La Guardia Civil detiene al secretario de Difusión de la Generalitat por supuesto uso de fondos públicos para el 1-O

La Guardia Civil detiene al secretario de Difusión de la Generalitat por supuesto uso de fondos públicos para el 1-O

15 marzo, 2018
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Actualizado: 15 marzo, 2018 9:06
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La Guardia Civil está registrando la sede de Òmnium Cultural y ha detenido al actual secretario de difusiones y atención ciudadana de la Generalitat Antoni Molons, cuya vivienda también está siendo registrada. Los agentes investigan el supuesto uso de fondos públicos para pagar publicidad del referéndum.

La Guardia Civil está registrando esta mañana por orden judicial la sede de Òmnium Cultural en Barcelona y el despacho de Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención al Ciudadano de la conselleria de Presidencia, ubicada en el Palau de la Generalitat.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, la orden ha sido dictada por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en el marco de una pieza secreta que sigue el rastro de los gastos del Govern para la celebración del referéndum soberanista del 1-O.

Molons, investigado por malversación y presunto desvío de fondos para el referéndum del 1-O, permanecerá detenido mientras se efectúan los registros y se le toma declaración

Se trata de una pieza secreta que sigue el rastro de los gastos del Ejecutivo de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, uno fugado y otro preso, para la celebración del referéndum soberanista del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Los registros, además de la sede de Òmnium y el despacho de Molons en el Palau de la Generalitat, se practican también en su vivienda, ubicada en la localidad de Sant Joan Despí (Barcelona).

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, investiga los preparativos y recursos destinados al referéndum del 1-O tras abrir una causa a raíz de las conferencias en las que el exsenador de ERC Santi Vidal aseguró que el ejecutivo catalán disponía de una partida “camuflada” de 400 millones de euros para organizar la consulta.

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