El pacto entre PP y PNV: las empresas pierden competitividad por la tensión eléctrica

El pacto entre PP y PNV: las empresas pierden competitividad por la tensión eléctrica

17 noviembre, 2017
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Actualizado: 17 noviembre, 2017 11:25
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En el momento de construir las redes eléctricas en cada territorio del Estado no se utilizó el mismo baremo. Las eléctricas que instalaron la red de distribución, como Iberdrola o la antigua Fecsa (ahora Endesa) no se ajustaron a criterios técnicos, perjudicando así la competitividad de las empresas.

Y es que, por ejemplo, en Cataluña, Aragón, Extremadura y Castilla La Mancha, Fecsa instaló una tensión de 25 KV en las redes, mientras que Iberdrola construyó las de 33 KV en Navarra, Castilla y León, Cantabria y Asturias. En Madrid y Valencia, se instalaron de 36 KV. La diferencia más notable para las empresas es el coste energético, ya que supone un ahorro del 43% en el recibo en las de 25 KV frente a las de 33 y 36 KV.

Es por este motivo por el que las patronales, lideradas por Cecot, han llevado el caso del pacto del PNV y PP ante la Comisión Europea, ya que este acuerdo permitirá a más de 700 empresas del País Vasco acogerse a tarifas más baratas, mientras que el resto de afectadas, unas 4.550, tendrán que abonar más al no tener opción de poder cambiar la tensión debido a la instalación de estas redes. Así lo explica el coordinador de la plataforma KV 25/30, Josep Casas, a preguntas de Intereconomía.com

¿Cuánto están pagando de más las empresas afectadas y no beneficiadas con el acuerdo entre PP y PNV?

«Cuando en su día con el real decreto del 23/12/2014 en que se duplicó la tarifa 6.1 en dos tramos, de 1 a 30kV (6.1A) y de 30 a 36 kV (6.1B) ya se produjo una rebaja del 16% para las industrias que estaban conectadas a la nueva tarifa 6.1B. En 2016 las empresas conectadas a redes de 1 a 30kV, es decir tarifa 6.1A, pagaron un precio medio el MW/h de 32,3€, las conectadas a la 6.1B pagaron una media de 26,42 euros, mientras que las de tarifa 6.2 (tensiones de 36 a 72,5Kv) pagaron 14,97 euros.

Las empresas acogidas a una tensión de 25 KV están pagando unos 5,9 euros menos por MW/h, y con el actual acuerdo entre PP y PNV estas empresas con tarifa 6.1B pasarán a la tarifa 6.2 y pagaran a partir de 2018 una tarifa de 14,97€ el MW/h, 17,33€ menos el MW/h, es decir un 53,7% menos en las tarifas de peaje que las de 25kV.

¿No hay forma de rebajar el coste de la tensión que no sea a través del Gobierno?

No. La factura eléctrica que pagan los consumidores consta, básicamente, de dos conceptos: la energía consumida y la potencia contratada. El primero se compone del precio de la energía en el mercado mayorista de electricidad más los costes de gestión, y costes regulados como pérdidas de transporte y distribución, pagos por capacidad etc… Y el segundo, de los costes conocidos como regulados o peajes de acceso. Es el Gobierno, quien fija a través de Orden Ministerial estas tarifas de acceso a la red eléctrica, en función de la estructura tarifaria definida anteriormente. Este escalado de la tarifa, aunque aparentemente se hace sobre la base del tipo de tensión, en la práctica está discriminando por territorios.

La Comisión Europea podría emitir un fallo dentro de año y medio, aunque podría exceder este tiempo

Asun Cirera, abogada que ha interpuesto el contencioso ante Bruselas, explica a este diario que se está buscando un criterio único de peajes en toda España, para que ninguna empresa se vea perjudicada en materia de competitividad por el coste eléctrico.

Los tiempos para este tipo de procedimientos no están establecidos. No obstante, la Comisión Europea tiene ahora ente un mes y un mes y medio para analizar si hay algún mínimo de indicio para corroborar que el pacto entre PP y PNV es una ayuda de Estado. La investigación preliminar podría demorarse hasta 6 meses, por lo que un fallo podría exceder el tiempo estipulado en el código de buenas prácticas de la Comisión, más de un año y medio. «El objetivo principal de esta demanda es que la tarifa de peaje sea única en España», destaca Cirera, al tiempo que indica que hay posibilidad de que otras patronales y asociaciones se sumen a la misma. «El proceso está abierto a ello», considera.

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