La frívola excusa de Emilio Saracho para no testificar: «No existe transporte»

El ex presidente del Banco Popular Emilio Saracho trata de evitar testificar en un juicio por la demanda de un accionista por la vía civil. El ex presidente de la entidad afirma que su declaración puede «vulnerar» su defensa en el caso penal, al tiempo que ha asegurado que no hay vía de transporte para acudir el 22 de mayo a la vista.

Saracho, bajo su mandato cayó en resolución Banco Popular, ha pedido testificar por videoconferencia en caso de que resulte imprescindible su declaración para el 22 de mayo. Según ha asegurado en su escrito al juzgado de Primera Instancia 27 de Barcelona, al que ha tenido acceso Efe, «no existen medios de transporte» entre Madrid y Barcelona para esa fecha.

No obstante, desde las 5.50 horas de la madrugada hasta las 21.00 horas del 21 de mayo tiene disponibles hasta 35 trenes AVE, según la web de Renfe. Ni uno solo de ellos está lleno, y los precios oscilan este miércoles entre los 58 y 101 euros por trayecto. El día 22 tiene otro AVE que sale de Madrid a las 6.10 horas, para plantarse en la Ciudad Condal a las 8:40 horas, siempre y cuando se cumplan los horarios. En avión, tiene un vuelo disponible en Vueling a las 6:30 horas, para aterrizar en El Prat a las 7:45 horas. Asimismo, también tiene otros dos a primera hora de la mañana disponibles, a las 6:45 y a las 7:00, junto con el puente aéreo de Iberia. Otra de las opciones de Saracho es viajar por carretera desde Madrid, unas 7 horas en autobús, con plazas disponibles durante la noche del 21 al 22, día de la vista, o por coche, unas cinco horas y media de viaje.

Pero para Saracho, «no existen medios de transporte» para testificar ese día. «En aras de evitar la asunción de unos gastos que resultan a todas luces innecesarios», ha afirmado, pide testificar vía conferencia.

Con todo, insta a la juez de Primera Instancia número 27 de la Ciudad Condal para que deje sin efecto la citación a fin de evitar posibles interferencias en el proceso, actualmente abierto en la Audiencia Nacional, en el que se le investiga junto a su antecesor Ángel Ron y sus respectivos Consejos de Administración.

El ex máximo mandatario de Banco Popular, quien cobró 4 millones de euros en concepto de prima de fichaje por la entidad financiera, ha afirmado que «resulta totalmente desproporcionada e inútil» en tanto que el papel que desempeñó en el Popular «no implica en modo alguno que conozca a los demandantes, ni por supuesto que participase en la comercialización de las acciones».

Una circunstancia que «supone, lógicamente, que aquello que pueda alegar no vaya a esclarecer los hechos controvertidos de esta causa ni hecho alguno» puesto que su desconocimiento «es absoluto».

El juez podría obligar a Saracho a comparecer ante el tribunal por la ampliación de capital de 2016

Para Saracho, su comparecencia en el juicio podría sentar «un precedente emulado por otros juzgados del territorio nacional» a los que han acudido «multitud» de accionistas de la ampliación de capital realizada en 2016, y pone de ejemplo que ya ha sido citado en varios procedimientos en Oviedo, Madrid, Zaragoza, Sevilla y Granada.

La parte demandante tilda de «frívolos» los argumentos

Argumentos que el demandante, un accionista particular representado por el abogado Felipe Izquierdo, tilda de «frívolos«, y habla del «sonrojo ajeno» causado por el expresidente del Popular al aludir «a lo gravoso que puede significarle un desplazamiento a Barcelona, cuando por escasos meses de trabajo cobró 4 millones de euros por prima de fichaje y casi 2 millones de sueldo».

Además, descarta cualquier tipo de incompatibilidad, ya que Saracho aún no ha sido llamado a declarar por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, y defiende la pertinencia de su testifical pues «bajo sus órdenes» se dieron los resultados de 2016, que arrojaban pérdidas de 3.486 millones de euros, y presidió el Consejo «donde se declaró la insolvencia de la entidad».

El pasado 6 de febrero, la titular del juzgado catalán acordó su comparecencia en el marco de la demanda interpuesta por el inversor, que perdió 28.000 euros por la operación acordada desde Europa, que supuso la reducción a cero de las acciones y de la deuda subordinada. Durante la vista preliminar, la magistrada requirió el acta del Consejo de Administración celebrado el 6 de junio, en el que, según fuentes jurídicas, sus integrantes reconocerían la insolvencia del Popular por falta de liquidez y problemas patrimoniales apenas horas antes de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ejecutara la medida.

Precisamente la Fiscalía de Barcelona fue pionera a la hora de sostener que la entidad «proporcionó datos sobre su estado financiero que no se correspondían con el real» en la oferta de la ampliación de capital, donde «al menos al público en general no se le hizo saber la auténtica situación (…) para intentar sacarla -la operación- a flote».