Las residencias de mayores recibieron 1.369 inspecciones el año pasado

Las residencias de mayores recibieron 1.369 inspecciones el año pasado

Fueron sancionados 30 de los 800 centros chequeados
25 mayo, 2020
|
Actualizado: 25 mayo, 2020 16:36
|

El gerente regional de Servicios Sociales de la Junta, Carlos Raúl de Pablos, apostó hoy por que los centros residenciales privados de personas mayores y con discapacidad dependientes en Castilla y León se sometan a un control diario con el envío obligatorio de datos del número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social y los usuarios para comprobar que cumplan la ratio de personal por residentes. Una información que deberán colgar los gerentes y directos de las residencias en el Sistema de Atención a Usuarios de Servicios Sociales (SAUSS), tal y como han hecho con los fallecidos y contagiados durante la crisis sanitaria del COVID-19, al considerar que, durante la pandemia, se ha demostrado que la  herramienta informática de la monitorización es «muy interesante».

Asimismo, abogó por «intensificar» el sistema de las inspecciones de los centros, que en la actualidad cuenta con algo más de 50 profesionales para esta labor, entre servicios centrales y periféricos de la Junta. Un personal que el año pasado realizó 1.369 inspecciones a casi 800 centros de mayores, con el resultado de sanción a 30 centros y que en el primer mes de la pandemia llevó a cabo 309 visitas para verificar ‘in situ’ la situación del centro y de las personas mayores y comprobar si cumplían con las medidas de aislamiento de contagiados o con síntomas sospechosos.

Durante su comparecencia en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes para explicar las actuaciones realizadas por la Gerencia regional de Servicios Sociales en relación al COVID-19, De Pablos apuntó que las empresas que no facilitaran la información de sus plantillas podrían cometer dos infracciones, como no facilitar esos datos e incumplir las ratios de personal. No en vano, precisó que toda inspección comprueba que se cumple la disposición de una auxiliar de enfermería por cada cinco residentes. De comprobar ese incumplimiento, precisó, se abre un expediente sancionador y se obliga a que se aplique la ratio recogida en la ley.

Carlos Raúl de Pablos consideró, según recogió la Agencia Ical, que este control de las ratios de personal por usuarios debería estar recogido en el nuevo modelo de atención residencial en Castilla y León que, a su juicio, tendría que combinar la «calidez» de un hogar y la protección de la salud e integridad física de las personas mayores y con discapacidad dependientes. «Espero, de corazón, que entre todos acertemos en articular los cambios y mejoras necesarias», aseveró. En este sentido, subrayó que, tras la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19, ha quedado demostrado que las residencias no son hospitales sin los «hogares» de las personas vulnerables, que por su gran dependencia y contar con otras enfermedades han sido más afectadas por el coronavirus.

En la línea de lo expresado por la consejera de Familia, Isabel Blanco, en su comparecencia en las Cortes, el gerente de Servicios Sociales incidió que centrar el debate de la incidencia del COVID-19 entre residencias públicas y privadas es «pobre». No en vano, precisó que el 20 por ciento de los centros públicas se vió afectado por el virus frente al 19,5 por ciento de los privados. En este sentido, hizo referencia a la incidencia de otros factores como el grado de afectación del COVID-19 en los diferentes territorios, la escasez de equipos de protección individual (Epis) e incluso el tamaño de las residencias. «La diferencia entre lo público y lo privado no es lo fundamental», reiteró.

Durante su intervención en el Parlamento autonómico, destacó el trabajo «ímprobo» de los Servicios Sociales de Castilla y León para garantizar la mejor atención a las personas dependientes en una situación «excepcional» y «extraordinaria». Pese a ello, lamentó que no se ha podido evitar el fallecimiento de miles de personas, sobre todo en centros residenciales. A fecha del pasado viernes, facilitó los datos de fallecidos por COVID-19 (1.447); muertos con síntomas compatibles (1.100); contagiados confirmados de coronavirus (6.618) y los que han superado la infección (4.527).

El gerente de Servicios Sociales recordó que la Junta adoptó, unos días antes de la declaración del estado de alarma por el Gobierno central, medidas en los centros residenciales de la Comunidad como la restricción de visitas (11 y 12 de marzo) y la suspensión de visitas (13 de marzo). El objetivo, apuntó, era evitar la entrada o propagación del coronavirus en las residencias. También se refirió al sistema de seguimiento presencial y telefónico de estas instalaciones como las 309 visitas ‘in situ’ el primer mes para comprobar la situación del centro y sus residentes y, si fuera necesario, aislar a las personas contagiadas.

También se refirió a la actualización de los datos de residentes y personal del centro a través de la aplicación SAUSS, a partir del 28 de marzo. Carlos Raúl de Pablos manifestó que esta base permitió a la Gerencia llevar a cabo un sistema de clasificación y monitorización de las residencias y adoptar medidas, especialmente las clasificadas en los Grupos 4 (entre el 30 y el 60 por ciento de usuarios confirmados o con síntomas compatibles) y 5 (más del 60 contagiados o con síntomas). En este sentido, apuntó el dato de que 3.595 residentes fueron derivados a hospitales.

Ademas, mencionó el refuerzo de plantillas de personal para los centros públicos de la Junta, con la contratación de 667 personas (41 enfermeros, 222 auxiliares de enfermería, 123 cuidadores técnicos de servicios asistenciales y 163 de servicios) así como los 139 empleados públicos asignados de otras consejerías, los 53 empleados adscripciones temporales de personal de la Junta y los nueve alumnos de último curso de Enfermería.

En cuanto al reparto de equipos de protección individual (Epis) en centros públicos y privados, la Gerencia de Servicios Sociales ya ha repartido un total de 6,1 millones de unidades de material (3,8 millones de mascarillas y 1,6 millones de guantes). De Pablos reconoció la «imposibilidad» inicial de conseguir los Epis y de realizar test diagnósticos , que provocó el contagio de «muchos» profesionales cuidadores y residentes, hasta el punto de fallecer.

De ahí, que iniciara su comparecencia trasmitiendo su pésame a todas las familias de las personas fallecidas durante esta pandemia, especialmente de las que  han perdido a seres queridos en las residencias. Declaró que la situación ha sido «muy dolorosa», ya que son personas mayores, las más vulnerables y que, en muchos casos, han muerto solas y sin familiares a su lado.

Por lo otro lado, se  han realizado 617 actuaciones de desinfección en residencias de personas mayores o de personas con discapacidad, gracias a la colaboración de la la UME y otras unidades militares y los bomberos de ayuntamientos y diputaciones.

Carlos Raúl de Pablos declaró que la Junta había intervenido seis residencias de mayores (Valle del Cuco en Adrada de Haza, Burgos; El Roble en Caboalles, León; Caracillo en Ciudad Rodrigo, Salamanca; Reina Amalia II de Briviesca, Burgos; Tomás Mateos de la Fuente de San Esteban, Salamanca, y Santa Inés de San Esteban, Salamanca) como una medida «extraordinaria». No en vano, esta medida solo se adopta ante una situación de colapso del centro, tras comprobar que el manejo de la situación por la dirección y el personal del centro resultaba «materialmente imposible».

Los grupos parlamentarios del Partido Socialista y Mixto, a través de Unidas Podemos, criticaron el modelo de atención residencial de la Junta, con recortes durante los últimos años por parte del Partido Popular y su apuesta por la privatización. «Siempre en cuestiones sociales, debe primar, por encima de lo privado lo público y en Castila y León no es así porque han pensado en el beneficio empresarial», apuntó la portavoz del PSOE, María Isabel Gonzalo. No en vano, recordó que de los 1.214 centros, la Gerencia solo cuenta con solo 25 residencias, con 3.000 residentes frente a los 45.000 de los centros privados. «Lo que pasa es consecuencia de lo que se ha cultivado durante muchos años y no me puede negar que el modelo ha quebrado», añadió.

En este sentido, preguntó al gerente de Servicios Sociales sobre el funcionamiento de los centros privados cuando se producen bajas, vacaciones y permisos del persona. A su juicio, ha habido «fallos» y «algo» se ha fallado mal, tras conocer la lista de contagiados y fallecidos. «No puede volver a pasar, después de buscar el ahorro económico en lugar de garantizar la calidad de la atención. «, sentenció.

Laura Domínguez, de Podemos, criticó que el 68 por ciento de las plazas residenciales de la  Comunidad sea privada y el resto, pública o concertada (4.373 plazas), ya sean de la propia Junta o de los ayuntamientos y diputaciones. Aseguró que había un «problema previo» en las residencias con las plantillas, recursos y bolsas de empleo (que llevan diez años sin actualizarse).

En todo caso, consideró que no es «ético» ni políticamente productivo «hacer sangre» de la situación que han sufrido las residencias, que acumulan 2.555 fallecidos.  «Urge cambiar un modelo que lleva años fallando por lo que hay que tomar medidas para el futuro y para que esto no vuelva a suceder, ante un posible rebrote del coronavirus», manifestó.

Carmen Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular, valoró la colaboración «muy estrecha» entre la Junta, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales para garantizar la cobertura de los Servicios Sociales como la teleasistencia y la ayuda a domicilio. También, se felicitó por que el 85 por ciento de las residencias de la Comunidad ha estado limpia del COVID-19.

En representación de Ciudadanos (Cs), María Teresa Gago consideró que el modelo de atención residencial necesita ser «revisado», lo que obliga a potenciar una nueva ley que, por ejemplo, garantice que las empresas tengan un mínimo de acopios de Epis y la mayor formación y preparación del equipo directivo. También se interesó por el protocolo de desescalada en las residencia y pidió que las visitas a centros limpios de COVID permitan las visitas de familiares a los residentes. En este sentido, el gerente de Servicios Sociales se mostró cauto para evitar cualquier posible rebrote, aunque es algo que estudia la Consejería de Familia.

El gerente de Servicios Sociales destacó la «fortaleza» del modelo de dependencia en Castilla y León que, pese a una situación «tan grave y «extraordinaria», ha continuado con la atención a las personas dependientes e incluso ha incrementado su número. No en vano, señaló que, a 30 de abril, la Comunidad atendía a 104.825 personas, 19 más que a finales de febrero, y se concedieron 260 prestaciones más hasta llegar a las 140.298.

En todo caso, previó una «avalancha» de peticiones para solicitar el reconocimiento de la situación de dependencia cuando se produzca el levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos de los procedimientos derivada de la declaración de alarma. La portavoz socialista aprovechó estos datos para cargar contras las prestaciones vinculadas, que suponen que muchos mayores reciben entre 70 y 80 euros. «Les debería dar vergüenza estas cantidades», manifestó, al tiempo que reclamó que la Consejería publique la «realidad», aunque supongo perder el sobresaliente que la Comunidad obtiene en los informes sobre dependencia e, incluso, lograr un suspenso.

Carlos Raúl de Pablos subrayó que, en estos meses de pandemia, se ha «priorizado» la atención de los servicios esenciales para las personas dependientes que no podía dejar de prestarse como la atención residencial, la ayuda a domicilio o la teleasistencia. Precisó que se optó por la atención telemática de los servicios que no se podían prestar de forma presencial. Entre ellos, la teleatención en su domicilio a personas mayores y personas de discapacidad usuarios, hasta ahora, de estancias diurnas y centros de día para realizar un seguimiento y contribuir a su bienestar físico y emocional. También se han visto beneficiadas las familias que acudían al Servicio de Atención Temprana.

En cuanto a la atención a domicilio,  el gerente regional de Servicios Sociales anunció que en el primer mes de la pandemia se contabilizaron 6.832 bajas voluntarias, entre personas que no deseaban continuar con el servicio por miedo al contagio. En todo caso, se ha perseguido mantener el servicio, aunque no fuera presencial, con un seguimiento telefónico de los usuarios y de sus cuidadores para garantizar su correcta atención. Hasta el punto de que el servicio ha atendido presencialmente a unas 22.000 personas al mes. Laura Domínguez, del Grupo Mixto, relacionó estas bajas voluntarias por que las familias comprobaron que las trabajadoras acudían a sus hogares sin protección.

Otro de los recursos clave durante la crisis sanitaria ha sido la teleasistencia, ya que es utilizada por las personas mayores o con dependencia, uno de los colectivos más vulnerables en la pandemia del COVID-19, especialmente si viven solas. Es por ello que se reforzó el seguimiento de estas personas y la coordinación con los servicios sociales municipales para darles serenidad y cubrir sus necesidades básicas. Un servicio que atendió cada mes a más de 21.500 usuarios.

También aprovechó su comparecencia en las Comisión de Familia para solicitar al Gobierno central el borrador de la ley que regulará el Ingreso Mínimo Vital. «No es de recibo que se vaya a publicar esta semana y las comunidades no tengan ese texto, cuando algunos medios de comunicación ya lo han publicado», expuso. Y es que recordó que habrá beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León que dejarán de cobrar esta prestación para pasar al Ingreso Mínimo. Además, señaló que será necesario coordinar «al máximo» para que el tránsito no perjudique a nadie y que todas las personas con derecho a cobrar continúen recibiendo la ayuda.

En esta noticia se habla de:
Noticias Relacionadas: