Las primeras exigencias de CC OO, UGT e independentistas a Pedro Sánchez

El mismo día en el que Pedro Sánchez ha sido elegido como nuevo presidente del Gobierno a raíz de una moción de censura, la primera que prospera en España, los sindicatos mayoritarios y el ala independentista catalana ya exige una batería de medidas, como nombrar a Puigdemont presidente de la Generalitat.

Tras la investidura de Sánchez, CC OO, dirigido por Unai Sordo, ha exigido al nuevo Gobierno «aprovechar el tiempo» y poner rumbo a la agenda social hasta la convocatoria de elecciones generales anticipadas, que se convocarán previsiblemente en 2019. Según el sindicato, el cambio de Gobierno responde a los «avatares del debate democrático como consecuencia del grave deterioro institucional y político derivado de la corrupción estructural del Partido Popular».

Sordo ha asegurado que estará vigilante y exige ya la aplicación de la Ley de Igualdad Salarial contra la brecha de género, reactivar el diálogo social y activar el Pacto de Toledo para blindar el sistema de pensiones, un pacto de rentas con subidas salariales como las propuestas por los sindicatos, la definitiva universalización de la sanidad pública, y el diálogo territorial para normalizar las relaciones del Gobierno con las CC AA.

Los independentistas exigen a Puigdemont como presidente, levantar el 155 de la Constitución, un plan de inversiones y retomar los artículos inconstitucionales del Estatuto

Entre las prioridades de los separatistas catalanes, cuyo único objetivo es la independencia de Cataluña, se encuentran la de hacer presidente a Carles Puigdemont, preso en Alemania y a la espera de que un tribunal decida sobre su extraditación, así como recuperar todos los artículos inconstitucionales del Estatuto de Autonomía tumbados por el TC en 2010, como la de crear una Hacienda propia catalana, tener la llave y la caja de todos los impuestos que se pagan en Cataluña, incluyendo IRPF, Sociedades e IVA, así como que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea la instancia judicial más elevada, por encima del TC y del Supremo. Además, de instaurar formalmente el catalán como única lengua vehicular en Cataluña en la administración pública. Entre otras exigencias se pide que las inversiones en Cataluña alcancen el peso de Cataluña en el PIB de España, es decir, cerca de un 20% del total de la inversión.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, ha exigido a Sánchez que incluso el ministro o ministra de Fomento sea catalán para acabar con el «déficit de infraestructura» de Cataluña y que lleve a cabo el plan de inversiones prometido por Mariano Rajoy de 4.185 millones de euros. Valls ha hecho hoy balance de las inversiones en infraestructuras de movilidad en Cataluña en los últimos 30 años y ha pedido un ministro de Fomento catalán para que se ocupe del déficit de infraestructuras de Cataluña, que es «de los más grandes que hay en España».

Ha dicho que «la lluvia de millones prometida por Rajoy, se hace esperar» y que de los 4.185 millones prometidos en el plan de inversiones 2017-2020 presentado por el ya expresidente del Gobierno en Cataluña, en 2017 se invertieron 790 millones, con un 77 % de ejecución sobre la inversión presupuestada para ese año.

Pese a todo, ha reconocido que hay «una voluntad política de hacer más», pero ha dicho que «no es suficiente» aunque el déficit de infraestructuras se ha reducido un poco respecto a los años de crisis y ha calificado al período de 2013 a 2016 de «años negros de inversión en infraestructuras en Cataluña».

Derogar la ley mordaza y prohibir las sanciones a piquetes violentos, la petición principal de UGT

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho hoy que los sindicatos están viviendo el cambio de Gobierno en el país «con mucha ilusión y esperanza«, aunque ha indicado que harán las celebraciones cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) empiece a introducir las reformas que se necesitan. En declaraciones a los periodistas en una concentración contra la siniestralidad laboral en la madrileña Puerta del Sol, Álvarez ha reclamado la derogación de la «ley mordaza» por considerarla «profundamente injusta».

UGT ha pedido, además, la eliminación del artículo 315.3 del Código Penal, que «mantiene a las puertas de los juzgados a centenares de sindicalistas», procesados por participar en huelgas y piquetes. Este artículo reza textualmente: “Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga”. «Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación, se impondrán las penas superiores en grado», continúa. «Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que, actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”.

«Este país tiene que ganar en democracia, en libertad y en derechos», ha afirmado Álvarez, quien ha reivindicado la restitución de los derechos que se han perdido durante la crisis. En estos momentos, el país está en una situación de crecimiento muy importante, en la que se está generando muchísima riqueza y lo que hay que hacer es repartirla, ha sostenido el secretario general de UGT.

Presión ciudadana en la calle

A su juicio, el Gobierno tiene que repartir la riqueza vía Presupuestos y vía recaudación fiscal, mientras que las organizaciones sindicales lo están haciendo a través de la negociación colectiva. «Tenemos un reto muy importante para conseguir un acuerdo que permita que los salarios mínimos en nuestro país se sitúen en los mil euros para recuperar poder adquisitivo», ha resaltado Álvarez antes de apuntar que ésta es la hoja de ruta de las dos organizaciones sindicales.

No obstante, ha destacado la importancia de «mantener la presión de la ciudadanía en la calle» por considerar que «con todas las trabas jurídicas y parlamentarias» que tendrá el nuevo Gobierno, con un programa progresista y con una alianza de las fuerzas de izquierda. «Si nos quedamos en casa va a ser difícil que podamos conseguir los objetivos que nos hemos planteado», ha asegurado.