La reciente presentación de la etiqueta Finance Europe, promovida por varios países europeos bajo el liderazgo de Francia y España, ha despertado expectativas en el sector de la gestión de activos. Las gestoras confían en que esta iniciativa sirva como palanca para una mejora en la fiscalidad del ahorro y la inversión en España, bajo el argumento de una armonización tributaria a escala europea. Sin embargo, si esa convergencia no llega a materializarse, el nuevo distintivo corre el riesgo de quedar como un simple gesto simbólico.
La etiqueta, que no tiene carácter normativo, busca actuar como un sello visible para los inversores minoristas que identifique productos financieros comprometidos con el crecimiento económico del continente. Para obtenerla, los fondos deben cumplir requisitos como tener al menos un 70% de sus activos invertidos en empresas del Espacio Económico Europeo, contar con una proporción relevante en renta variable y mantener un horizonte temporal mínimo de cinco años, en línea con una visión de largo plazo.
El objetivo de las gestoras es movilizar una parte de los más de diez billones de euros
El objetivo es movilizar una parte de los más de diez billones de euros que permanecen en depósitos bancarios en Europa, de los cuales más de 1,1 billones están en manos de ciudadanos españoles. El impulso de estas inversiones cobra especial importancia en un contexto en el que Europa busca financiar grandes transiciones, como la digital y la energética.
No obstante, las competencias fiscales siguen siendo nacionales, por lo que la Comisión Europea no puede garantizar incentivos comunes. Por este motivo, el Ministerio de Economía español ha promovido desde su Laboratorio de la Competitividad esta etiqueta como paso previo hacia una futura cuenta paneuropea de ahorro e inversión, que podría estar incluida en el diseño final de la Unión de Ahorros e Inversiones (SIU), prevista para el tercer trimestre.
Aunque el texto que regulará esta cuenta ha estado recientemente en consulta pública, el sector muestra cierta desconfianza sobre su efectividad si no se acompaña de ventajas fiscales reales. La desconfianza es mayor en el caso de España, donde la reducción en los límites de aportación a los planes de pensiones privados ha generado inquietud en el sector, especialmente tras la puesta en marcha del macrofondo público.
Durante el acto de presentación en París, el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, subrayó que el objetivo es equiparar el tratamiento fiscal de estos productos al de los que ya cuentan con beneficios en otros países firmantes (Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Luxemburgo y Estonia). Sin embargo, la posibilidad de lograr una armonización tributaria real se enfrenta a un escenario político fragmentado en Europa, lo que complica cualquier avance en esta dirección.
