La Mesa del Parlament, Puigdemont, Junqueras y compañía pueden enfrentarse hoy a 30 años de cárcel

La Fiscalía incluiría en la querella por rebelión a la Mesa del Parlament, Carles Puigdemont, al vicepresidente Oriol Junqueras y al resto de miembros del Ejecutivo catalán si proclama la DUI.

La querella que se está preparando por el Ministerio Público y que inicialmente se anunció que se presentaría contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, podría incluir también al vicepresidente Oriol Junqueras y al resto de miembros del Ejecutivo catalán.

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Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) han indicado que la imputación se podrá concretar una vez que se puedan valorar los hechos.

Ante la decisión de Puigdemont de trasladar al Parlament la aprobación de una declaración unilateral de independencia basada en el referéndum ilegal del 1-O, la Fiscalía se plantea ahora la posibilidad de ampliar la responsabilidad a todos aquellos que participen en su votación.

Con la querella contra Puigdemont ya casi ultimada, la Fiscalía General del Estado no ha decidido aún ante qué tribunal la interpondría, lo que depende de los distintos escenarios que se abrirían con la aplicación del artículo 155 de la Constitución por desobediencia del gobierno de la Generalitat a las obligaciones que le impone la ley.

No obstante, fuentes jurídicas apuntan a que la querella, al menos en el caso de Puigdemont, se remitiría con toda probabilidad al Tribunal Supremo, al considerar que los hechos afectan a todo el territorio español e incluso se han cometido en el extranjero, como es el caso de algunas webs vinculadas al referéndum que estaban alojadas en servidores de otros países.

Hasta 30 años de cárcel

Otra de las posibilidades es que la aplicación del artículo 155 comporte la inhabilitación de Puigdemont como presidente de la Generalitat e incluso su posible cese como diputado del Parlament, por lo que perdería el fuero ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y entonces la Fiscalía presentaría su querella por rebelión ante la Audiencia Nacional.

La Fiscalía podría decidir también presentar su querella por rebelión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde la magistrada Mercedes Armas ya instruye una causa por desobediencia, prevaricación y malversación contra Puigdemont y el resto de miembros del Gobierno catalán por los decretos para convocar y organizar el referéndum independentista del pasado 1 de octubre.

El delito de rebelión, que persigue a los que «se alzaren violenta y públicamente» para, entre otros fines, lograr la independencia de una parte del territorio nacional, conlleva penas de entre 15 y 25 años de cárcel para los responsables de impulsarla y, en el caso de que los hechos sean más graves, de 25 a 30 años