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Izquierdo dice al campo que el sector es una prioridad absoluta para el Gobierno

Izquierdo dice al campo que el sector es una prioridad absoluta para el Gobierno

Las Opas ven el último decreto positivo pero insuficiente
26 febrero, 2020
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Actualizado: 26 febrero, 2020 17:00
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El delegado del Ejecutivo central en Castilla y León, Javier Izquierdo, defendió hoy que “los problemas del campo son una prioridad absoluta para el Gobierno de España” y constató que el real decreto aprobado ayer para mejorar los precios que perciben estos profesionales constituye solo un “primer paso” dentro de una “estrategia” de apoyo al sector.

Izquierdo eligió a las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León (Asaja, UCCL, UPA y COAG) para mantener su primer encuentro de trabajo desde que tomó posesión del cargo, por la “importancia y el papel” que desempeña el sector en la Comunidad.

Javier Izquierdo ensalzó el “papel del hombre y la mujer en el campo” y aseguró que el sector agrario y ganadero “es una valor” de Castilla y León porque “aporta economía, bienes alimentarios con garantías sanitarias, fija población, lucha contra el cambio climático y sostiene el medio ambiente”.

El delegado afirmó que el sector agrario es “un aliado” en la lucha contra el cambio climático, porque constituye un “sumidero de carbono” y reduce los niveles de CO2 en la atmósfera. Asimismo, remarcó su apuesta por la adaptación a energías renovables bajo el reto de llegar a 2050 con una sociedad neutra en gases invernadero.

Javier Izquierdo repasó las medidas para lograr la suficiencia de renta y unos precios justos aprobadas ayer y sustanció que el real decreto obliga a incorporar en los contratos para fijar los precios, los costes de producción bajo indicadores objetivos públicos. Asimismo, adopta medidas para que no se trasladen los riesgos de comercialización a los productores y para eliminar las ventas a pérdidas, y establece sanciones para la distribución que incumpla las medidas.

El delegado asumió que estas medidas “no resolverán” los problemas del sector “de la noche a la mañana” pero contribuirán a poner en una posición de mayor equilibrio a los profesionales del campo, y que puedan lograr precios justos y la viabilidad de sus explotaciones.

El delegado del Gobierno también destacó las medidas aprobadas para para facilitar el relevo generacional y comentó que si hasta ahora, la declaración de las ayudas para iniciar una explotación se debían declarar en el IRPF del año en el que se recibían, a partir de ahora se podrán diferir durante cuatro años.

El presidente de Asaja, Donaciano Dujo, consideró “positivo” pero “insuficiente” el real decreto, aunque valoró las mejoras en seguros agrarios y en medidas fiscales, Seguridad Social y financiación. Dujo expuso que las movilizaciones convocadas por los profesionales del campo no responden a la subida del SMI y lamentó el olvido de medidas a favor de la agricultura continental, ya que el precio del cereal no sube cuando se encarecen constantemente los costes de producción. El dirigente sindical también afirmó que el campo “es la solución a muchos de los problemas” que sufre Castilla y León, en alimentación, envejecimiento, despoblación, cambio climático y sostenimiento del medio ambiente.

El coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, aceptó que el real decreto es “un paso adelante” porque cumple con el “anhelo” de que se recojan los costes de producción para fijar los precios” pero no tendrá resultados de la noche a la mañana y deberán estar vigilantes.

El secretario general de UPA, Aurelio González, alabó el “magnífico” decreto, porque asume reivindicaciones “históricas” como la referencia a los costes de producción, lo que permite negociar “precios signos y rentables”.

González indicó, no obstante, que “es insuficiente” para el problema que hay en la Comunidad, con unos cereales con precios de los años 80, pero con unos costes de producción que se han multiplicado por tres en los últimos 30 años.

El secretario de Organización de COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera, también indicó que el real decreto es “un paso adelante”, pero advirtió de que “en un mes no se resuelven las cosas”. En este sentido, cargó contra la gran distribución por “avasallar siempre” a los agricultores y ganaderos y sentenció que “aún queda mucho por hacer”. Rivera también afirmó que los más interesados en la lucha contra el cambio climáticos con los agricultores y ganaderos, tras la pérdida en 2019 del nueve por ciento de su renta, y después de sufrir dos años de fuertes sequías; y sentenció asimismo que son el eje fundamental para fijar población en los pueblos. 

Por otra parte, Izquierdo constató la apuesta del Gobierno por la “defensa clave” de la PAC para la pervivencia del medio rural y recordó el rechazo del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a los presupuestos del nuevo marco financiero, ya que la propuesta del uno por ciento de la renta bruta de la UE “es insuficiente” y recordó que el Parlamento Europeo reclama el 1,3 por ciento.

El delegado apeló a que “no se menoscaben” los fondos para la PAC y comentó que el Gobierno tratará de concitar el máximo consenso de la postura española entre las autonomías, para acudir a Bruselas con “una posición sólida”.

El presidente de Asaja se mostró “a favor” de la contundencia de España en el rechazo al presupuesto de la UE, y consideró una “vergüenza” el retraso en la nueva PAC y que “se quiera estrangular” a los agricultores. “No me extraña que se pierda la vocación europea en la sociedad”, dijo.

Dujo expuso que es inasumible un recorte del diez por ciento en las ayudas directas y del 24 por ciento en al segundo pilar, de desarrollo rural, porque supondría perder 153 millones al año, 1.071 en todo el periodo, o lo que es lo mismo, dijo, “trabajaría siete años para cobrar seis”.

Jesús Manuel González Palacín aseguró estar “muy preocupado” por el presupuesto para la PAC y defendió que se está ante una “gran oportunidad” para definir la agricultura del agricultor genuino y excluir a aquellos que no viven de esta actividad. En este sentido, apostó por fijar la renta mínima en el 25 por ciento como una propuesta creíble y precisó que el 40 por ciento de los perceptores actuales están en renta por debajo de ese porcentaje.

Aurelio González cargó contra las erróneas políticas de la UE por las grandes producciones frente a las explotaciones familiares y defendió que se debe lograr un mayor presupuesto para la PAC, aunque si hay recorte, apeló a que se priorice en las ayudas a los agricultores a título principal.

Lorenzo Rivera trasladó que es preciso que el Gobierno se “cuadre” e “imponga” en la UE para que no se apruebe la propuesta de rebaja de fondos. “Es necesario contar con una UE, fuerte y cohesionada”, sentenció.

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