Lluvia de millones públicos a los medios separatistas pese a la aplicación del 155

El Gobierno de Mariano Rajoy había paralizado las subvenciones públicas a los medios separatistas y ahora abre la vía para que los editores cobren casi 2 millones de euros públicos.
Ninguno de los medios afines al independentismo quedará fuera de este nuevo manguerazo, pese a que fue puesto en cuarentena una vez que se aplicó el 155 de la Constitución. El dinero llegará a los digitales, incluido El Punt Avui, que ha cerrado la delegación de Barcelona y realizará un ERE para el 40% de su plantilla. La mayoría de sus ingresos proviene de las jugosas subvenciones concedidas por la Generalitat de Cataluña. Estas ayudas se conceden bajo el pretexto de editar en catalán y el montante depende de la difusión y el número de trabajadores.
A finales del pasado año, el Gobierno suprimió los pagos de estas subvenciones. Roberto Bermúdez de Castro, secretario de Estado para las Administraciones Territoriales y máximos responsable en Cataluña desde la aplicación del 155, había asegurado que no ha habido mejor negocio en Catalula que una web dando apoyó a la independencia. «No había mejor negocio en Cataluña estos cuatro años que montarse una pagina web para apoyar el procés», indicó, al tiempo que aseguró que se revisaron las subvenciones concedidas por la Generalitat a las páginas web que hicieron “negocio” con su apoyo del procés independentista.
Sin publicidad institucional desde hace meses, una de las grandes vías de ingresos de los medios afines al separatismo, tan solo les quedaban estas subvenciones para cerrar el año.
La Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació han asegurado que se ha conseguido este hito tras una «discreta negociación» que han llevado a cabo ante los representantes del Gobierno. De esta forma, se ha mantenido el pesebre mediático, una asignación de los 1,9 millones de euros. No obstante, el acuerdo no se debe al resultado de una negociación, sino a un informe jurídico que advertía que paralizar estas subvenciones podría suponer un delito de prevaricación, ya que los editores habían amenazado con interponer una demanda sobre la prohibición, motivo por el que el Gobierno ha preferido cubrirse las espaldas y evitar un enfrentamiento mayor.