Colau desafía la oposición y rescinde el contrato del túnel de las Glòries

El consejo de administración de BIMSA ha decidido rescindir el contrato del túnel de las Glòries de Barcelona, aunque el equipo de gobierno del ayuntamiento no ha obtenido el aval político de la oposición durante la comisión de Urbanismo. El nuevo proyecto se licitará en julio por unos 40 millones de euros, con la previsión de adjudicar y empezar las obras en enero de 2018. El consistorio dirigido por Ada Colau procurará que la actual Unión Temporal de Empresas (UTE) constructora no pueda presentarse.

El gobierno de Ada Colau ha hecho valer su mayoría en el consejo de administración de BIMSA para rescindir el contrato del túnel de las Glòries. Previamente ha hecho una comisión de Urbanismo para tratar de conseguir el aval político, pero todos los grupos de la oposición salvo la CUP han votado en contra.

En la votación en el consejo posterior, tres personas han votado contra la rescisión y once a favor, con la abstención del PP. La teniente alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, explicó que ahora habría que calcular las sanciones por los retrasos en las obras y los daños y perjuicios que se derivan. Además, se estudiará si se pueden inhabilitar las empresas constructoras actuales para la licitación del nuevo proyecto.

El director general de BIMSA, Ángel Sánchez, explicó que el paro de las obras no sería inmediata, sino que primero habría que hacer unos trabajos en materia de seguridad: se acabarán dos colectores y los trabajos de mantenimiento del cerrado, entre más. Esto durará más o menos un mes o un mes y medio.

La nueva licitación será de unos 40 millones de euros y corresponde al 30% del proyecto total. En concreto, Sánchez estimó que ascendería a 39,2 millones incluyendo también los trabajos de reinicio de la obra. A ello, ha añadido más costes fruto de la parada, como los 23.000 euros mensuales que costará vigilar el recinto. El gobierno calcula que podrá hacer la licitación en julio y la adjudicación en enero, y reanudar las obras ese mismo mes. El proyecto inicial se licitó por 80 millones de euros, pero se adjudicó por 60. Hasta ahora, se han ejecutado unos 43 millones (un 70%).

En respuesta a la previsión de judicialización que hace la oposición, Sánchez ha argumentado que los sobrecostes y los retrasos registrados en este proyecto justifican una rescisión según el contrato firmado.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de la obra del túnel no comparte la decisión del ayuntamiento. En un comunicado, dijo que respetaba la opción del equipo de gobierno pero que rechazaba la responsabilidad que le atribuye en cuanto a los retrasos y sobrecostes de la obra.

Explica que la UTE tuvo que asumir un proyecto constructivo que no se correspondía con la realidad a pie de obra. Aun así, continúa la nota, los trabajos encomendados hasta ahora se han continuado ejecutando con normalidad. También se indica que la UTE ha colaborado en todo momento con todos los agentes del proceso para evitar la paralización de la ejecución de la obra.