La subida del 3,5 por ciento a los funcionarios de la Junta supondrá 300 millones en 2023

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, avanzó hoy que la próxima semana se aprobará la denominada ley del Techo de Gasto, base de los próximos presupuestos, y precisó que ahora se trabaja en la adaptación de las cuentas estatales a las autonómicas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, manifestó que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado este martes, que hoy se registran en las Cortes, conlleva analizar sus datos para “acomodar” a las cuentas de Castilla y León para 2023.

Así, estimó que el incremento del 3,5 por ciento en las retribuciones de los empleados públicos puede suponer unos 300 millones, frente a los 70 millones de este año cuando la subida fue del 1,5 por ciento, para los casi 90.000 de la Administración autonómica -más los de la concertada y universidades-, a lo que habrá que sumar las cantidades de la aplicación de la carrera profesional y fondos adicionales, pactados en el marcó de la Función Pública.

Respecto del calendario para la aprobación del presupuesto por el Consejo de Gobierno, argumentó que las cuentas estatales no se han presentado el 30 de septiembre, como recoge la Constitución, por lo que será “difícil” que las autonómicas se conozcan el 15 de octubre, fecha límite que señala el Estatuto de Autonomía, ante las adaptaciones que se tienen que realizar.

El año pasado el techo de gasto -11.621 millones- se aprobó el 14 de octubre por la Junta y el 20 en un pleno en las Cortes de Castilla y León, lo que llevó a que los presupuestos se acordarán por el Consejo de Gobierno el 28 de octubre. Finales de octubre es el límite que tiene la Junta si quiere que estén en vigor el 1 de enero de 2023.

Fernández Carriedo descartó que existan diferencias entre PP y Vox y ello retrase su aprobación, afirmó que “siempre es difícil elaborar unos presupuestos”, aunque el Ejecutivo sea monocolor, porque cada consejero quiere que se recoja lo que plantea para su departamento, pero aseguró que existe coincidencia entre los socios en que los objetivos deben ser la creación de empleo, salir de la crisis económica o la atención al mundo rural, entre otros.

Por otro lado, en respuesta a los sindicatos, explicó que se tendrán en cuenta sus propuestas y acuerdos, como el que se ha llegado en la mesa en materia de prevención de incendios forestales, lo que hará que esta sea una de las áreas con un mayor crecimiento en el presupuesto autonómico.

En relación a los presupuestos estatales, realizó una valoración global, porque aun no se conocen las inversiones para Castilla y León, y estimó que existe una “falta de realismo” en los datos económicos porque informes de expertos observan una desaceleración mientras que el Gobierno dice que la situación va bien. “Estamos en un escenario vinculado a un deterioro muy rápido del tejido productivo”, indicó.