayor de 23 años, haber residido en Cataluña durante al menos dos años, no tener más patrimonio que la primera residencia y haber agotado toda prestación posible.

Recibirán el complemento hasta alcanzar los 564 euros, igual que las familias monoparentales que tengan un sueldo inferior a la RGC, que se estima que son cerca de 7.000.

Sobre la firma del acuerdo sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía, el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa,ha «celebrado» el acuerdo, aunque «llega tarde», y ha afirmado que el PSC trabajará para convertir ese acuerdo en una ley «lo antes posible» y dedicará todos sus esfuerzos en asegurar los «recursos necesarios» para que se cumpla ese acuerdo y sea «sostenible en el tiempo».