La Junta creará la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción

El Consejo de Gobierno aprobó en su sesión de este jueves el proyecto de ley por el que se regula la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Castilla y León y se establece el estatuto de las personas denunciantes, cuyo ámbito de aplicación abarca a todos los colectivos y personas físicas que perciban ayudas autonómicas.

Así lo manifestó el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que recordó que se trata de un compromiso del acuerdo de gobernabilidad firmado en 2019 por PP y Cs ante “la percepción en la sociedad” de corrupción en las instituciones.

De carácter independiente y autónomo, éste nuevo órgano estará adscrito a las Cortes de Castilla y León y su responsable será nombrado por tres quintas partes de los grupos del Parlamento autonómico. Igualmente, se amplía el concepto de denunciante a cualquier persona que se dirija a la oficina, incluso desde el anonimato.

Así, el proyecto de ley aprobado hoy por el Ejecutivo autonómico pretende configurar un instrumento para la prevención y para la investigación e inspección en la lucha contra el fraude y la corrupción y para un correcta utilización por quienes reciben fondos públicos.

Se asienta la creación de esta Oficina en que la ley de 2016 por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes, se limita al seno de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y a unos delitos muy concretos.

Con esta nueva ley de la Consejería de Transparencia, como indicó Igea, se busca ampliar el ámbito de actuación y hacerlo extensivo a cualquier irregularidad en la toma de decisiones o el manejo de fondos públicos, alcanzando, no solamente a quienes intervienen en su gestión desde la Administración, sino también a cuantas personas físicas o jurídicas pudieran convertirse, a través de los distintos mecanismos jurídicos, en perceptores de fondos públicos.

Realizar estudios y análisis de riesgos que permitan detectar conductas potencialmente fraudulentas o corruptas; diseñar y programar, en colaboración con los órganos competentes, acciones formativas y de divulgación en materia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción; y contribuir a la implantación y difusión de una cultura de responsabilidad en la ciudadanía serán las funciones de este nuevo órgano.

En cuanto a la investigación y la inspección, recoge que cualquier persona puede dirigirse a la Oficina para comunicar conductas que puedan ser susceptibles de inspección e investigación. Para ello, la Oficina establecerá procedimientos y canales confidenciales para la formulación de denuncias, como su presentación por escrito, por correo, mediante un buzón físico, una plataforma en línea e incluso verbalmente, por línea de atención telefónica.

Para la actuación de la Oficina se establece un procedimiento, que implica funciones de inspección e investigación, cuya duración se fija en seis meses, ampliables por otros seis meses, durante el cual, se incorpora la posible adopción de medidas cautelares cuando se consideren necesarias para garantizar la eficacia y el resultado de las actuaciones.

Una vez finalizadas las actuaciones, se emitirá un informe que se remitirá, si se apreciaran indicios de infracción administrativa, al órgano competente para la incoación del procedimiento sancionador. En el caso de que se apreciaran indicios de delito penal, el informe se remitirá al Ministerio Fiscal o al órgano judicial que corresponda y en el caso de que se pueda derivar una posible responsabilidad contable, se trasladará a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas.

Se establece un régimen sancionador que delimita claramente las infracciones muy graves, graves y leves, que giran, como ya se recogiera en la ley de 2016 en torno a la presentación de denuncias manifiestamente falsas, pero añadiendo, además, todo un elenco de actuaciones y omisiones que, de un modo u otro, obstaculicen la investigación de la Oficina. Igea precisó que pueden llegar hasta los 300.000 euros.

Durante la presentación del texto, el vicepresidente de la Junta aseguró que con este organismo impedirá que “cualquier persona” condenada por corrupción tenga acceso a ayudas públicas. “Con esta agencia se evitará que nadie que sea poderoso, con muchos medios de comunicación y mucha capacidad de presión, que te pueda torcer la voluntad de la administración pública”, aseveró para recordar que con este proyecto se cumple uno de los punto recogidos en el pacto entre el PP y Ciudadanos que permitió el Gobierno de coalición.

Por último, a preguntas de los periodistas, insistió en que ninguna empresa que esté participada por alguien condenado por corrupción puede recibir ayudas públicas e insistió en que “es muy sano para la Comunidad que se establezcan este tipo de normas”. “Es un buen día para la Comunidad”, zanjó y prosiguió: «es bueno que la gente entienda que este tipo de comportamientos no es compatible y tienen la reprobación de los responsables públicos».