Juristas y técnicos de la Comunidad vigilarán que las normas del Gobierno central sean constitucionales

Castilla y León pasará a una posición de “ataque” en su relación con el Estado en la defensa de los intereses de la Comunidad y vigilará con grupos de trabajo técnico-jurídico en todas las consejerías las normas que se aprueben, que, en caso de lesionar sus competencias, llegarían hasta la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, expresó hoy esta “novedad” en su comparecencia en las Cortes para exponer su programa, ya que fue nombrado consejero en mayo en sustitución de Jesús Julio Carnero, y manifestó que seguirá una línea continuista con las marcadas por quien le precedió, hoy alcalde de Valladolid.

González Gago argumentó que hasta ahora la mayoría de reuniones de la Subcomisión de Solución de Conflictos se han producido a instancias del Estado, no de la Comunidad, pero avanzó que en esta legislatura, como “cuestión novedosa”, la Administración autonómica “va a dejar de jugar a la defensiva para pasar a jugar al ataque en defensa de nuestras competencias estatutarias”.

En tal sentido, precisó que se determinará reglamentariamente un mecanismo orgánico propio para analizar las leyes, con lo que cada consejería contará con un grupo de trabajo de carácter técnico-jurídico encargado de detectar las posibles colisiones de esa nueva normativa estatal aprobada con el Estatuto de Autonomía.

En caso de detectarse alguna colisión, a propuesta de la parte castellano y leonesa de la Subcomisión, explicó que se dictará la Orden correspondiente solicitando al Estado iniciar las reuniones y trámites previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que, de no fructificar en un acuerdo por consenso entre ambas partes, conllevará el planteamiento, con informe del Consejo Consultivo, del correspondiente recurso de inconstitucionalidad mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León, en la legítima defensa de nuestra autonomía.

En una respuesta posterior a los grupos de las Cortes, aseguró que no supone “un ataque” contra el Estado, sino tener una posición “proactiva” y tomar la iniciativa en reuniones de los órganos bilaterales en la relación estatal.

Igualmente, se refirió a las relaciones con las comunidades vecinas y precisó que, tras renovar el protocolo de colaboración con Madrid, está “avanzado” la tramitación de nuevas propuestas de colaboración con la Xunta de Galicia.

Además, señaló que en el último trimestre de este año se iniciarán los trabajos para la elaboración de la III Agenda de Acción Exterior con el compromiso de su aprobación en el año 2024 y apuntó, como novedad, la creación de Centros de Innovación Social para el desarrollo local sostenible en la zona de la Raya en las localidades de Ciudad Rodrigo, Puebla de Sanabria y La Bañeza.

Ayudas al retorno

González Gago expuso que su compromiso con el retorno de castellanos y leoneses a su Comunidad va más allá de las ayudas convocadas por primera vez el pasado mes de agosto y avanzó que se va a complementar esa línea con otra novedosa para facilitar el regreso de residentes en otras comunidades que busquen trabajo aquí, en especial de jóvenes a núcleos rurales.

En este sentido, manifestó que van a promover un proyecto piloto este año, solicitando la colaboración de la CEOECyL, del Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria y la Confederación de Casas Regionales, para apoyar la creación de empleo y autoempleo a residentes castellanos y leoneses en otras Comunidades Autónomas distintas de la nuestra, con ayudas que apoyen y fomenten tal voluntad de regreso.

Igualmente, precisó que se recuperan los programas “Encuentro” -menores de 36 años- y “Añoranza” -mayores de 60 años- que se paralizaron como consecuencia de la pandemia, a los que añadió otro nuevo para las personas entre los 36 y 60 años, que están fuera de los actuales.