Las empresas tendrán 20 días para ingresar 24.000 millones a Hacienda

Las empresas tendrán 20 días para ingresar 24.000 millones a Hacienda

03 octubre, 2016
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Actualizado: 03 octubre, 2016 22:13
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Los empresarios se han levantado contra el Gobierno por la reforma del impuesto de sociedades que carga sobre ellos el recorte del déficit público en España para cumplir con Bruselas y no en otras partidas del gasto no productivo.

Así la CEOE, la patronal en España, considera «desproporcionada y excesiva» la decisión de establecer un tipo mínimo del 23 % (25 % para bancos y empresas petrolíferas) en los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades de las empresas, que facturan más de 10 millones de euros.

La decisión, adoptada hoy por el Consejo de Ministros, tiene el objetivo de incrementar la recaudación en unos 8.000 millones de euros.

Según la patronal, para los empresarios, asegurar el cumplimiento de los objetivos de déficit es una prioridad, pero a su juicio «no debe conseguirse solo aumentando los ingresos tributarios sino reduciendo el gasto, sobre todo el gasto no productivo».

Aseguran que las empresas tendrán que ingresar entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre una cantidad que podría suponer unos 24.000 millones de euros, la mayor parte en un plazo de apenas 20 días.

«En la práctica, supone que las empresas financiarán al Estado a un tipo cero, soportando la mayor carga del esfuerzo para la reducción del déficit», lamentan.

Y advierten de que este dinero anticipado por las empresas no podrá, por tanto, ser dedicado a la inversión, con el consiguiente impacto en la creación de empleo, máxime teniendo en cuenta el anuncio de que la medida tendría carácter indefinido hasta alcanzar los objetivos de déficit.

Asimismo, aseguran que puede acarrear problemas en su solvencia a corto plazo suponiendo en algún caso una revisión de la calificación crediticia, concedida con el consiguiente encarecimiento de la financiación.

Igualmente, según la CEOE, la decisión afecta a la competitividad pues se ha de tener en cuenta que las empresas españolas compiten con rivales situados en otras jurisdicciones que, al no estar afectadas por medidas de este tipo, disponen de más liquidez para acometer inversiones y proyectos de investigación, a la vez que su financiación será más barata.

Para la CEOE, se trata de una medida «discriminatoria y desproporcionada», y supone que no son ciertas las afirmaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el sentido de que se vuelve al sistema vigente en 2015, puesto que en dicho año el pago mínimo era un 12 % y para empresas que facturasen más de 20 millones de euros.

El adoptado ahora es de un 23 % o 25 % y para empresas que facturan más de 10 millones de euros, «por tanto, se dobla el tipo y se reduce a la mitad el umbral a partir del cual se aplica».

La CEOE lo considera un anticipo de recaudación, por lo que su efecto será «meramente temporal» y reducirá la recaudación de los años futuros, que sólo podrá ser compensada por un incremento de la actividad económica «que medidas como la adoptada ponen en cuestión».

Fuerte oposición de los empreesarios catalanes

La junta directiva de la principal patronal catalana Foment de Treball ha expresado hoy su oposición a la decisión del Gobierno de incrementar el pago mínimo en los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

En un comunicado, Foment considera que el Gobierno español «pone en peligro la solvencia a corto plazo de las empresas» y critica que el cumplimiento de los objetivos de déficit «pretenda resolverse casi exclusivamente a costa de la tesorería de buena parte del tejido empresarial».

Se trata de una medida «desproporcionada que castiga a todas las empresas que facturan más de 10 millones de euros», considera la patronal que preside Joaquim Gay de Montellà, que también alerta de que esta medida «introduce más riesgos para la inversión y la creación de empleo».

En la nota, Foment reclama también «la formación de un gobierno con capacidad para continuar las reformas necesarias para el país», y censura la «incertidumbre política generada por la incapacidad de las formaciones políticas para facilitar la formación de un Gobierno estable».

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