Los accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), los hermanos Higini y Ramón Cierco, han presentado una demanda ante los tribunales andorranos para que se anule el proceso de venta del banco y se eleve una consulta al Tribunal Constitucional.

Los propietarios de la entidad constatan en la resolución de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) y en el proceso que la ha precedido «varias vulneraciones legales y constitucionales» que, sostienen, «ya no sólo perjudican a los accionistas, sino también a muchos de los clientes del banco».

En la demanda interpuesta ante el tribunal de primera instancia de Andorra se pide que se promueva una consulta al Tribunal Constitucional sobre la adecuación de muchas de las medidas adoptadas o aplicadas.

Asimismo, mientras no se resuelva sobre la resolución impugnada, los hermanos Higini y Ramón Cierco reclaman que se deje en suspenso el proceso, ya que insisten en «los graves e irreparables perjuicios económicos que se están generando«. A su juicio, se vuelve a poner de relieve «la opacidad» y el «secretismo» con que la administración ha actuado.

Subrayan asimismo que en ningún momento los accionistas del banco, a pesar de continuar siéndolo, han sido informados o han recibido comunicación alguna en relación a las medidas tomadas y sus motivaciones.

En el recurso jurisdiccional se ponen de manifiesto las «graves deficiencias, carencias, errores y contradicciones» sobre las que, en opinión de los accionistas, el AREB ha construido todo un proceso que entienden debería ser nulo o anulable en su totalidad.

Los accionistas mayoritarios, además, reiteran la falta de comunicación que han sufrido en todo en proceso e insisten en la indefensión que de ello se deriva.

«Por tanto, supone la vulneración de un derecho fundamental: el derecho de defensa«, concluyen. Algunos ejemplos que citan los Cierco para argumentar la vulneración de la Constitución son que la demanda denuncia el hecho de que se liquidan las posiciones de los clientes no traspasables y se bloquean las cuentas a BPA sin «ninguna base o soporte legal».

También se pone de relieve que se mantiene inalterable prácticamente un año después la valoración económica hecha pública en mayo de 2015 y que deja el balance de BPA en una cifra negativa de 103 millones.