Juncker se desentiende ahora de las indemnizaciones por el caso Banco Popular

La Comisión Europea vendió la resolución de Banco Popular como un hito, un éxito rotundo y que no costaría un euro a los contribuyentes. Ahora, además de juez, ya tiene su sentencia en el caso Banco Popular, pese a los seis recursos contra la JUR, BCE, Bruselas y el FROB que están pendientes del Tribunal de Justicia de la UE.

La Comisión Europea trata así de escurrir el bulto, evitar que su desastrosa, polémica y criticada operación en la noche del 6 al 7 de junio de 2017, cuando 305.000 accionistas y los bonistas perdieron su dinero invertido en Banco Popular, echando ahora la culpa al comprador.

Según Bruselas, Santander sería el responsable de hacer frente a las indemnizaciones por «otras demandas potenciales» por la gestión de los accionistas y acreedores de Banco Popular. La desvergüenza de Bruselas no tiene límite, ni tampoco transparencia. Con la resolución de Banco Popular, sin incluir la venta a Banco Santander, los ex accionistas de la entidad financiera perdieron toda su inversión, los bonistas siguieron ese mismo camino. De hecho, las demandas así lo ponen de manifiesto.

Los recursos contra Banco Popular no son únicamente contra la entidad financiera, sino contra todos los organismos que intervinieron en la operación, pero la Comisión Europea se desentiende ahora de este escabroso asunto.

Tras la resolución del Popular llovió un aluvión de recursos contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ejecutó órdenes directas de la JUR, BCE y CE. De hecho, todos los tribunales en España han paralizado el caso hasta que haya una sentencia firme del TJUE, que ha admitido a trámite hasta seis recursos, paralizando 91 a la espera de dictar sentencia.

Bruselas alega que el rechazo a todas las medidas cautelares exigidas por los querellantes han sido rechazadas, pero aún hay que esperar una sentencia firme. Y es que, entre otras medidas cautelares se exigía la vuelta a la situación de Banco Popular al día 6 de junio antes de dictarse la resolución. No obstante, el juicio prosigue. «Dado que no existe un plan de protección de activos en la venta de Popular a Santander, en principio el segundo sería responsable de otras demandas potenciales por la gestión de los accionistas o los acreedores de Popular», ha defendido Bruselas. No obstante, no lo ven así de sencillo las defensas consultadas por Intereconomía.com, ya que el TJUE podría condenar a todos los organismos públicos que intervinieron en esa decisión.

La falta de transparencia, la tónica en la resolución de Banco Popular

Para Bruselas, la operación fue un éxito, pese a estar trufada de opacidad y falta de transparencia desde el primer minuto. Primero se aseguró que Deloitte había cifrado el valor de Banco Popular en entre -2.000 y -8.200 millones de euros, no obstante, existe una tercera valoración que otorga 1.500 millones de euros positivos a Banco Popular.

Se dijo que se iba a actuar con transparencia, y más de un año después aún no se ha dado a conocer el polémico informe provisional de Deloitte, pese a que el reglamento de la propia JUR exige que sea un documento definitivo.

Tampoco la JUR ha dado las oportunas explicaciones, ni siquiera ante el Congreso de los Diputados, más aún ha sido muy criticado que el Banco de España fuera apartado de la resolución de Banco Popular, pese a que era un banco «solvente» y «cuyo futuro dependería de los accionistas», como aseguró el ex ministro de Economía y ahora vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.

Bruselas no entona el mea culpa, mientras la JUR continúa escondiendo documentos relevantes

Un año después tampoco la JUR ha facilitado el contrato adjudicado a Deloitte y por el que se han pagado 3 millones de euros, con un sobrecoste del 50%, sin que se hayan dado las oportunas explicaciones sobre los objetivos que tenía que alcanzar Deloitte con ese contrato. Si solo era valorar Banco Popular, apenas tuvo 12 días para un trabajo que dura cerca de mes y medio, un tiempo más que insuficiente para realizar un examen con lupa a la entonces sexta entidad de España.

Bruselas se felicita por la «buena coordinación» entre las autoridades nacionales y comunitarias que resolvieron Banco Popular. Más aún cuando la falta de transparencia ha sido la tónica en este proceso. Fuentes consultadas por este diario afirman que el Frob tiene el informe íntegro de Deloitte, y de hecho solo lo entregará a un juez advirtiendo de las partes confidenciales para evitar que se publique en el sumario del caso. De momento, la justicia española espera la sentencia del TJUE, y de ella dependen 305.000 ex accionistas y bonistas.

Agrega que las entidades cuentan en general con una liquidez «confortable» y señaló que se están reduciendo los niveles de créditos improductivos, aquellos que acumulan más de 90 días de impago o se consideran irrecuperables, incluso en bancos con elevados niveles de esos préstamos.