El miércoles 12 de este mes, la Comisión Europea solicitó al Tribunal de Justicia de la UE que imponga sanciones financieras a España y otros siete países (Bulgaria, Hungría, Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia). El motivo es la falta de adaptación de sus normativas nacionales a la Directiva sobre préstamos dudosos dentro del plazo establecido, que venció el 29 de diciembre de 2023. Según Bruselas, los esfuerzos de estos países han sido insuficientes para cumplir con la normativa.
¿Qué se considera un préstamo dudoso?
El Banco Central Europeo clasifica como dudoso cualquier préstamo en el que existan señales claras de que el prestatario no podrá devolverlo. Esto puede suceder cuando una persona deja de pagar las cuotas durante más de 90 días. El propio banco añade los ejemplos de un particular que pierda su empleo o, en el caso de empresas, cuando entran en concurso de acreedores.
¿Cuál es la situación en España?
Desde la crisis financiera, el porcentaje de créditos dudosos en España ha disminuido significativamente y se encuentra en su nivel más bajo desde finales de 2008. Según el último informe del Banco de España, en noviembre de 2024 estos préstamos representaban solo el 3,38% del total, sumando unos 40.291 millones de euros.
De acuerdo a Kreditium, desde la crisis del 2008 tanto los particulares como las entidades de nuestro país han dado un giro significativo volviéndose más responsables con el endeudamiento, lo que ha servido para afrontar mejor situaciones de inestabilidad como la pandemia o la inflación.
¿Por qué son problemáticos los créditos dudosos?
Cuando familias y empresas dejan de pagar sus deudas, los bancos deben asumir esas pérdidas. Para ello, destinan una parte de su capital a provisiones, es decir, a reservas de dinero que cubran el impacto de estos impagos. Sin embargo, ese capital reservado deja de estar disponible para conceder nuevos préstamos a otras empresas y particulares.
Si el número de créditos dudosos aumenta demasiado, los bancos pueden restringir el crédito, dificultando la inversión y la creación de empleo. Si este problema afecta a varias entidades a la vez, puede comprometer la estabilidad del sistema financiero y repercutir en la economía en general.
Objetivos de la Directiva europea
La Directiva (UE) 2021/2167 tiene como objetivo mejorar la capacidad de los bancos para gestionar los préstamos dudosos, facilitando su venta a terceros en condiciones más favorables. En muchos casos, las entidades de crédito no cuentan con los recursos humanos o la experiencia necesaria para administrar este tipo de préstamos de manera eficiente. Por ello, la normativa permite que los bancos externalicen su gestión a administradores de créditos especializados o los vendan a compradores con la capacidad y disposición para asumir el riesgo.
Uno de los principales problemas actuales es la falta de un mercado secundario sólido y armonizado en la Unión Europea. Actualmente, las diferencias regulatorias entre países han generado barreras que dificultan la compra y venta de créditos dudosos a nivel transfronterizo, aumentando los costes y limitando la competencia. En algunos Estados miembros, los compradores de créditos están regulados de manera estricta, mientras que en otros prácticamente no enfrentan requisitos. Esta falta de uniformidad ha provocado mercados fragmentados y de pequeño volumen, lo que reduce el interés de posibles inversores y dificulta la liquidez de estos activos.
Para solucionar este problema, la Directiva establece normas comunes para la autorización y supervisión de los administradores de créditos, garantizando que operen bajo un marco regulador homogéneo en toda la UE. También elimina obstáculos para la cesión de estos préstamos, asegurando que los derechos de los prestatarios estén protegidos.
El objetivo final es fomentar un mercado secundario más eficiente, competitivo y transparente, en el que las entidades de crédito puedan vender sus préstamos dudosos con mayor facilidad. Esto no solo mejora la estabilidad financiera, sino que también permite que los bancos liberen recursos y continúen otorgando crédito a familias y empresas, contribuyendo al crecimiento económico y fortaleciendo la unión bancaria y de mercados de capitales en Europa.
