La Agencia Tributaria realiza contratos sin justificación suficiente

La Agencia Tributaria realiza contratos sin justificación suficiente

09 febrero, 2017
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Actualizado: 09 febrero, 2017 14:20
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El Tribunal de Cuentas ha criticado a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) por realizar contratos sin justificación suficiente.
En algunos casos separaba los contratos en vez de realizar una única adjudicación y en otros no había una motivación para designar la puntuación de cada una de las propuestas, según ha asegurado el Tribunal de Cuentas, que exige ahora un «mayor esfuerzo» en la transparencia de los contratos que realiza para mejorar su justificación y los criterios de adjudicación.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha explicado en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del Congreso que en algunas contrataciones de la AEAT de 2013 y 2014 no quedan identificados y explicados suficientemente los criterios presupuestarios de licitación o se aplican criterios de selección subjetivos.
«Se han detectado supuestos en los que no consta una justificación suficiente acerca de la decisión de haberse licitado obras y suministros por medio de varios expedientes de contratación, en lugar de haberse hecho en uno solo», pone de ejemplo, tras señalar que al realizarse así, las adjudicaciones fueron mediante el procedimiento negociado sin publicidad.

El Tribunal de Cuentas critica que en algunos informes de valoración figure «únicamente una mera asignación de puntos, sin motivación alguna de la puntuación asignada a cada una de las propuestas«.

«Esta falta de justificación es contraria al principio de transparencia», señala Álvarez de Miranda, que respecto a la ejecución de los contratos ha señalado que en algunos expedientes no se ha cumplido el plazo contractual previsto y no se han aplicado las penalidades oportunas.
Ha detallado que en seis contratos se desprendía una cuantía facturada y abonada superior al importe de adjudicación y añade que en dos casos se produjo una extinción de contrato imputable a los contratistas y «no consta haberles exigido la indemnización por daños y perjuicios».

Incluso, incide en cuatro contratos en los que se concertó continuar con un arrendamiento pactando una renta sensiblemente inferior a la precedente.

Por ello recomienda que la AEAT haga un mayor esfuerzo en la justificación e idoneidad de los contratos y en la explicación de los puntos asignados cuando se aplican juicios de valor.
Álvarez de Miranda señala que debería procederse a exigir penalidades en los supuestos de incumplimiento de los plazos de ejecución.
«El área de la contratación pública es objeto de especial atención tanto por las exigencias de la normativa reguladora como por constituir un ámbito de especial riesgo, ya que genera un importante volumen de gasto público», argumenta el Tribunal de Cuentas, que señala que en 2014 se celebraron 380 contratos por un total de 84 millones de euros.
En relación con 2013 se produjo una reducción del 51% del importe de los contratos administrativos adjudicados. Por otra parte, el presidente del Tribunal de Cuentas también ha instado a mejorar la regulación en las encomiendas de gestión que hace la administración pública para que haya mayor seguridad jurídica a la hora de subcontratar y se justifique su necesidad por razones económicas y de eficiencia.
«Que se establezcan sistemas y procedimientos de seguimiento y control de la ejecución de las prestaciones encargadas», ha dicho.
En este sentido también ha incidido en que se ha recurrido de forma sucesiva a encomiendas que tienen carácter permanente y que ha conllevado al reconocimiento incluso de la condición de trabajadores indefinidos.
A este informe, las Cortes han presentado una moción en la que piden limitar legalmente la subcontratación en el sector público.
En este punto, el presidente del Tribunal de Cuentas ha dicho que el límite que exclusivamente se aplica para la empresa Tragsa podría «valorarse si es adecuado para regular esta figura«.
En la subcontratación con terceros de las actividades encomendadas por la Administración, no existen límites legales a su cuantía, salvo el del 50 % previsto para Tragsa.

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