Las compensaciones del precio de la obra pública sólo cubren el 40 por ciento de la deuda de los contratistas

El presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, calificó hoy en Valladolid de “insuficientes” las compensaciones por el alza de precios en la obra pública al cubrir solo el 40 por ciento de los 300 millones del endeudamiento del sector en 2021. Además, advirtió de que por cada millón de euros que no se paga, se pierden unos 35 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

Con motivo de la inauguración de la jornada ‘Revisión excepcional de precios en el ámbito de la obra pública’, organizada por el el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos y la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Pascual aseguró que el sector de la construcción tiene un problema “gordo” por que las obras ejecutadas en 2021 y las iniciadas en 2022, debido a la “extraordinaria” alza del coste de las materias primas, ha generado un desequilibrio en los contratos públicos. Puso el ejemplo de que obras que se licitaron por un millón de euros y que, ahora, tienen un sobrecoste cercano al 25 por ciento por causas excepcionales y sobrevenidas y no previsibles durante la licitación o la firma del contrato. “Eso provoca que las empresas entren en pérdidas por que el mecanismo de revisión de precios que tenían los contratos públicos se perdió en 2005 con la ley de desindexación de la economía española, por lo que prácticamente ningún contrato tiene fórmula de revisión de precios”, sentenció.

El presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León reconoció, según recogió la Agencia Ical, que la empresa habitualmente asume la subida de los precios, dentro del concepto de que las obras se hacen “a riesgo y ventura”, pero destacó que esta situación tiene un “límite”. “En la actualidad, se ha superado ese límite”, añadió. Ante esta situación, consideró que los dos reales decretos del Gobierno central en materia de revisión de precios en los contratos públicos establecen un sistema de compensación “insuficientes”.

Según las estimaciones del sector, la aplicación de estos mecanismos compensará el 40 por ciento de las pérdidas. De esta manera, de los casi 1.500 millones ejecutados de obra pública en la Comunidad el año pasado por parte de las tres administraciones (central, autonómica y local), Pascual calculó que ha habido un sobrecoste de 300 millones de euros, lo que supone el 20 por ciento. Es decir que apuntó que las administraciones adeudan a los contratistas 300 millones de euros y se podrían llegar a compensar el 40 por ciento si se aplica lo recogido en los reales decretos.

Dificultad para sobrevivir

“Este porcentaje es insuficiente para un sector que ya perdió la mitad de su tejido productivo en la crisis económica de 2008 y afrontó niveles de endeudamiento máximo con la pandemia del COVID. Será muy difícil que pueda sobrevivir”, sentenció. Hasta el punto que afirmó que las previsiones de la Cámara de Contratistas es que el sector que quedaba, que supone la mitad del existente antes de 2008, otro 30 por ciento va a desaparecer. Y es una cifra que afectará a empresas de construcción, trabajadores e industria auxiliar como los talleres de carpintería metálica, cerrajería o fontanería. 

Pascual aseguró que el sector de la construcción tiene un problema “gordo” por que las obras ejecutadas en 2021 y las iniciadas en 2022, debido a la “extraordinaria” alza del coste de las materias primas, ha generado un desequilibrio en los contratos públicos. Puso el ejemplo de que obras que se licitaron por un millón de euros y que, ahora, tienen un sobrecoste cercano al 25 por ciento por causas excepcionales y sobrevenidas y no previsibles durante la licitación o la firma del contrato. “Eso provoca que las empresas entren en pérdidas por que el mecanismo de revisión de precios que tenían los contratos públicos se perdió en 2005 con la ley de desindexación de la economía española, por lo que prácticamente ningún contrato tiene fórmula de revisión de precios”, sentenció.

El presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León reconoció que la empresa habitualmente asume la subida de los precios, dentro del concepto de que las obras se hacen “a riesgo y ventura”, pero destacó que esta situación tiene un “límite”. “En la actualidad, se ha superado ese límite”, añadió. Ante esta situación, consideró que los dos reales decretos del Gobierno central en materia de revisión de precios en los contratos públicos establecen un sistema de compensación “insuficiente”.

Otra opción, manifestó, es que las empresas acudan a los tribunales del Contencioso Administrativo para reclamar al Estado un enriquecimiento injusto, al haber cambiado las condiciones en las que se firmó el contrato original, lo que obliga a restablecer el equilibrio económico, aunque supone entrar en un proceso “farragoso” que se dilatará en el tiempo.

Enrique Pascual añadió que la consecuencia de esta situación es que se quedan desiertos los concursos públicos, después de que no se hayan revisado los precios. De hecho, informó de que en 2021 fueron 120 las actuaciones sin contratista, frente a las 24 de 2020 y las 35 de 2019. Además, entre enero y abril, a fecha del 3 de mayo, se acumulaban ya 50 -cinco de la Administración Central, 14 de la autonómica y 31 de la entidades locales-.

Esto supone cerca del ocho por ciento de las 675 licitaciones lanzadas en los primeros cuatro meses. Este porcentaje es superior al de 2021, que fue del 2,94 por ciento; 2020, que se quedó en el 0,75 por ciento, y 2019, cuando alcanzó el 0,96 por ciento. Además, estimó que en el conjunto de 2022 se podrían duplicar el dato del primer cuatrimestre y alcanzar el 15 por ciento de obras desiertas. “Esto es quitar a la sociedad de un derecho que tiene por que las obras públicas se hacen por un interés público”, declaró.