Impuesto de Plusvalía: los Ayuntamientos, obligados a demostrar el beneficio

Impuesto de Plusvalía: los Ayuntamientos, obligados a demostrar el beneficio

13 junio, 2017
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Actualizado: 13 junio, 2017 8:48
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El Ayuntamiento de Cartagena tendrá que devolver 5.143 euros y otros 2.580,81 euros por el cobro del impuesto de Plusvalía Municipal a un particular y a una empresa, respectivamente.

Es la primera vez que en Murcia se aplica la inconstitucionalidad, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, del impuesto de Plusvalía municipal que se cobraba por declarar la venta de inmuebles y suelo con pérdidas. Las dos resoluciones del juzgado de lo Contencioso número 1 de Cartagena se refieren al sistema de cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) y a las facultades del Ayuntamiento para su comprobación.

De esta forma, no es el contribuyente quien debe probar que hubo pérdidas en la venta, sino que es la propia administración que recauda el impuesto quien debe probar que hay una incremento del valor entre la adquisición y la transmisión.

«Es un hecho notorio que el suelo puede incrementar o disminuir su valor con el paso del tiempo en función de múltiples variables; en esta tesitura se dictaron múltiples sentencias en que se abría la posibilidad al contribuyente para que pudiera probar la inexistencia de incremento del valor del suelo a través de una prueba pericial», afirma el juzgado en el auto.

Con este auto se cierra la puerta a cualquier tipo de presunción sobre la existencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Por lo que los ayuntamientos tendrán que contar ahora con tasadores para corroborar que efectivamente hay beneficio.

«En esta tesitura, en relación a las liquidaciones llevadas a cabo por los Ayuntamientos sobre plusvalías será necesario que estos acrediten la existencia de ese incremento de valor si les es discutido por el contribuyente (a través de una prueba pericial pública o privada), mientras que en las autoliquidaciones deberán permitir el recurso, y en caso de que se alegue la inexistencia de incremento del valor deberá ser estimado, salvo que a través de la antedicha pericial municipal se acredite que si existe ese incremento», afirma el auto del juzgado de Cartagena.

En este sentido, ve «necesario analizar los impuestos pagados por este concepto respecto de cada transmisión realizada, al objeto de concluir sobre la posibilidad de aplicar la referida Sentencia y reclamar, en su caso, el importe indebidamente abonado, siendo recomendable revisar no solo las autoliquidaciones sino también aquellas liquidaciones firmes que se hubieran devengado en los últimos cuatro años», ya que a partir de entonces quedaría prescrito.

«En relación a las liquidaciones llevadas a cabo por los Ayuntamientos sobre plusvalías será necesario que estos acrediten la existencia de ese incremento de valor si les es discutido por el contribuyente (a través de una prueba pericial pública o privada), mientras que en las autoliquidaciones deberán permitir el recurso, y en caso de que se alegue la inexistencia de incremento del valor deberá ser estimado, salvo que a través de la antedicha pericial municipal se acredite que sí existe ese incremento», indica.

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