La obras de la Ciudad de la Justicia de Valladolid, con un presupuesto de 79,8 millones, arrancan en 2024

El Ayuntamiento de Valladolid y el Ministerio de Justicia firmaron hoy un acuerdo que pone plazo al inicio de las obras de la Ciudad de la Justicia en la ciudad vallisoletana. 2024 es el año marcado para el inicio de las obras, toda vez que ya en 2023, según el protocolo, se licitará el anteproyecto, se dividirá en fases y se redactará el proyecto de ejecución de cada fase.

El protocolo establece un presupuesto total de 79,8 millones de euros, que se divide en dos fases. Una primera fase, que incluye la finalización de la cesión y afectación de las parcelas y la licitación del anteproyecto, ya en 2023, y su redacción y construcción de la primera parte del edificio entre 2024 y 2027, dotada con 50 millones de euros y con la que se espera responder a la unificación de sedes para responder a las necesidades actuales de la Justicia en Valladolid, y una segunda fase, entre 2028 y 2031, para la ejecución de las obras que “atiendan a las necesidades futuras” a través de una inversión de 29,8 millones de euros.

El acuerdo, que responde según el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, a una “cuestión de ciudad”, es también una respuesta “fiel” a los objetivos fijados por el Ayuntamiento en relación con la ubicación y la construcción del Campus de la Justicia, para lo que el Consistorio había adquirido dos parcelas en el centro de la ciudad, las relativas al Colegio El Salvador y al espacio vacío del antiguo Hospital Río Hortega, en el entorno de la plaza de San Pablo, con una superficie total de 11.744 metros cuadrados.

Ahora esas parcelas pasarán al Ministerio de Justicia para ejecutar la construcción de la Ciudad de la Justicia. La primera de ellas, relativa al Colegio El Salvador, “ha seguido toda la tramitación y solo queda pendiente la publicación de la memoria y la exposición pública de 15 días para que pase a formar parte del Ministerio”. La segunda, relativa al aparcamiento del antiguo hospital, está aún en la fase de inscripción en el registro de la propiedad para que pase a ser registralmente titularidad del Ayuntamiento. “Una vez hecha la inscripción, procederemos a su cesión al Ministerio, espero que en plazos más breves que el colegio”, apuntó Puente en declaraciones recogidas por Ical.

De esta manera, por el protocolo firmado hoy, el Ayuntamiento se compromete a completar la cesión de estas parcelas, mientras que el Ministerio de Justicia hace lo propio para realizar la construcción de la Ciudad de la Justicia en ambas parcelas, en un proyecto “más ambicioso” que el planteado en el barrio de Girón, donde la inversión ascendía a 36 millones de euros frente a los 80 actuales, aumento que además de por la ubicación, se debe al “cambio en los tiempos” y a que el nuevo edificio “responderá a patrones de sostenibilidad que el Ministerio implanta en sus nuevas sedes”.

En todo caso, el Campus de la Justicia pretende “no solo responder a las necesidades presentes” del ámbito judicial en Valladolid, con el objetivo de albergar en un mismo emplazamiento “sedes dispersas”, sino también a necesidades futuras, bajo el “compromiso de voluntad de ambas partes”, Ministerio y Ayuntamiento, que se plasma hoy “en un documento escrito”, según apuntó Óscar Puente.

En la misma línea se expresó la subsecretaria de Justicia del Ministerio, María Sánchez, que clarificó que “no ha habido ninguna rectificación” pese a que el proyecto no cuenta con fondos propios en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 porque desde el Gobierno “siempre hemos estado comprometidos con la Ciudad de la Justicia, con la intención de que el proyecto salga adelante”.

“Faltaba limar aspectos para que el proyecto fuera el mejor para la ciudad, pero la intención ha sido clara”, continuó esgrimiendo, señalando además que no serán necesarias modificaciones presupuestarias ya que, como apuntó por su parte Óscar Puente, “con las partidas no territorializadas será suficiente” para la licitación de la redacción del proyecto, prevista en 2023.

Por todo ello, Puente mostró su “satisfacción” por el paso “muy importante” dado hoy para la consecución del objetivo, a través de un “buen acuerdo, más allá de las diferencias”, y en el que “lo que importa no es la foto, sino que esto avance en el papel, con la firma y el compromiso”.

Acuerdo de reversión

El protocolo firmado hoy también incluye una división del coste previsto entre la redacción del proyecto y la dirección de obra, que se prevé licitar en 2023 con un importe de tres millones de euros procedentes de las partidas no territorializadas del Ministerio de Justicia; la obra en sí, que contará con 69.520.000 euros para las dos fases acordadas; la implantación de los servicios, dotada con 3.787.200 euros; y la construcción de un aparcamiento subterráneo, con 3,5 millones de dotación.

Además, el protocolo incluye un acuerdo de reversión por el que las parcelas volverían al Ayuntamiento de Valladolid en caso de que el Ministerio no desarrolle el proyecto en los plazos marcados, con una desviación de un 30 por ciento, siempre y cuando sea por causas propias y no ajenas a la propia Administración estatal, como que el concurso de licitación quede vacío u otras circunstancias no dependientes del Gobierno central.