El juez deja fuera las cuotas participativas anteriores a marzo de 2011

El juez deja fuera las cuotas participativas anteriores a marzo de 2011

30 mayo, 2017
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Actualizado: 30 mayo, 2017 14:56
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La CAM, propiedad ahora del Sabadell, comercializó las cuotas participativas desde 2007, pero solo los que las compraron a partir de marzo de 2011 podrán recibir indemnizaciones en el juicio de la CAM.

El juez señala que solo podrán compensarse las cuotas participativas compradas entre marzo de 2011 y junio de ese mismo año, justo antes de ser intervenida por el Banco de España y recibir una montante multimillonario, del que solo se recuperará un euro, el que pagó simbólicamente el Sabadell por hacerse con una entidad financiera con pérdidas de más de 1.100 millones de euros.

El juicio ha proseguido en su segunda jornada este martes, donde están imputados los 8 altos directivos de la antigua caja de ahorros, a excepción de su ex presidente Modesto Crespo.

Los ocho imputados se enfrentan a acusaciones de falsificación de las cuentas y cobros irregulares de remuneraciones, pero los partícipes de estas cuotas no podrán presentarse como afectados en este caso. El juez lo ha determinado en las cuestiones previas presentadas por los distintos abogados.

En este sentido, ha señalado que solo podrán presentarse como acusación particular, y por tanto, poder recuperar parte del dinero invertido junto con una indemnización, aquellos inversores que hayan comprado este producto después de marzo de 2011, pese a que la entidad financiera ya inició su comercialización en 2007. De esta forma se limita la responsabilidad de la ex cúpula, aunque se investiga el caso de las cuotas en otra pieza separada. De esta forma, los abogados se han visto obligados a sacar del juicio a unos 59.500 partícipes frente a un total de 103.000.

El ex presidente de la CAM no se enteró de la quiebra hasta 15 días antes

Crespo ha asegurado hoy que «hasta quince días antes» de la intervención de la entidad por parte del Banco de España las noticias sobre el estado de la caja «eran siempre positivas». El ex presidente de la CAM ha respondido a las preguntas del Fiscal durante el juicio que se sigue contra él y otros siete exdirectivos de la caja por varios delitos societarios, entre ellos estafa continuada y falsedad contable en los estados financieros de 2010 y del primer semestre de 2011, así como por cobrar indebidamente 47,3 millones de euros de indemnizaciones.

También ha dicho que nunca tuvo constancia de que hubiera irregularidad alguna en la situación de la CAM, cuyas cuentas se aprobaban «por unanimidad» sin que él tuviera que hacer uso de su voto de calidad y con el respaldo de la firma auditora KPMG.

Crespo cita a Elena Salgado: las cajas de ahorro gozaban de buena salud

Además, ha recordado que la propia ministra de Economía en la época, Elena Salgado, se refirió en alguna ocasión a la buena salud de las cajas de ahorros.

Asimismo, ha relatado que, una vez que el Banco de España intervino la entidad, en julio de 2011, no tuvo ninguna relación con los administradores designados por el supervisor, y que su labor al frente de la entidad, entre junio de 2009 y julio de 2011, se limitó a «ayudar» en lo que pudo, pues carecía de «conocimientos técnicos y contables».

Crespo ha relatado que formó parte de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) porque los presidentes de las cajas valencianas debían rotar en el puesto, en el que sucedió al presidente de Bancaja, José Luis Olivas, y no por sus conocimientos, que «eran limitados», y además no le gustaba su actividad.

Él «confiaba» en el criterio de otras personas que trabajaban en la CAM desde hacía más de 35 años, y prácticamente no intervenía en nada, ni siquiera en fijar o acordar las retribuciones de los consejeros o directivos.

A preguntas del letrado del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), Carlos Gómez Jara, ha negado que «firmara papeles en blanco sin conocer su contenido«, pero sí ha admitido que si la ex directora general Dolores Amorós, o el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, le presentaban documentos para su firma «no tenía por qué desconfiar».

Si están mintiendo, ha asegurado, «es su problema, no el mío», ya que su misión era fiarse «de lo que estos señores pudieran hacer por su trabajo profesional; a mí, un mero instrumento, no me preguntaban nada porque mi opinión no les servía».

Aunque en un acta de julio de 2011 figura que Crespo informó al consejo de administración sobre el contenido de una visita que hizo al Banco de España, ha asegurado que no la recuerda, que en todo caso quizás se produjo «acompañando a algún director», y ha reiterado que «nunca» acudió al supervisor de forma individualizada.

A preguntas del letrado de la Fundación CAM ha incidido en el hecho de que «ni preparaba ni formulaba las cuentas, aprobarlas sí, pero elaborarlas en absoluto», algo imposible dada su falta de conocimientos técnicos.

Para Crespo, sobre quien no pesa cargos de la Fiscalía, el FGD solicita nueve años de cárcel y multa de 144.000 euros por un delito continuado de falsedad societaria, estafa a inversores y manipulaciones informativas, una petición que se eleva hasta los 17 años en el caso de una de las acusaciones particulares.

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