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Las Cortes convalidan la ayuda domiciliaria a las familias por el covid

Las Cortes convalidan la ayuda domiciliaria a las familias por el covid

Se establece para la contratación de personas que cuiden a menores y dependientes
23 septiembre, 2020
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Actualizado: 23 septiembre, 2020 16:32
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Las Cortes de Castilla y León convalidaron hoy, con la abstención del PSOE y Podemos, UPL y Por Ávila, el decreto ley que regulará la ayuda que la Junta de Castilla y León concederá a las familias que necesiten contratar a un cuidador para la atención de menores y personas dependientes o discapacitadas ante el cierre de centros escolares o centros de día por el COVID-19.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, recordó que el objetivo de esta ayuda es respaldar económicamente a aquellas familias que necesitan contratar a una persona para el cuidado de un menor o dependiente a su cargo en aquellos casos en los que se produce el cierre del centro, los horarios laborales de esas familias resultan incompatibles para el cuidado de esas personas y tienen unos niveles de renta por debajo de los 40.000 euros en el caso de las familias ordinarias.

Ante esta medida, que pretende “llegar al máximo número de familias” y ayudarlas en la conciliación, Blanco consideró que “nadie puede oponerse” a una medida que persigue “mejorar la calidad de vida de las familias” y que se tramitará a través de los Centros de Acción Social (CEAS) de forma urgente.

La convalidación del convenio contó con el respaldo del Grupo Cs, que consideró que no se puede obligar a “elegir” a los ciudadanos de Castilla y León. La procuradora, María Teresa Gago puso en valor a los familiares que se sacrifican para cuidar “a quienes más lo necesitan” y defendió este mecanismo como una ayuda para que las familias “más vulnerables” tengan la ocasión de “conciliar en el contexto del COVID”, lo que también dará “estabilidad” a las empresas.

De la misma manera, consideró “acertado” que se cuente con las administraciones más próximas en materia de servicios sociales, lo que auguró que dará “celeridad” a la prestación de estas ayudas a las familias.

El procurador del Grupo Popular, David Beltrán, incidió en que esta medida forma parte de una política “centrada en las personas, valiente y pionera” que facilita que la actividad laboral sea compatible con el cuidado y atención a las personas, un mecanismo que “no existe en ninguna otra Comunidad” y que tampoco presta el Gobierno, lo que ratifica a Castilla y León “como referente nacional en la prestación de servicios públicos”, dijo.

Ante las críticas de Podemos y PSOE a estas ayudas, Beltrán reprochó que no es momento de reproches o de discutir si los CEAS están “desbordados” y si se les ha dotado de más recursos. “Es una medida demandada por todos que hoy se ha convertido en realidad” y que evidencia que el Gobierno de la Junta “es consciente de las responsabilidades que han surgido por la pandemia”, declaró.

La procuradora de Podemos, Laura Domínguez, tildó esta ayuda de la Junta como “una medida maquillaje” que realmente no aborda las necesidades de conciliación que tienen las familias y acusó al Ejecutivo autonómico de “fallar” a la hora de intentar aplicar estas políticas. Por eso auguró que esta medida “nace tan muerta como muerta nació la Ley de Conciliación”, señaló.

Aunque reconoció compartir el objetivo de esta ayuda porque “suena muy bien”, Domínguez apostillo que es “un globo sonda que es imposible de materializar”. Entre otros aspectos, criticó que la Junta “invita pero no paga” y no da explicaciones de cuándo se recibirán las ayudas. También se preguntó por el sueldo que tendrán las cuidadoras y cómo los CEAS serán capaces de tramitar estas ayudas ante la carencia de personal que tienen actualmente.

Igualmente, Laura Domínguez calificó de “esperpéntica” la “inconsciencia” de la Junta a la hora de conceder ayudas a familias con una renta por debajo de los 40.000 euros, cuando aclaró que no tiene las mismas necesidades ni posibilidades una familia que percibe esa cuantía a una que cuenta con 18.000 euros, como tampoco son las mismas necesidades las de los menores que las personas dependientes.

Las críticas llegaron también por parte del Grupo Socialista, que estimó que esta ayuda es “una herramienta política” por parte de la Junta en su objetivo de “ponerse la medalla” en materia de conciliación y que el “fracaso” recaiga en las entidades locales. Además, la procuradora Nuria Rubio tildó de “incoherencia” que se aluda al respaldo a la conciliación cuando se cancelan las actividades extraescolares.

Rubio llamó a la consejera de Familia a “abandonar el camino de la soberbia” y a atender a las entidades locales, que dijo están dispuestas a trabajar “codo con codo” con la Consejería, de ahí la abstención socialista al entender que se requiere de una solución pero “tiene que ser rápida” para lo que es necesario “consenso”.

Rubio también puso de manifiesto el “malestar” de alcaldes de una decena de municipios de más de 20.000 habitantes “que gobiernan para más de la mitad de la población de Castilla y León” que trasladan en un escrito en el que aportan sus reivindicaciones, quejas y aportaciones al decreto y al que dijo que la consejera de Familia “hizo caso omiso”. “Tienen un profundo malestar por el trato recibido y la toma de decisiones de forma unilateral” por parte de la Junta pese a que serán las entidades locales quienes tendrán que tramitar la ayuda.

La procuradora socialista avanzó que se trata de un decreto “complicado de cumplir” ya que supondrá una carga “extraordinaria” para los CEAS, que ya acumulan el “sobreesfuerzo” de la crisis sanitarias, además de que trasladó tener “serias dudas” sobre su financiación. “Esta ayuda no va a llegar de manera efectiva a las familias más necesitadas” que se verán obligadas a acudir “a otras alternativas”, lamentó.

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