Las ayudas al alquiler de vivienda llegarán a 13.000 personas con una media de 1.657 euros

El importe medio que recibirán los 13.231 beneficiarios de las subvenciones al alquiler de vivienda en Castilla y León, correspondiente a la convocatoria del año 2020,  será de 1.657 euros. La mayor parte de las personas (92,4 por ciento) que cumple los requisitos exigidos recibirá la ayuda próximamente por ser los más necesitados y el 7,5 por ciento (994) tendrá que esperar al sobrante de fondos después del proceso de justificación del cumplimiento de requisitos de ese primer listado. En todo caso, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró hoy que no será necesaria una ampliación del presupuesto, después de que la administración autonómica haya destinado, desde el primer momento, un total de 20,3 millones de euros, al incluir una partida de cinco millones de fondos extraordinarios.

La convocatoria de las ayudas al alquiler se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el próximo jueves, día en que los 12.237 primeros beneficiarios recibirán un SMS de la Junta con la advertencia de que disponen de un mes para aportar los justificantes bancarios del pago de la renta de los meses subvencionables, de enero a diciembre de 2020 ambos incluidos.

A continuación, será el turno para el millar de familias que no está en la lista inicial aunque, tal y como declaró el consejero, todo apunta a que no sea necesario incrementar la partida presupuestaria y por tanto a que, en próximas fechas, una vez determinado el resultado de la fase de justificación del cumplimiento de requisitos, estas familias reciban la subvención. Y es que recordó que en anteriores convocatorias, cerca de un 10  por ciento de las personas con derecho reconocido, posteriormente, no justifica el cumplimiento de los requisitos, por lo que sobrará dinero para cubrir todas las peticiones aprobadas.

Del total de beneficiarios, 7.457 son mujeres (61 por ciento), mientras que 4.780 son varones (39 por ciento). Además, hay 3.441 jóvenes (el 28,1 por ciento del total), lo que en términos económicos supone 6,7 millones de euros, lo que supone uno de cada tres euros del conjunto del presupuesto. Una diferencia que se debe a que el los menores de 35 años no reciben el 40 por ciento de la renta anual, como los demás, sino el 50 por ciento, al igual que los mayores de 65 años. Este colectivo de personas de más edad suma 856.

Las ayudas al alquiler están destinadas a sectores de población con escasos recursos económicos. De esta manera, los ingresos de las unidades de convivencia no pueden superar tres veces el IPREM (22.598 euros), aunque la mayor parte de los beneficiarios (64,1 por ciento) está muy por debajo de los 7.500 euros.

Acompañado de la directora general de Vivienda, María Pardo, el consejero  subrayó que la convocatoria que ahora se resuelve mantiene las mejoras que se introdujeron en 2018 y se mantendrán en la del año 2021. En concreto, precisó que cubren el 40 por ciento de la renta mensual, excepto en el caso de los menores de 35 años y los mayores de 65, en el que se cubrirá el 50 por ciento del total a pagar cada mes; se ha incrementado los ingresos de las unidades de convivencia que pueden solicitar la subvención, pasando de 2,5 a 3 veces el IPREM; aumentaron las cuantías de las rentas máximas mensuales, pasando de  350 en el medio rural y 475 euros en capitales con rentas más caras a 375 en el medio rural y 500 euros en Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid respectivamente.

Suárez-Quiñones valoró el incremento de cinco millones en el presupuesto de 2020, lo que  agilizará el pago de las ayudas al incorporarse ya a la lista principal la práctica totalidad de los beneficiarios. En la convocatoria de 2019 hubo 9.056 beneficiarios y 4.979 solicitantes con informe favorable quedaron en lista de reserva, que precisaron dos momentos posteriores para su pago.

Reparto por provincias

La provincia con más solicitudes fue Valladolid con el 21,9 por ciento, 4.398; seguida de León, 20,6 por ciento, 4.135; Salamanca, 15,2 por ciento, 3.066; Burgos, 12,1 por ciento, 2.438; Ávila, 7,4 por ciento y 1.501; Segovia, 7,2 por ciento y 1.452; Palencia, 5,9 por ciento y 1.192; Zamora, 5,8 por ciento y 1.165, y Soria, 3,5 por ciento y 709. En total, suman 20.056, un siete por ciento menos que en la convocatoria anterior que el consejero de Fomento justificó por la convocatoria extraordinaria que sacó la Junta en mayo pasado, dotada con 5,4 millones de euros, para hacer frente a los efectos de la pandemia. Un dinero que llegó a 3.429 familias que se beneficiaron, entre otras, de ayudas al alquiler.

Por su parte, las 12.237  subvenciones concedidas se distribuyen con 1.051 en Ávila (1,4 millones); 1.341 en Burgos (2,3 millones); 2.608 en León (cuatro millones); 680 en Palencia (casi 1,1 millones); 1.989 en Salamanca (3,6 millones); 920 en Segovia (1,4 millones); 356 en Soria (524.638); 2.475 en Valladolid (4,3 millones) y 817 en Zamora (1,2 millones).

Suárez-Quiñones aprovechó la presentación de la resolución de la convocatoria para significar que esta política de la Junta no solo demuestra que está al lado de los que menos tienen sino que también contribuye a la seguridad en el pago de los alquileres. No en vano, la administración exige la justificación del pago bancario de las rentas, fomentando con ello la puesta de vivienda en el mercado de alquiler, incremento de oferta que contribuye a la estabilización de los precios del alquiler. La exigencia de justificación bancaria del pago de la renta, además, contribuye a la regularidad fiscal de este sector de rentabilidad inmobiliaria.

En este sentido, mostró su «total desacuerdo» con la política de vivienda de Podemos, socio de Gobierno, de la intervención pública en el mercado del alquiler. Una postura que, señaló, viene avalada por los derechos constitucionales a la propiedad privada y libertad de empresa pero también por el informe del Banco de España que desaconseja este tipo de políticas al contraer el mercado del alquiler. «Hay que darle seguridad jurídica y procesal a los titulares de viviendas para que cuando no se cumpla el contrato puedan recuperar la posesión de la propiedad», expuso. En este sentido, el consejero señaló que la Junta fomenta el mercado del alquiler y el aumento el mercado de este tipo de viviendas, al exigir el justificante bancario del pago de la renta.