La mitad de las empresas de Valladolid deberá reducir plantilla

La mitad de las empresas de Valladolid deberá reducir plantilla

Comercio, hostelería, turismo y formación, las peores proyecciones
22 abril, 2020
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Actualizado: 22 abril, 2020 17:07
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Más de la mitad de las empresas (51,2 por ciento) de Valladolid considera que reducirá su plantilla con motivo de la crisis económica causada por el covid-19, un dato “muy preocupante” para la patronal, que reclamó hoy medidas para mantenerlo. Los sectores con peores vaticinios son el comercio, formación, hostelería y turismo. Es decir, “no se pasa del 0 al 100, sino que las empresas van a ajustar”, por lo que reivindicó medidas para mantener con vida a las empresas y empleos.

Se trata de una de las conclusiones de la encuesta elaborada por la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), presentada hoy por su presidenta, Ángela de Miguel, en los últimos cuatro días sobre 1.314 firmas de la provincia, para conocer las consecuencias derivadas de la crisis, que “han paralizado Valladolid”. El documento, que responde al tejido productivo tipo, cuenta con un 77 por ciento de empresas menores de diez trabajadores. Además, el 6,28 por ciento corresponde al sector primario, el 15,86 al secundario y el 77,85 al terciario.

Igualmente, el 52,4 por ciento no ha podido continuar con su actividad. De los que sí lo han hecho, el 53 por ciento facturan cero euros y en el 79 por ciento de los casos ha caído por debajo de la mitad. “Estos datos nos respaldan a la hora de afirmar que nos encontramos con un escenario dramático en Valladolid y con un enorme riesgo de cierres masivos de empresas si no se empiezan a aplicar, de forma urgente, medidas que ayuden a paliar esta situación”, reiteró, para añadir que solo el 15 por ciento factura más que antes. Por sectores, mantiene la actividad el 85 por ciento en nuevas tecnologías.

En cuanto a los motivos que han llevado a las empresas a esa pérdida de facturación se encuentra, obviamente, el cierre por obligación legal, pero entre aquellas que tienen permitido abrir también destacan la disminución de pedidos y la falta de suministro. Entre las medidas que se han visto obligadas a tomar, solicitar financiación, ERTE por fuerza mayor, incremento de las medidas de protección de los trabajadores, teletrabajo y reducción de la actividad.

De Miguel destacó que los ERTEs por causa de fuerza mayor han sido “una medida positiva”, pero denunció que casi el 30 por ciento de los casos presentados no han recibido respuesta y que seguramente se concedan por silencio administrativo, “con el riesgo que eso implica en caso de una resolución negativa posterior”. Entre los contestados, la resolución positiva alcanza el 89 por ciento. Una vez que se levante el estado de alarma, añadió, “será necesaria una transición prorrogando en el tiempo los ERTEs”.

La presidenta de la patronal explicó que seis de cada diez empresas que han recibido una comunicación negativa han iniciado la solicitud de ERTE por causas objetivas. Éstas han sido, principalmente, las autoescuelas, comercio, formación y hostelería.

La caída “drástica” de ingresos no ha evitado que las empresas tengan que hacer frente a las obligaciones. Entre ellas, preocupan, por este orden, el pago de impuestos y la cotización a la Seguridad Social, motivo por el que De Miguel reclamó aplazamientos en la misma línea “que en el resto de países europeos”. “El 20 de mayo no habremos tenido capacidad de hacer caja. Pedimos algo más cerca de final de año”, sostuvo la presidenta. A las obligaciones con el Estado se suman los salarios, proveedores y préstamos financieros.

Precisamente, las líneas ICO puestas en marcha por el Gobierno protagonizan otra de las respuestas de los empresarios vallisoletanas. Así, cuatro de cada diez considera que esta financiación, “a pesar de ser muy buena, no está diseñadas de manera ágil para pequeñas empresas, que son la mayoría del tejido productivo”. “Tienen incertidumbre sobre si podrán devolver esos préstamos y hablan de dificultad de solicitarlas. Además, se han encontrado con cambios de condiciones de las entidades financieras, petición de nueva documentación una vez concedida la línea y dificultad de contratación”, reprochó De Miguel. Por sectores, las más interesadas en estas líneas ICO son el comercio, la construcción, la hostelería y el turismo. También denunció que los empresarios han sufrido retrasos “injustificados” en el ingreso de los fondos una vez concedido el préstamos, con más de 15 días, algo que “genera incertidumbre en el solicitante”.

La presidenta de la CVE informó de que ocho de cada diez encuestados rechaza las medidas puestas en marcha en materia económica por parte del Gobierno central, principalmente en sectores como agricultura, comercio, hostelería y oficinas y despachos. Sobre el decreto para limitar causas del despido y ERTES, también más del 80% se muestra contrario.

Si la crisis se mantuviera en el tiempo, las principales medidas que consideran las empresas que se deberían poner en funcionamiento son la suspensión de obligaciones tributarias; ayudas económicas directas a las pymes; reducción de cotizaciones a la Seguridad Social y de la carga impositiva a las empresas; ampliación automática de los beneficios del ERTE por fuerza mayor; habilitar líneas ICO sin coste, o coste mínimo, dirigidas a facilitar el pago a proveedores; y el pago inmediato de las deudas de la Administración con las empresas

Los empresarios también abordan la escasez de equipos de protección individual, conocidos como EPIs. Recuerdan que la Administración envío un sms para que donaran sus equipos en una primera fase de la crisis, “con una gran respuesta por parte de las empresas”. Al extenderse el estado de alarma, la situación se complicó, tal y como recordó de Miguel, con lo que las propias firmas “necesitaban esos recursos y no los tenían ni tampoco les permitían adquirirlos”. “Ante esta situación nos encontramos con que el 60 por ciento de las empresas no han logrado acceder a ellos y solo el 4 por ciento han tenido acceso a equipos donados por parte de la Administración”, denunció.

De hecho, informó de que la Junta de Castilla y León ha facilitado mascarillas para poner a disposición de los autónomos, pero de forma restringida, con dos por cada uno. “Es algo muy preocupante. Se han requisado importaciones de EPIs, lo que ha hecho que muchas empresas que podrían comprar no lo estén haciendo. Es importante que se les permita para su protección”, sostuvo.

A día de hoy, dijo, hay empresas «que quieren volver a trabajar y no pueden por falta de equipos de protección». «Los trabajos esenciales que sí pueden trabajar han tenido muchas dificultades para acceder a ellos, incluso transportes o funerarias. Un 60 por ciento no logra acceder a los epis», dijo.

Las medidas y reivindicaciones que propone CVE se dividen en función de la administración a la que se dirigen. Así, a la local la instan a aplazar impuestos y reducirlos en proporción con la paralización de la actividad económica; ayudas directas a pymes relacionadas con la adaptación y digitalización; y acciones para el mantenimiento del empleo.

También, De Miguel solicitó adaptar a la nueva realidad económica y social las medidas contenidas en los acuerdos de las mesas del Diálogo Social de los ayuntamientos de Medina del Campo, Laguna de Duero y Valladolid, así como de la Diputación Provincial, pues la situación actual “no tiene nada que ver con la de hace dos meses”, justificó.

Asimismo, a la Administración General del Estado le pidió la suspensión de obligaciones tributarias hasta que la situación remita; la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social; la flexibilización de la interpretación de los ERTES por fuerza mayor y ampliación de sus efectos, al menos, durante los seis meses posteriores al levantamiento del estado de alarma; líneas ICO dirigidas a garantizar el pago a proveedores de forma específica; e incorporar medidas que garanticen la flexibilidad interna de las empresas para que puedan adaptarse al nuevo escenario económico sin que esta adaptación tenga que venir acompañada de despidos y cierres masivos de empresas.

“En 2008 se destruyeron muchas empresas y si no se facilitan ajustes y flexibilidad a las empresas se verán en la obligación de cerrar. Volver a empezar una iniciativa lleva mucho tiempo y tardamos mucho más en crear empleo. Hemos sido campeones en cierre de empresas en la anterior crisis y no queremos serlo ahora”, concluyó De Miguel.

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