König, Juncker, Draghi, De Guindos y Linde, denunciados ante la Olaf por la resolución del Popular

La Asociación Independiente de Afectados por el Popular ha denunciado a los Los máximos responsables de la resolución de Banco Popular, la presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke König; el presidente del BCE, Mario Draghi; el ex ministro de Economía y vicepresidente del BCE, Luis de Guindos; y el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ante la Oficina Antifraude europea.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) se encarga de investigar irregularidades y casos de corrupción en las instituciones de la Unión Europea (UE). La Fiscalía Anticorrupción ya ha admitido a trámite esta denuncia y el juez Fernando Andreu, que investiga la resolución de Banco Popular, también la posee.

Junto a König, De Guindos, Draghi y Linde también están en la denuncia Danielle Nouy, vicepresidente del BCE; Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea; y el presidente del Frob, Jaime Ponce, según publica lainformación.

Según los denunciantes, todos ellos habrían actuado en fraude de ley y habrían cometido un supuesto delito de prevaricación al haber resuelto Banco Popular sin haber seguido la normativa europea y pasar por alto otras soluciones sobre la entidad financiera, como la posible ampliación de capital a la que iba acudir Antonio del Valle, el consejero mexicano que pretendía quedarse con Popular a precio de derribo.

La Oficina Antifraude europea estudia ahora toda la documentación para decidir si abre la investigación. De esta forma, sería la cuarta instancia judicial que abre una investigación por la polémica resolución: Audiencia Nacional, el TJUE y el Tribunal Federal de Nueva York. Es esta instancia la elegida por el ex consejero Antonio del Valle y los fondos liderados por Pimco para exigir que se dé a conocer el polémico informe de Deloitte, que aún no se ha publicado 10 meses después de la operación.

Una ampliación de capital anunciada como posible solución y que nunca se concretó

Según la denuncia, ninguna de los responsables de la resolución de Banco Popular tomaron en cuenta la ampliación de capital por valor de 4.000 millones a las que iban acudir, presuntamente, tanto Barclays como Deutsche Bank.  Esta posibilidad fue anunciada como una posible solución por Emilio Saracho, ex presidente de la entidad, aunque ni concretó el montante, ni la fecha ni tampoco el objetivo de la misma.

La ampliación hubiera diluido la participación de los actuales accionistas, aunque su valor nunca hubiera supuesto la pérdida de toda la inversión, como sí sucedió con la resolución. Del Valle, líder de la llamada pinza latina, si hubiera optado por esta opción en compañía de otros socios latinoamericanos, como la familia Luksic, que había invertido poco antes de la resolución en Banco Popular.

¿Tenía dinero suficiente el FGD para hacer frente a los reembolsos?

Según la denuncia, esta opción hubiera supuesto que los más de 305.000 accionistas y junto a los bonistas -unos 840 millones de euros- no hubieran perdido sus inversiones, aunque sí visto diluir su participación de forma muy significativa.

Según la asociación, los denunciados han incumplido la normativa al resolver la entidad financiera sin haber contemplado antes otras alternativas, más cuando se aseguraba que Banco Popular era solvente y tan solo atravesaba un problema de liquidez.

La normativa española respalda los 100.000 euros de cada depósito y cuenta corriente a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Según los denunciantes, este organismo dependiente del Ministerio de Economía no disponía de liquidez suficiente para hacer frente a los reembolsos.