Izquierdo cifra en 407 millones los remanentes que recibirían las entidades locales si se acogen al Decreto

Izquierdo cifra en 407 millones los remanentes que recibirían las entidades locales si se acogen al Decreto

El delegado del Gobierno culpa al anterior Ejecutivo del bloqueo actual
09 septiembre, 2020
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Actualizado: 09 septiembre, 2020 18:15
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El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, anunció hoy que los ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León podrán recibir hasta 407 millones de euros de remanentes de tesorería para gastos generales, en base a las cantidades que acreditaron en 2019, si antes del 15 de septiembre deciden adherirse al fondo de 5.000 millones provisto por el Gobierno central para todo el país en caso de que mañana salga adelante en el Congreso de los Diputados el Real Decreto-Ley 27/2020 de 4 de agosto.

Con esta medida, explicó, el Gobierno central pretende dar solución a un problema generado por el anterior Ejecutivo, desde que estableció la Ley de Estabilidad Presupuestaria en 2012, que obliga a las entidades locales a guardar en los bancos sus remanentes presupuestarias desde entonces, sin posibilidad de invertirlas para cubrir las necesidades de los ciudadanos.

“Si el Real Decreto sale adelante, el Gobierno establecerá un fondo de 5.000 millones para las corporaciones locales que entreguen al gobierno sus remanentes como préstamo”, señaló Izquierdo, que precisó que la participación en el fondo será proporcional a la cantidad de los remanentes que voluntariamente aporte cada entidad en préstamo a la Administración General del Estado, que devolverá íntegro ese dinero en un plazo de 15 años. De la cantidad que decidan aportar, recibirán a cambio “al menos el 35 por ciento” (podría superar esa cifra si no todos deciden sumarse).

De ahí sale la cifra de 407 millones de euros que podrían recibir las entidades locales de la Comunidad, donde los ayuntamientos acumulan un total de 744 millones de euros en remanentes entre 2012 y 2018, y las diputaciones 418 millones. En total, 1.163 millones de euros que están “parados desde 2012 fruto de la decisión del anterior Gobierno”, sentenció Izquierdo.

Transferidas por el Gobierno a fondo perdido, podrán gastarlas en 2020, y el resto en 2021. Como ejemplo, Izquierdo apuntó que la Diputación de León cuenta con 169 millones en remanentes, con lo cual podría recibir 59 millones si decide entregar todo al Gobierno, que se lo devolvería en el plazo de quince años. En el caso de la Diputación de Zamora, con 61 millones en remanentes, podría contar con cerca de 22 millones; y los ayuntamientos de Valladolid y Burgos, con 56 y 44 millones en remanentes, podrían disfrutar de 20 y 15 millones respectivamente.

El delegado del Gobierno recalcó el carácter “voluntario” de esta medida, ya que “son las propias entidades locales quienes deciden si adherirse o no, y en qué cuantía”. “Aquí no hay ninguna incautación de los remanentes a los ayuntamientos, como hablan desde el PP. Hay formaciones políticas que solo buscan la confrontación del Gobierno de España sin detenerse a pensar en el beneficio para los ciudadanos”, lamentó antes de preguntarse “¿quién puede oponerse a esta medida y preferir que s emantenga la situación actual?”.

Ese fondo de 5.000 millones, que irá asociado a las entregas, se podrá destinar a políticas “cruciales en este momento”, “las vinculadas a la agenda urbana, movilidad sostenible, eficiencia energética, transición ecológica; gasto social (gestión de mayores, dependencia, centros educativos de titularidad municipal como escuelas infantiles…); y promoción cultural, “en un momento en que la cultura se está viendo seriamente golpeada por la crisis y las medidas de las autoridades sanitarias”.

Si el Real Decreto prospera mañana, además de la habilitación de ese fondo por valor de 5.000 millones, conllevará “otras medidas que llevan a la mejor financiación de ayuntamientos y diputaciones”, como la posibilidad de usar los remanentes de 2019 de forma íntegra fruto de la situación que ha generado el COVID, siempre que se cumplan los criterios de estabilidad presupuestaria. También contempla la supresión de la regla de gasto para el año 2020 y la creación de un fondo extraordinario de 400 millones de euros para compensar la caída de los ingresos de las empresas de transporte público municipal de toda España durante el estado de alarma y el posible déficit hasta final de año (en virtud de ese fondo, las entidades recibirán hasta el 33 por ciento de los ingresos por tarifa correspondientes a 2018 que puedan acreditar).

“Si el Real Decreto no sale adelante, nada de eso verá la luz”. Recordó Izquierdo, que apeló a la “responsabilidad” de todas las formaciones políticas, que “mañana tienen la oportunidad de mejorar la financiación de los ayuntamientos en estos momentos tan delicados”.

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