La integración y la igualdad, nuevos requisitos para los concursos públicos

La nueva ley de la contratación pública entra en vigor este viernes. Entre los nuevos requisitos para poder acceder a un concurso público se establece que las empresas deben cumplir con las normas de integración de personas con discapacidad y de igualdad entre hombres y mujeres.

Según el Ministerio de Hacienda, este nuevo reglamento «supone una apuesta decidida por la transparencia, la agilidad y el control en las adjudicaciones públicas a través de la Administración electrónica, además de primar la calidad de las obras y servicios y favorecer la competencia empresarial, impulsando la presencia de pymes en los procesos«.

La Ley convierte la contratación pública en una herramienta para incentivar a las empresas para que desarrollen una gestión que sea socialmente responsable en materia medioambiental, laboral y social. Asimismo, «prohíbe contratar con quienes no respeten las normas con las que el Estado busca la integración de las personas con discapacidad o la igualdad entre hombres y mujeres». De esta forma, en los pliegos de las adjudicaciones se podrán «primar criterios como fomentar la inserción sociolaboral, la igualdad, la conciliación, la mejora de las condiciones salariales o la estabilidad en el empleo».

Según Hacienda, el objetivo de la ley es «primar la calidad de las obras y servicios que se ofrecen a los ciudadanos, y favorecer la competencia empresarial, impulsando especialmente la participación de las pequeñas y medianas empresas».

Se cumple así con las directrices marcadas por Bruselas

La nueva norma «supone disponer de un mecanismo eficaz para alcanzar los objetivos de eficiencia en la gestión de los recursos públicos por parte de los poderes adjudicadores, y de satisfacción de los ciudadanos que reciben los servicios públicos», según ha explicado Hacienda, pese a que es una imposición de las directivas de la UE.

De esta forma, se han introducido criterios sociales, medioambientales y de calidad e innovación en los procesos de contratación. Según el comunicado, supone «un antes y un después en este ámbito, a partir de un auténtico cambio en la filosofía tradicional de la contratación pública que ya se está imponiendo en Europa y, en consecuencia, en nuestro país».

«La contratación pública ya no es sólo un instrumento de abastecimiento de materias primas o de servicios en las mejores condiciones para los órganos de contratación y para los ciudadanos que los reciben. Además de esta función tradicional, la contratación pública se concibe actualmente como una herramienta a través de la cual los poderes públicos profundizan en otras políticas estratégicas, como pueden ser políticas horizontales de carácter social, medioambiental y de fomento de la innovación», según Hacienda.

La patronal de la Limpieza, en contra de la nueva ley

La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) ha advertido de que la aplicación literal de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entra hoy en vigor, atenta contra la negociación colectiva al permitir ofrecer condiciones diferentes en función de dónde se preste la actividad.

La patronal ha apuntado que una incorrecta interpretación del artículo 145 de la ley lleva a invadir la negociación colectiva porque permite dar más puntuación en los concursos a las ofertas que incorporan incrementos salariales o un mayor número de días de asuntos propios.

El presidente de Aspel, Juan Díez de los Ríos, ha explicado que todo ello puede provocar que las administraciones locales elijan servicios de limpieza en base a que los licitadores incorporan en sus propuestas valores ajenos a la calidad, «y que no deberían tenerse en cuenta a la hora de seleccionar una oferta».

Esta situación puede provocar desmotivación en los trabajadores de los centros que no perciban las mejoras salariales, lo que puede derivar en la merma de la calidad del servicio prestado, según la patronal.