La Fiscalía del caso Pokémon pide ahora el archivo de la causa contra el ex alcalde del PSOE de Lugo

La Fiscalía del caso Pokémon pide ahora el archivo de la causa contra el ex alcalde del PSOE de Lugo

19 julio, 2018
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Actualizado: 19 julio, 2018 10:41
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El ministerio fiscal pide el sobreseimiento provisional de la causa contra el ex alcalde de Lugo, el socialista José López Orozco, en una de las causas principales de la Operación Pokemon. En esta causa se investigan el pago de sobornos por parte de Cechalva para conseguir el contrato de la grúa municipal.Así consta en el informe emitido a raíz del recurso de apelación presentado por la defensa del ex alcade de Lugo, según publica La Voz de Galicia, y donde el fiscal Jesús Álvarez afirma que “después de más de seis años de instrucción”, no “cabe arrastrar” a López Orozco “hasta el final del proceso sin indicios consistentes”. De hecho, sostiene que el patrimonio del ex alcalde “se corresponde” con el ejercicio “de su profesión”.

En cuanto a las acusaciones que figuran en el sumario por parte del empresario asturiano José Luis Álvarez, sobre el supuesto cobro de comisiones irregulares por parte del exalcalde, el fiscal recuerda que “este señor no aporta, en absoluto, datos de primera mano” y se limita a repetir “lo que decía” uno de los supuestos cabecillas de la trama, Javier Reguera, que era quien realmente se “hacía cargo del dinero” de las mordidas. “Nadie da fe de que se le entregase el soborno al señor Orozco y nadie afirma que lo presenciase”, asegura ahora el fiscal.

Según el fiscal, la imputación se sustenta en la versión de uno de los socios de la empresa que se adjudicó el contrato de la grúa municipal. Para el fiscal, esta versión no se basa «en datos de primera mano». Asimismo, asegura que el vaso de 147 euros regalado por la adjudicataria en Navidad al alcalde no es un montante elevado ni tampoco suficiente como para dar una concesión municipal.

Seis años de instrucción y es ahora cuando pide el archivo de la causa

El fiscal sitúa en el epicentro de la trama al ex concejal de Economía y Urbanismo -expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil-, Francisco Fernández Liñares, porque “son muchos los indicios que confirman la estrecha relación existente” del edil con el propio Reguera. A su juicio, era Liñares quien “sostenía el poder”, mientras que era Reguera quien “lo ejecutaba”, aunque “con escasa discreción”, según el escrito del fiscal recogido por Efe.

El fiscal mantiene que Reguera, supuesta mano derecha de Fernández Liñares , “intervino personalmente en todo el proceso desarrollado para conseguir” la concesión del contrato de la grúa municipal “a favor de Cechalva”, dado que “por su estrecha relación” con el exconcejal “consiguió información privilegiada” y la “utilizó” en “detrimento de otros interesados”.

Es más, el fiscal sostiene que “la conducta” de Reguera en relación con Cechalva y Doal -empresa que fue concesionaria del sistema ORA y cuyas actividades son objeto de investigación en la pieza principal de la Operación Pokemon- “revela una personalidad ambiciosa y sin escrúpulos” por parte de “un hombre de muy escasas formación” que, después de “ser vigilante de la ORA”, consiguió “una plaza como conserje en el Ayuntamiento”.

Álvarez recuerda que dejó esa plaza de funcionario para “dedicarse a otras actividades más lucrativas de tipo empresarial”, hasta el punto de que “hablaba de tú a tú” con el “dueño del grupo de empresas Vendex” o con su delegado en Galicia, de modo que “aparecía como un factótum de Doal” y la “misma posición tenía en Cechalva”. “Tanto en la empresa de la grúa como en la de la ORA, Reguera recogía físicamente el dinero, daba su porción a Liñares y ahí se cierra el conducto, porque no existe ninguna prueba de que el dinero llegase a quien era alcalde entonces”, zanja el fiscal.

En cuanto a los regalos que supuestamente recibió Orozco de la concesionaria, precisa que solo consta un “vaso de 147 euros” en “tiempo de Navidad”, un objeto cuyo valor “no es elevado ni apropiado para conseguir a cambio un beneficio o para agradecer un favor”.

Finalmente, pide el “sobreseimiento provisional” de la causa, lo cual no supone “cerrar la puerta de forma definitiva” si, realmente, aparecen nuevos indicios o pruebas.

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