La subida de las pensiones, en manos de PP y Ciudadanos

La Mesa del Congreso analiza este miércoles si levanta el veto decretado por el Gobierno a una subida de las pensiones del 1,2%, que conllevaría el gasto de 1.150 millones de euros.
El PP no tiene mayoría en la mesa y depende de Ciudadanos para evitar la tramitación de la proposición de ley firmada por todos los grupos de la Cámara, salvo el PP y Ciudadanos.
El máximo órgano del Congreso evaluará un informe jurídico sobre el resto de los vetos del Ejecutivo a una quincena de proposiciones de ley de los grupos, entre ellas la paralización del calendario de implantación de la LOMCE y una reforma del Estatuto de los Trabajadores.
La discusión entre el Gobierno y el Congreso podría acabar con un conflicto de atribuciones en el Tribunal Constitucional al igual que ocurrió en la pasada legislatura cuando el Ejecutivo en funciones se negó a ser sometido al control parlamentario.
La Constitución otorga al Gobierno la capacidad de oponerse a la tramitación de las proposiciones de ley que afectan a los ingresos o gastos presupuestarios como, a su juicio, sucede con esta quincena de iniciativas parlamentarias.
Un gasto adicional que, alerta el Ejecutivo, tendría que ser financiado por el Estado y sin un estudio económico por parte de los grupos parlamentarios para financiar el incremento de las pensiones.
El PSOE ha pedido a la Mesa del Congreso que rechace ese veto del Gobierno porque, a su juicio, no está suficientemente razonado.
«La Proposición de Ley no afecta en absoluto al presupuesto vigente -que es sobre el que el gobierno puede vetar iniciativas que supongan un incremento del gasto-, en cuanto que sus previsiones se refieren exclusivamente al ejercicio 2017«, señala el PSOE.
No obstante, no parece que Ciudadanos -con dos miembros en la Mesa- se vaya a alinear esta vez con la oposición y todo indica que votará con el PP para oponerse a la tramitación parlamentaria de esa subida unilateral de las pensiones.
El Gobierno ha dejado claro que su intención no es imponer sus tesis sino garantizar que una ley capital como son los presupuestos no queda modificada por otras normas de menor rango.
«Es una cuestión de trasfondo político y esperamos que la Cámara lo reconsidere«, ha destacado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que ha remarcado que se trata de una controversia jurídico-constitucional que es necesario resolver.
No obstante, el Ejecutivo ha avanzado ya que si la Mesa del Congreso vuelve a desestimar su solicitud y continúa con la tramitación parlamentaria de las proposiciones vetadas, ello «abocaría al Gobierno al planteamiento del conflicto ante el Tribunal Constitucional».