La limitación de las ayudas vitalicias divide a los políticos portugueses

Lisboa, 20 ene.- La anulación judicial de la ley que limitaba las ayudas salariales vitalicias para los exdiputados ha dividido a la clase política portuguesa y ha salpicado a los candidatos a las presidenciales del domingo 24.

Desde que el Tribunal Constitucional (TC) considerase ilegal la suspensión de las subvenciones vitalicias el pasado lunes, el debate sobre el cariz de estas ayudas se ha recrudecido hasta tal punto que el propio presidente del TC ha tenido que aclarar hoy mismo el porqué de la sentencia.

Joaquim de Sousa Ribeiro justificó la decisión del Alto Tribunal por la violación del principio de la protección de confianza de la ley incluida en los presupuestos del 2015, que proponía la suspensión de ayudas vitalicias a quienes tuvieran rendimientos superiores a 2.000 euros mensuales.

Con esta polémica decisión, los diputados que tengan derecho a la ayuda vitalicia ya no tendrán que presentar declaración de rendimientos.

No obstante, De Sousa Ribeiro aclaró que el régimen que consagra estas ayudas, que data de 1985, «no están blindado» y que puede alterarse legislativamente.

Aunque desde los socialistas abolieron este derecho en 2005, hay varios diputados del actual Parlamento que acumulan los años de servicios necesarios (12) para solicitar la subvención, calculada en base de los rendimientos durante el ejercicio de sus funciones públicas.

Según la prensa portuguesa, fueron 30 los diputados que pidieron la controvertida apreciación legal al TC, 21 socialistas y 9 centro-derechistas.

Entre ellos destaca, la candidata actual presidencial Maria de Belém, del Partido Socialista.

Varios políticos de la izquierda radical lusa han criticado a estos diputados en un país aún renqueante de una dura crisis económica.

El Bloque de Izquierda (hermanado a Podemos en la UE) ha sido de los más beligerantes.

«Es una decisión que avergüenza al Tribunal Constitucional y a los diputados que la exigieron. Degrada nuestra democracia», criticó la candidata apoyada por el Bloque Marisa Matias, quien recordó que las pensiones en Portugal son muy bajas (la mayoría menores a 629 euros al mes).

El candidato comunista Edgar Silva también se opuso a estas ayudas: «Es un privilegio que en nada contribuye para la dignificación del ejercicio de los cargos públicos».

Actualmente, hay 341 extitulares de cargos públicos con subvenciones vitalicias, que cargan al erario en unos 10 millones de euros anuales. EFE