Junta, Diputaciones y ayuntamientos invertirán 128 millones en cinco años para depurar el agua

Junta de Castilla y León, diputaciones provinciales y ayuntamientos menores de 500 habitantes equivalentes invertirán 128 millones en depuración de aguas hasta 2028 que beneficiará a más de 250.000 personas de municipios, aquellos de menos de medio millar de personas.

Así lo trasladó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñonez, quien auguró que dentro de siete años Castilla y León habrá cumplido el objetivo de cero aguas residuales, gracias a las tres patas comprometidas: las de mayores de 2.500 habitantes; las de entre 500 y 2.500 y las de menos de 500, cuyo convenio, el de esta última, se ha firmado hoy en la sede e-Lea de Urueña (Valladolid) entre la Junta y las diputaciones provinciales.

En total, beneficiará a más de un millar de núcleos de población de menos de 500 habitantes, con el que la Comunidad se acerca al vertido cero a los ríos y cumple también con la exigencia legal europea.

Igualmente, el consejero destacó que las depuradores “atraerán población al medio rural y ayudan a crear oportunidades”, un objetivo por el por el que “trabajan la Junta, las diputaciones y los municipios”. “Sin color político. Aquí estamos todos para un objetivo tan ambicioso de cero aguas sin residuos. Y Castilla y León será la primera autonomía en llegar porque es una meta que tiene que unirnos a todos”, comentó.

Al acto asistieron los presidentes de las diputaciones de Burgos, César Rico, Valladolid, Conrado Íscar, y Soria, Benito Serrano, además de representantes de las otras seis instituciones provinciales y algunos de los delegados territoriales de la Junta. Íscar intervino en representación de todos los demás, donde recordó la importancia de esta medida, máxima cuando en el anterior convenio se vieron beneficiados 31 municipios de su provincia y se puso en marcha un plan propio de depuración, “con muchos municipios en obras y otros que se licitarán”. Ahora, con este nuevo acuerdo para los ayuntamientos más pequeños, hay 69 localidades en Valladolid que “todavía tienen esa necesidad de depurar esas aguas”.

Tras la bienvenida del alcalde Urueña, Francisco Rodríguez, “encantado” de ser anfitrión en un pueblo de 203 habitantes y por tanto beneficiario de esta medida, tomó la palabra Suárez-Quiñones, quien destacó que “todo depende del agua”, desde la “modernidad del municipio hasta el compromiso moral del medio ambiente, con el medio rural, con la legalidad por la normativa europea; con la industria que no pueden implantarse, con la vida de los pueblos y la población que se duplica o triplica el verano”. Y también, añadió, un servicio al medio natural y ríos que “tienen que estar depurados”.

Recordó que hace dos legislaturas su departamento dividió esta misión en tres tramos: de 2.500 hacia arriba; hasta 500; y por debajo de 500 habitantes equivalentes. “Hemos completado la depuración de los más grandes con más de 200 millones de euros para 150 núcleos”, expuso el consejero, quien reconoció que aún existe alguna estación en construcción. También se firmó un protocolo con el Gobierno para repartir “qué hacer cada una” y explicó que la Junta ha construido depuradoras que “no hizo el Gobierno para acelerar el proceso”.

El segundo paso se dio en 2020 en Mansilla de las Mulas (León), con la firma del protocolo general del tramo entre 500 y 2.500 habitantes equivalentes, que suponía la construcción de 250 depuradoras y 125 millones de euros. Actualmente, hay 65 obras en marcha y el resto está activo con la formalización de convenio y en estudio. De hecho, Suárez-Quiñones explicó que en 2025 confía en cumplir este tramo, con las 200 depuradoras terminadas.

Sobre el tramo suscrito hoy, el “más complejo”, incluye 128 millones, sin IVA, para 1.200 instalaciones de depuración. “Es un esfuerzo técnico muy relevante, en el que hay que tener en cuenta circunstancias con el menor impacto ambiental, modernización y para dar respuesta a lo que tenemos que hacer. Y nos hemos vuelto a poner de acuerdo con las diputaciones”, remarcó. En este punto, vaticinó que el programa “empezará en el menor tiempo posible, en el entorno de la mitad de la legislatura próxima, sobre 2028”. “Sería ya un momento de celebración porque Castilla y León alcanzará entonces el culmen medioambiental y legal de ese cero de aguas sin depurar, como hicimos con el sellado de vertederos”, ensalzó.

Misma financiación

La financiación de la inversión será similar a la contenida en el protocolo anterior. De los 128 millones de euros la Junta aportará el 40 por ciento, igual que las diputaciones, mientras que el 20 por ciento restante se deja a los ayuntamientos. El Gobierno autonómico, a través de la empresa pública Somacyl, ejecutará las actuaciones y se encargará de su explotación y mantenimiento durante 25 años.

La Junta, además, ayudará a las administraciones locales que lo soliciten, financiando su aportación a 10 años en el caso de las diputaciones provinciales, y a 25 años en el caso de los ayuntamientos, con el objetivo de mitigar el esfuerzo presupuestario a las administraciones locales. “Si bien se trata de una inversión similar al del tramo anterior, en torno a 125 millones, la ejecución abarca un número muchísimo mayor de infraestructuras, lo que exigirá multiplicar el esfuerzo de gestión y colaboración institucional entre todos los partícipes”, precisó el consejero de Medio Ambiente.

Al amparo de este protocolo se creará un grupo de trabajo técnico para poder concretar y programar la ejecución de las infraestructuras e instalaciones de depuración que resulten necesarias. Este grupo deberá proponer el programa de actuaciones, comunicar a los municipios los resultados de las evaluaciones correspondientes a su ámbito, y valorar cuál es la solución técnica más idónea para cada localidad o grupo de localidades en función de las características concretas y de acuerdo con los criterios establecidos.

La elección de cada sistema de depuración se basará en la experiencia acumulada por parte de los servicios técnicos de la Junta de Castilla y León en actuaciones proyectadas y ejecutadas en aglomeraciones similares en la Comunidad, así como en el Manual de Depuración de Pequeñas Localidades.

Los sistemas de depuración propuestos perseguirán, además de la depuración correcta de las aguas y, consecuentemente, la conservación de los cauces receptores, que el coste de mantenimiento de las instalaciones sea mínimo y siempre asumible para los escasos recursos económicos de los que disponen las entidades locales.

Programa anterior

El 9 de octubre de 2020, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, firmó el protocolo general de actuación entre la Comunidad Autónoma y las nueve diputaciones provinciales para promover el establecimiento de sistemas de depuración de las aguas residuales urbanas en los municipios con población entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes.

Este programa de actuación abarca un total de 250 localidades con una dotación financiera de 125 millones de euros, con el mismo reparto de inversión. En este momento se encuentra en pleno desarrollo: tres depuradoras en explotación, 65 obras en ejecución, 13 en fase de licitación, 45 localidades con proyectos redactados pendientes de la firma del convenio correspondiente, 89 proyectos en redacción y el resto de actuaciones en análisis previos.

Suárez-Quiñones concluyó que en este contexto de “compromiso entre instituciones” se aborda la ejecución de infraestructuras que “garanticen una adecuada capacidad de tratamiento de las aguas residuales” (tanto domésticas como de origen industrial) para reponerlas a los cauces de los ríos en las mejores condiciones y garantía de unas “adecuadas condiciones de salubridad a la población y garantía de la preservación de la calidad de nuestros cauces disminuyendo la degradación provocada por los vertidos”.

“Compromiso de las administraciones públicas, que han acometido un importante esfuerzo inversor en los últimos años, apoyadas por la disposición y aplicación de los Fondos Estructurales y de Cohesión de la Unión Europea, con la preservación y protección del medio ambiente en beneficio de la calidad de vida de las personas y del crecimiento económico, favoreciendo el mantenimiento de las actividades productivas y sentando las bases para la localización y el asentamiento de nuevas actividades e iniciativas”, concluyó el consejero.