Los auditores exigen mayor control sobre las cuentas de grandes ayuntamientos

(Corrige los párrafos noveno y penúltimo de la CF7029 transmitida ayer)

Madrid, 4 abr.- El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJCE), Mario Alonso, lamenta que los entes locales españoles estén «inafraauditados» y que la falta de Gobierno tras las elecciones de diciembre impida avanzar en la generalización de una práctica en la que España sigue a la cola de Europa.

En declaraciones a Efe, Alonso ha lamentado que, frente al control externo al que se someten organismos públicos y comunidades autónomas, los entes locales están «infraauditados» independientemente de su tamaño. Hasta el punto de que Madrid no se somete a auditoría externa global, «no ahora, nunca lo ha hecho», y, de entre las grandes ciudades, solo se audita Barcelona. Existen instituciones como el Tribunal de Cuentas y los órganos autonómicos de control externo (OCEX), pero a estos procesos no se dedican recursos suficientes, y además el trabajo se lleva a cabo con un retraso importante, ya que «se auditan cuentas con tres y cuatro años de retraso».

El ICJCE defiende que los grandes ayuntamientos -en España hay cincuenta de más de 100.000 habitantes y 120 de más de 50.000- se sometan a procesos de auditoría externa, máxime en un momento en el que se conocen y se difunden tantos casos de corrupción o simplemente de mala gestión.

Y es importante que se auditen «de forma recurrente, no de forma puntual cuando se produce el relevo político»; los partidos hacen suya la necesidad de aumentar el control de los entes locales pero como «mera declaración de intenciones», asegura el presidente del ICJCE, que mantiene con regularidad reuniones con este fin.

Los auditores tienen un papel fundamental para recuperar la confianza, y aunque en ocasiones hay casos de prácticas irregulares a los que se da una trascendencia mediática excesiva, estos son «aisladísimos»,

La labor del auditor, que no siempre se entiende correctamente, consiste en emitir una opinión sobre las cuentas, que en último término son responsabilidad de los administradores; pero no les compete la búsqueda de fraudes, señala Alonso.

Entre otras iniciativa puestas en marcha por el ICJCE destaca la creación, en colaboración con el Consejo General de Economistas, de un registro de expertos contables que cuenta ya con 2.600 miembros.

Y es que si la de auditor es una de las profesiones más reguladas del mundo, la figura del experto contable necesita una autorregulación que permita acreditar a estos profesionales, cuya función consiste en valorar las empresas, los planes de viabilidad, la internacionalización, o los procesos de «due diligence» (auditoría de compra).

Para un ayuntamiento, y para cualquier ente público en general, someterse a un proceso de auditoría no puede considerarse un coste añadido sino «una inversión», porque a la larga un ayuntamiento bien auditado «incurre en menos gastos y emplea mejor sus recursos».

Así lo hacen en Navarra, única excepción en España que aplica un modelo de éxito en Europa y que se podría poner en marcha en el resto del país, ya que existen suficientes profesionales perfectamente capacitados para ejecutar auditorías en el sector público.

En cuanto a la situación del sector, uno de los retos más urgente en opinión de Mario Alonso es la reforma del modelo de supervisión, cuyo principal órgano debería ser colegiado, independiente del Ejecutivo y presidido por un profesional nombrado por el Parlamento.

Ahora, explica Alonso, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) depende del Gobierno y «eso no es bueno, ya que la falta de independencia genera desconfianza e insuficiente contraste», ya que en su opinión es preciso separar la función de emitir normas de la de supervisión. EFE