La juez Lamela procesa a Trapero, ex jefe de los Mossos, por sedición y pertenencia a organización criminal

La juez Lamela procesa a Trapero, ex jefe de los Mossos, por sedición y pertenencia a organización criminal

05 abril, 2018
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Actualizado: 05 abril, 2018 11:49
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La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado al exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero y a la ex cúpula de los Mossos por organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre y la jornada del 1 de octubre.Según han informado fuentes de la Audiencia, la juez también procesa por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1 de octubre, al ex director de los Mossos Pere Soler y al ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig, junto a la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición, en su caso por los hechos del 20 y 21 de septiembre.

El 16 de abril a las 10:00 horas tendrán que comparecer ante Lamela, que decidirá después si les envía o no a prisión preventiva.

En el auto, Lamela detalla todos los indicios incriminatorios recabados durante la investigación, hechos que le conducen a concluir que los procesados pertenecen y han desempeñado sus actividades como miembros de una compleja y heterogénea organización unida por el propósito de lograr la independencia de Cataluña y su proclamación como República Independiente, al margen de las vías legales “alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario”.

Una organización criminal jerarquizada con Puigdemont en la cúspide

Según el auto de la magistrada, la estrategia de la ex cúpula separatista fue premeditada y perfectamente coordinada, con un reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles, para llevar a cabo la secesión.

La jueza apunta que se utilizó ilegalmente el cuerpo de los Mossos de Esquadra, en especial en los actos acaecidos el 20 y 21 de septiembre de 2017 junto a la Consejería de Economía de Barcelona, cuando la comitiva judicial tuvo que huir por el tejado ante el riesgo de agresión por parte de los independentistas, arengados por los dos Jordis, ahora en prisión, y el 1 de octubre durante la celebración del referéndum ilegal.

Los Mossos se mantuvieron al margen de cualquier actuación de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con la intención de «obstruir»

Los Mossos, según Lamela, se mantuvieron al margen de cualquier actuación desarrollada por la Policía y la Guardia Civil, con una conducta dirigida “a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”, siguiendo una pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquín Forn, Pere Soler y César Puig.

Respecto a la jornada del 1 de octubre la juez argumenta y detalla el plan premeditado por la cúpula policial de los Mossos, comandada por Josep Lluis Trapero para evitar actuar y “enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, fue de total inactividad”.

Después de analizar las conductas investigadas la juez concluye que Trapero, Soler y Puig formaban parte de una organización criminal donde los procesados obedecen a pautas de subordinación y trabajo en grupo bien definidas. La juez recuerda los requisitos que exige este tipo penal y que son el de jerarquía, permanencia en el tiempo, coordinación y cooperación, reparto de tareas y planificación para concluir que los tres procesados integraban una organización jerarquizada “ bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el President de la Generalitat de Cataluña”, con carácter estable desde hace ya más de dos años, con asignación de tareas y con una confluencia estratégica perfectamente sincronizada de acuerdo con el plan de la organización criminal, que fue lo que “en suma permitió la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y la ulterior declaración de independencia aprobada por el Parlament de Catalunya el pasado 27 de octubre”.

Respecto a los delitos de sedición, la juez ha indicado que la actuación de los miembros del Cuerpo de los Mossos de Esquadra los días 20-21 de septiembre así como su actuación el 1 de octubre encaja en el delito de sedición, como autores o cooperadores necesarios en comisión por omisión, al omitir, con incumplimiento de sus obligaciones legales de actuar, toda conducta dirigida a evitar lo que en definitiva aconteció ante la sede de Economía: que la muchedumbre, de forma pública, llegara a concentrarse tumultuosamente en el edificio de Economía y, “con la fuerza coactiva e intimidatoria que proporciona una multitud hostil a la posible acción policial, con el objeto de impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de la orden judicial de registro”.

«Lejos de actuar (los Mossos) se limitaron a aparentar la imposibilidad de tal cumplimiento a la vista del tumulto de personas concentradas en el edificio»

“Lejos de actuar –añade Lamela- se limitaron a aparentar la imposibilidad de tal cumplimiento a la vista del tumulto de personas concentradas en el edificio, cuando en realidad se trataba de una abierta negativa a las reiteradas peticiones de auxilio que recibieron procedentes de la Guardia Civil, en aras a proteger a la comisión judicial encargada de llevar a cabo los registro por orden judicial”. En el caso de la jornada del referéndum, la actuación de los procesados no solo se limitó a no dar cumplimiento a la actuación judicial sino que fue más allá, “ propiciando que sus planes de actuación fueran conocidos de antemano por los ocupantes de los colegios facilitando de esta manera que éstos pudieran preparar los escenarios que llevarían a los Mossos a no actuar, obstruyendo a los agentes policiales, dispuestos realmente a cumplir aquella orden judicial, espiando y controlando sus acciones”.

La magistrada recuerda la jurisprudencia sobre este delito que requiere un alzamiento, levantamiento o insurrección contra el normal funcionamiento de las instituciones y que no exige el empleo de la fuerza, pues es suficiente hacerlo al margen de las vías legales establecidas. Se trata de un delito de mera actividad, que se consuma por la simple acción de alzarse, aunque no se consigan los fines propuestos. En los hechos investigados concurre, según Lamela, un dolo específico, que es el de la intención última por parte de los procesados de “romper la organización territorial del Estado”, en tanto que sus actos iban encaminados a declarar la independencia de una parte del territorio nacional, violando la legalidad constitucional, por lo que en este caso, concluye Lamela, “deben ser también considerados como delitos contra la forma de gobierno”.

Numerosos indicios de responsabilidad criminal: 17 llamadas entre Josep Lluís Trapero y Jordi Sánchez; y otras 29 entre Trapero y el ex consejero Joaquín Forn

En su resolución, Lamela ve numerosos indicios de responsabilidad criminal a los que llega tras la práctica de diligencias a lo largo de la instrucción. En el caso de los hechos relativos a los días 20 y 21 de septiembre, así como el tráfico de llamadas en esos dos días. En total, según el auto, fueron 17 llamadas entre Trapero y Jordi Sánchez y 29 de Trapero con Joaquín Forn.

Por los que se refiere a los hechos del 1 de octubre, la magistrada recoge las intervenciones telefónicas y la documentación intervenida en el domicilio de José María Jové, entre la que destaca el documento ENFOCATS que diseñó la hoja de ruta hacia la independencia y el papel que jugarían los distintos actores, entre ellos los Mossos.

La juez recoge también el informe de la Guardia Civil en relación con las comunicaciones que se llevaron a cabo a través de las conferencias de las diferentes Regiones Policiales en las que se constata que la víspera del día 1 ya se conocía el escenario que se iba a dar el día siguiente, donde puntos de votación designados por organizadores del referéndum de autodeterminación con el Gobierno catalán al frente, se encontrarían abiertos y ocupados por ciudadanos que no tenían intención de desalojarlos o cerrarlos de manera voluntaria. Igualmente se registran comunicados generales de las Salas regionales de Mando, a todos los indicativos de servicio, recordándoles la prioridad que es informar sobre movimientos de fuerzas de la Guardia Civil o de Policía nacional que observen, con indicación de vehículos, número de agentes y dirección que llevaban.

“También ha podido comprobarse la existencia de cierta connivencia entre algunos responsables de puntos de votación con los agentes de los Mozos de Escuadra que cubrían esos puntos, como por ejemplo, la que tuvo lugar en la Región de Girona, donde indicativos policiales llegaron a comunicar que los responsables de los punto de votación habían hablado con los agentes y les explicaban que la <estrategia que van a seguir si en ese centro se presentan las Fuerzas de Seguridad del Estado>, manifestándoles que les harían un pasillo para dejarles entrar y poder llegar hasta las urnas y que estas las habían atornillado a la mesa”, según dicho informe policial recogido en el auto.

Colocaron a civiles en las azoteas para avisar de la llegada de Fuerzas de Seguridad durante el 1-O

Además, hay otros comunicados en los que los agentes indican a su central que han situado “ojeadores” (personas civiles) en un punto elevado que avisarían de la llegada de las Fuerzas de Seguridad. Igualmente se recogen otros comunicados en el sentido de que, ante actuaciones policiales de los Cuerpos de Seguridad del Estado, los agentes debían separarse de la zona para que no se les viera.

El auto también incorpora audios en los que se refleja toda la actividad desplegada desde la Dirección de los Mossos a fin de hacer “totalmente ineficaz” la intervención de los agentes el 1 de octubre y en los que se pone de manifiesto “la falta de previsión en la confección del dispositivo, la falta de planificación y las deficiencias que ya se manifestaron desde el inicio del servicio en cuanto a los indicativos que tenían asignados en cada centro de votación, lo que motivó el colapso de los operadores con la consiguiente sensación de descontrol percibida por los indicativos en servicio”. Igualmente consta cómo la entrada efectiva de servicio se realizó fuera de la hora prevista, a las 6 de la mañana, que en algún caso llegó a producirse pasada las 9 horas.

Vigilancia de una Comandancia para avisar de la salida de vehículos

Según el auto, se ha recabado toda la información facilitada por agentes de la Guardia Civil destinados en la Comandancia de Lleida, y uno de los testigos protegidos, muestran que las órdenes que recibieron agentes de Mossos desde la Sala Regional de Lleida para actuar el día 1 de octubre, tanto en relación a su intervención en los colegios como en las vigilancias que debía hacer a Policía Nacional (“escudos”) y Guardia Civil (banderines).

«Tales testimonios se refieren en concreto a las vigilancias efectivas de las que fue objeto la Comandancia de la Guardia Civil de Lleida, el día 1 de octubre, por parte de agentes de Mossos d’Esquadra, pudiendo los agentes de Guardia Civil comprobar que se habían situado patrullas de Mossos d’Esquadra frente a la citada  Comandancia para informar de todos los movimientos que se realizasen desde allí en cuanto a salida de vehículos y personal». Tal actuación se llevó a cabo por orden de la Sala Regional de Lleida.

«También el testigo protegido ha puesto de manifiesto que se dio orden genérica a todos los Equipos para informar de los movimientos que se observasen tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía. Igualmente se refirió a la información que se recibió por la emisora del Cuerpo de Mossos en cuanto a marca y modelo de los vehículos que salían del acuartelamiento de la Guardia Civil, número de ocupantes, objetos que portaban, etc», ha señalado Lamela en su escrito.

Los Mossos no atendieron las llamadas de colaboración de los agentes de la Guardia Civil

Asimismo, «puso de manifiesto la actitud de agentes de Mossos a la llegada de la Guardia Civil a los colegios electorales, actitud de total pasividad, incluso al ser agredidos los guardias por la gente congregada y de total alejamiento respecto de los guardias civiles, desoyendo sus peticiones de colaboración». De la misma manera se refiere «a las indicaciones que se dieron en los briefings celebrados, dirigidas en último extremo a que no se actuase por parte de los agentes, hasta el punto que prohibieron gran número de acciones, entre ellas, entrar a la fuerza, y que en las instrucciones había una parte en la que se decía que no se hiciera uso de la defensa, lo que determinó que muchos efectivos optaran por no llevar la defensa».

«Añadió que en un briefing previo les dijeron que lo mejor era dejar todo el material antidisturbios en el furgón y que si no se podía entrar pidiendolo por favor, que no se entrara», afirma. De hecho, a las unidades de furgones no se les requirió para entrar en ningún sitio de la provincia de Lérida. También confirmó que muchas actas de cierre de colegios se hicieron tras la finalización de las votaciones en los mismos.

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