Las 10 mentiras de la Junta de Susana Díaz sobre el impuesto de sucesiones

Bajo el lema ‘No te dejes manipular’, la Asociación Stop Impuesto Sucesiones rebate la campaña puesta en marcha por la Junta de Andalucía sobre ‘las bondades’ del Impuesto de Sucesiones.

Quieren ‘desmontar las mentiras y falsos argumentos de la Junta para justificar ese expolio’. La campaña se difunde a través de las redes sociales y la página web del colectivo. Así rebate la plataforma las 10 mentiras de la Junta de Andalucía:

Primera Mentira: “Es un impuesto para los ricos”

Completamente falso porque lo dicen las estadísticas y porque las personas con sobrados recursos económicos tienen la capacidad, asesorados por gabinetes de especialistas, para crear sociedades instrumentales y adquirir productos financieros que eluden el impuesto, recursos que no están al alcance de las familias trabajadoras, que son las que sufren el expolio que ese impuesto conlleva. Es sobre el ahorro y esfuerzo de la clase trabajadora sobre quien recae este injusto tributo, privándola de su pasado, expoliando su presente e hipotecando su futuro.

Segunda Mentira: “En Andalucía este impuesto solo afecta al 7%”.

Esas cifras hacen referencia únicamente a las personas que pasan por “caja”, una gran parte de ellas endeudándose para pagar nuevamente por lo ya pagado y tributado. La Junta de Andalucía no cita las renuncias que se producen cuando las familias no pueden acceder a créditos, que les permitan liquidar el impuesto, prueba de ello el dato del último informe 2016 del Colegio Notarial que cifra un aumento del 420% de las renuncias en Andalucía desde el comienzo de la crisis. Más de 7.000 familias andaluzas se vieron afectadas el último año por este motivo.

Tercera Mentira: “Las renuncias lo son por deudas acumuladas del difunto”

Por norma, las personas fallecen a edad avanzada, justo en el momento de la vida en el que ya cuentan con un capital consolidado y libre de cargas. Los casos de ciudadanos que fallecen a edad temprana y por tanto con “cargas”, son la excepción a dicha norma. Este dato se mantiene con leves oscilaciones a lo largo del tiempo, y prueba de ello es lo reflejado en el punto anterior. Antes de la crisis había un número similar de “herencias con cargas”, y es la ausencia de acceso al crédito lo que obliga a renunciar al no poder satisfacer en modo alguno el impuesto, perdiendo así todo por cuanto luchó tu familia para darte un futuro mejor.

Cuarta Mentira: “La vivienda habitual del difunto no tributa”

La máxima bonificación requiere que el heredero viviese al menos los dos años anteriores en la vivienda del difunto. Además, el importe de dicha bonificación queda anulado si la masa hereditaria total supera los 250.000€, pues en ese caso se pagaría desde el primer euro heredado.

Quinta Mentira: “En una familia con dos hijos, estos no pagaría nada”

Es uno de los ejemplos más expuestos por la Junta de Andalucía. En este supuesto no hablan de los valores del capital preexistente, es decir, el capital financiero e inmobiliario que el heredero ya pudiera tener previamente y que se tendrá en cuenta reduciendo las posibles bonificaciones que pudieran aplicarse, esto sin contar que la media de natalidad esta en 1,5 hijos por familia.

Sexta Mentira: “Se tributa por el valor real de los bienes inmobiliarios heredados”

Es la mayor y más sangrante de las mentiras difundidas. La Junta de Andalucía aplica a los bienes inmuebles una fórmula resultante de aplicar al valor catastral un coeficiente multiplicador específico para cada localidad, añadiendo además para asegurarse el cobro del tributo un 3% de ajuar, dando igual que se trate de una vivienda vacía, local o campo. Esto provoca una sobre tasación de los bienes que multiplica varias veces su valor real de mercado, obligando así al pago del tributo. Lo anterior es tan prepotente y descarado que la Junta de Andalucía fue apercibida en el informe anual del defensor del pueblo andaluz, de 2015, y también del defensor del pueblo español, de 2016. Igualmente, hay sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que cuestionan el método de cálculo empleado sobre los valores catastrales, por colocar a las familias andaluzas en una completa indefensión ante el voraz injusto y desmedido afán recaudatorio de sus gobernantes.

Séptima Mentira: “El gobierno de la nación es quien debe de dar solución”

El impuesto de sucesiones y donaciones, pese a estar siendo eliminado en toda Europa, fue revisado e implantado en España en 1987 por el gobierno socialista de Felipe González, transfiriéndose plenamente su gestión a las autonomías con el de Zapatero, en el marco de la financiación autonómica.

La Ley estatal únicamente establece cómo calcular la base imponible del impuesto. Sin embargo, el cálculo de la base liquidable (coeficientes multiplicadores) y la tarifa aplicable (deducciones) depende de cada Comunidad Autónoma.

La Junta de Andalucía, tras la revisión a la baja realizada por otras comunidades autónomas, es la que mantiene en la actualidad los tipos mas altos de este injusto y desproporcionado tributo, provocando con ello un manifiesto daño moral y económico en miles de familias andaluzas, llevadas al límite de la desesperación e impotencia. Bastaría un simple cambio de la norma tributaria andaluza para acabar con tanto dolor y sufrimiento innecesario.

Octava Mentira: “Devolvemos al gobierno central este impuesto”

Se trata simplemente de un intento a la desesperada de echar balones fuera, aún a sabiendas que dicho planteamiento es inadmisible, pues requeriría de una renegociación del modelo de financiación autonómico con el consiguiente consenso del resto del Estado español. Un gobierno democrático y decente no debería convertir en juego político el dolor y el sufrimiento de parte de sus ciudadanos. La catadura moral que ello conlleva invita a una profunda reflexión sobre la calidad democrática y ética de nuestros gobernantes.

Novena Mentira: “Con este impuesto pagamos la sanidad y educación”

Es una vieja y rancia variante de aquel: “con esto pagamos las pensiones”, un trasnochado y caduco recurso al miedo, propio sólo de quienes no tienen otro argumento que esgrimir. La sanidad y educación son servicios básicos obligatorios para el Estado que se prestan en el resto de las autonomías, incluso en aquellas que tienen bonificado este impuesto al 99%. En algunas de ellas, la calidad de esos servicios son muy superiores. La Junta de Andalucía no ofrece por tanto, nada que justifique la desproporcionalidad de este tributo que para más vergüenza, es una ínfima parte de la recaudación total en comparación con el gasto que intentan justificar.

Décima Mentira: “Todo esto son maniobras partidistas”

Cuando todo lo demás falla, el victimismo es el más usado de los recursos, sólo que en esta ocasión se pone en duda la integridad de una sociedad andaluza que ha decidido decir «basta» y de una asociación sin ánimo de lucro ni color político alguno, nacida por y para defender y apoyar a los afectados, dando a conocer una aplastante realidad largo tiempo e intencionadamente ocultada, aprovechándose para ello del drama, indefensión y sensación de aislamiento que hasta ahora provocaba en quienes lo padecían. Durante demasiado tiempo se estuvo vertiendo pólvora sobre el camino y bastó la chispa de unos pocos indignados ante el abuso para que la realidad de un drama injustificable, auspiciado por la codicia del poder, prendiera con fuerza en el corazón de la sociedad andaluza.