La letra pequeña del pacto entre PSOE y Ciudadanos

La letra pequeña del pacto entre PSOE y Ciudadanos

24 febrero, 2016
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Actualizado: 24 febrero, 2016 0:00
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El PSOE y Ciudadanos se comprometen en su acuerdo de legislatura a «oponerse a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España», según uno de los puntos del pacto firmado por sus respectivos líderes, Pedro Sánchez y Albert Rivera. El documento copia párrafos íntegros del plan presentado por Sánchez a Podemos.

En la parte económica apunta a una subida de las cotizaciones sociales de los autónomos, que tendrán que hacer una sola declaración del IVA al año y no cuatro como hasta ahora. Asimismo, tampoco se podrán embargar viviendas habituales a familias sin recursos.

Impuestos: Subir sociedades y bajar IRPF con la supresión de bonificaciones

Los dos partidos abogan por otra reforma fiscal para ponerla en marcha en los Presupuestos del próximo año. Para ello, se reformará «en profundidad» el Impuesto de sociedades con un doble objetivo de acercar los tipos efectivos a los tipos nominales, y de aproximar la recaudación por este tributo en España a la media de la zona euro.

La reforma del IRPF con el objetivo de reducir la tributación de las rentas del trabajo cuando la situación presupuestaria lo permita y, mientras tanto, no subirles los tipos.
 
Estudiar la creación de un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas para ayudar a conseguir el equilibrio presupuestario.

Crear una Oficina Nacional de control fiscal de grandes fortunas en la Agencia Tributaria.

Armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Patrimonio, estableciendo unas horquillas de bases y tipos mínimos y máximos para todo el territorio del estado. De esta forma se terminará con la competencia en ambos impuestos por parte de las CCAA que provoca, en la práctica, su vaciamiento, sin penalizar a la clase media, que quedará exenta de ambos gravámenes.

Reducir el IVA cultural al 10%, promover el mantenimiento del IVA del libro en el 4%, e impulsar en el seno de la UE su equiparación para el libro electrónico.

Revisar la configuración de los impuestos especiales para hacer de los mismos unos auténticos impuestos medioambientales. Eliminar el Impuesto especial sobre determinados medios de transporte (impuesto de matriculación) y sustituirlo por un impuesto a las emisiones de CO2 y de dióxido de nitrógeno, en línea con los principales países europeos.

El documento también propone sustituir la inmensa mayoría de las exenciones y reducciones que supongan una merma en los ingresos a la Seguridad Social «por programas eficaces para reintegrar a los desempleados en el mercado laboral, reorientar las bonificaciones para la conversión de temporales en indefinidos y centrarse en los colectivos más vulnerables».

También plantean un plan de recolocación externa de trabajadores despedidos destinado a mayores de 45 años, desvinculados de su empresa de manera voluntaria o forzosa, como consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en un proceso de reestructuración empresarial. En el ámbito de la formación, el texto plantea cheques destinados a desempleados para la realización de cursos de formación de su elección.

Además, hace hincapié en un programa de subvenciones para las empresas que contraten a parados de larga duración, que irá dirigido especialmente a aquellos parados con escasa experiencia laboral o que requieran de movilidad sectorial u ocupacional para su integración.

Las personas desempleadas de larga duración que no dispongan de prestaciones y que requieran de un proceso de formación para su reinserción en el mercado de trabajo tendrán derecho al cobro de una renta de reintegración durante la duración del proceso de formación.

Adiós al contrato temporal

El acuerdo establece un nuevo contrato laboral estable y progresivo, con una duración de dos años, que sustituye a los actuales temporales y que contempla indemnizaciones crecientes por despido por causas económicas, organizativas y productivas. En el tercer año se convierte en indefinido, va acompañado de un sistema de seguro contra el despido que incentiva la movilidad laboral sin perder los derechos adquiridos, y que de no ser despedido el trabajador pasa a formar parte de un complemento a su pensión.

Ciudadanos cede en su propuesta de contrato único para acogerse a la presentada por el PSOE. Habrá tres tipos de contratos: indefinido para la cobertura de puestos de trabajo indefinidos, el estable y progresivo para puestos de trabajo de una duración determinada y el de relevo y formación.

Las empresas que abusen de la rotación laboral serán penalizadas, mientras que incentiva a las que crean empleo estable mediante reducciones en las cotizaciones sociales. Pretenden que el despido «sea el último instrumento de ajuste».

Autónomos

Los dos partidos se comprometen a realizar una reforma en profundidad para avanzar hacia un sistema más justo y equilibrado, en el que las cotizaciones de los autónomos se acerquen a la realidad de los ingresos. Traducido: un aumento de las cotizaciones sociales para estos trabajadores. Así, pretenden establecer un nuevo sistema de cotización en  función  de  los  ingresos  reales  del autónomo.

Los dos partidos se comprometen a realizar una reforma en profundidad para avanzar hacia un sistema más justo y equilibrado, en el que las cotizaciones de los autónomos se acerquen a la realidad de los ingresos. Traducido: un aumento de las cotizaciones sociales para estos trabajadores. Así, pretenden establecer un nuevo sistema de cotización en  función  de  los  ingresos  reales  del autónomo.

Tratarán de encontrar fórmulas de cotización para el trabajo autónomo a tiempo parcial, así como el de “vocación de no habitualidad” o complementariedad económica, fenómeno que se extiende con la nueva realidad de la economía colaborativa; y «realizar una nueva reforma del sistema de módulos, haciendo que este se encuentre menos vinculado al tipo o sector  de actividad y más a los niveles máximos de ingresos y ventas».

De manera inmediata y hasta que entre en vigor la reforma del Régimen especial de trabajadores autónomos, se introducirá una cotización reducida de 45 euros, que se aplicará a todos los autónomos cuyos ingresos reales no superen el SMI.

Eliminar retenciones en el IRPF

Dentro de las medidas administrativas propuestas, tanto Rivera como Sánchez abogan por eliminar las retenciones por IRPF a los nuevos profesionales hasta que no se ingrese 12.000 euros anuales en los dos primeros años de actividad.Permitir que en las altas y bajas a la Seguridad Social que no se realicen el primer día de mes, el importe de la cotización social se hará únicamente por los días efectivos de trabajo del mes correspondiente.

Además defienden:

-Mayor periodicidad en el cambio de bases de cotización. Poder cambiar de base de cotización al menos en cuatro ocasiones dentro el periodo anual, y así acomodar la cotización a una realidad de ingresos que cada vez es más variable.

-Plazo del pago de cotizaciones. Eliminar la obligatoriedad mensual, pasando a trimestral, para dar respuesta a las actividades temporales o discontinuas.

-Reducir la penalización en el retraso de los pagos. Reducir el 20% de recargo por retrasos de veinticuatro horas, haciendo este extensible al menos a cinco días desde el final del plazo.

-Flexibilizar el acceso a la tarifa plana para aquellos autónomos que hayan tenido que abandonar la actividad por causas justificadas y que soliciten de nuevo la tarifa reducida al comenzar una nueva actividad.

-Declaración del IVA con carácter anual en el primer año de actividad y posibilidad de solicitarlo para el segundo año, previa consulta con las autoridades europeas.

-Extender los mecanismos de mediación extrajudicial en las controversias de carácter mercantil o comercial.

-Estudiar mecanismos de compensación de las deudas de los autónomos con Hacienda y la Seguridad, con aquellos créditos que los mismos tengan contra una administración pública.

Rechazo al impuesto al Sol, pero sí impuestos verdes

Según el documento, se acometerá una reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica, así como del mercado gasístico, facilitando su progresiva adecuación al nuevo modelo energético disminuyendo los costes de la transición.

Avanzar en la autonomía energética garantizando la seguridad de suministro que incluya la solución al consumo del carbón nacional contemplada en el Marco de Actuación acordado con las agentes sociales y la Unión Europea para el periodo 2013-2018 que incluye el fomento de tecnologías de combustión limpia.

Se creará un «fondo verde» para la transición energética, que se dotará mediante nuevos impuestos, dedicado a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a una transición justa.

Además, se cerrarán las centrales nucleares tras 40 años de vida útil.

No al Referéndum

El último apartado del documento está dedicado a las propuestas para reformar la Constitución, que pretenden «asegurar eficazmente los derechos sociales y completar el funcionamiento federal de la organización territorial de nuestro Estado», según su epígrafe.

En este sentido, los dos partidos manifiestan «su permanente e inequívoco compromiso compartido con la unidad e integridad de España» así como su defensa del «orden constitucional», eso sí, promoviendo una reforma parcial de la Carta Magna.

Advierten de que no se trata de abrir «un proceso constituyente» sino de «mantener los principios e instituciones esenciales de la misma», mediante el «fortalecimiento» de los derechos ciudadanos y su adecuación a las transformaciones de la sociedad.

PSOE y Ciudadanos hacen hincapié en que la reforma «no puede ser el resultado de la imposición de posiciones ni de la exclusión de ninguno de los agentes políticos» y señalan que «sólo tendrá sentido y sólo podrá salir adelante si es fruto del pacto».

Nuevos derechos civiles y políticos

El procedimiento consistiría en facultar a una subcomisión del Congreso para, a lo largo de seis meses, buscar un acuerdo que incluya el reconocimiento de nuevos derechos civiles y políticos e incorporar como derechos fundamentales de derechos sociales, con garantías de dotación presupuestaria.

Contemplan igualmente la supresión de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona, la revisión de las bases del sistema electoral, la modificación del Senado, la incorporación del «hecho» de la UE al ordenamiento constitucional, y la revisión del Título VIII de la Carta Magna, sobre modelo territorial, para «desarrollar el concepto de Estado Federal».

La idea es que, tras disponer de este acuerdo, una ponencia constitucional pueda comenzar a redactar el proyecto de la reforma a comienzos de 2017.

Reforma urgente de la Constitución, sin tener apoyos

No obstante, las dos fuerzas políticas hacen apartado de la reforma urgente de la Constitución que anunciaron ayer, y que quieren promover «en el primer mes de ejercicio del nuevo Gobierno».

Se trata de suprimir los aforamientos, reducir a 250.000 las firmas necesarias para promover una ley de iniciativa popular, la limitación a ocho años del mandato del presidente, bajar a diez el número de vocales del Consejo General del Poder Judicial y suprimir las Diputaciones Provinciales.

De forma complementaria, abogan por reconocer como fundamental el derecho a la protección de la salud, así como incluir como constitucionales el derecho de acceso a la información pública, los derechos digitales, a la seguridad social, la atención a dependientes, vivienda y el derecho al medio ambiente.

El PSOE y Ciudadanos pretenden revisar el Título VIII, entre otros motivos, para incorporar la denominación de las comunidades autónomas o «garantizar la igualdad de trato de todos los españoles«, independientemente de su lugar de origen y residencia,por lo que pondría en peligro el cupo vasco, un privilegio al que Ciudadanos se ha opuesto siempre.

Solo 100 senadores

En cuanto al Senado, su propuesta consiste en transformarla en «estricta Cámara de Territorial» con una composición máxima de 100 senadores -en vez de los 266 actuales- y «con funciones vinculadas a la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado». Entre ellas, puntualizan, figuraría la determinación del sistema de financiación autonómica, los planes estatales de infraestructuras de transporte o los «niveles comunes en los grandes servicios públicos».

En todo caso, advierten de que si no se logra transformar en Cámara Territorial, ambos partidos abogarán por su supresión como Cámara de segunda lectura.

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