Los ex responsables de CAI, condenados a 4 años por apropiación indebida

Los ex responsables de CAI, condenados a 4 años por apropiación indebida

07 marzo, 2017
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Actualizado: 07 marzo, 2017 15:31
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Los máximos ex responsables de la extinguida Caja Inmaculada (CAI) han sido condenados a cuatro años de cárcel por apropiación indebida.  
Se trata del ex director general Tomás García Montes y el ex directivo Javier Alfaro y a un socio de ambos, Ramón Marrero. Según la sentencia de la Audiencia de Zaragoza, todos ellos tendrán que pagar 3.600 euros e indemnizaciones que alcanzan los 6,927 millones de euros, pero los absuelve de los delitos de administración desleal y estafa continuada.
La esposa de Alfaro, María Ángeles Álvarez, también es condenada como partícipe a título lucrativo y deberá abonar de forma solidaria con su marido 110.735 euros.
La causa se inició a raíz de la interposición en 2012 por parte de la CAI, que ahora forma parte de Ibercaja, de una denuncia contra los exdirectivos de la entidad por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal, a la que posteriormente se sumó la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), sindicato de las antiguas cajas.
Los hechos probados son que los tres, que crearon una «persistente ideación delictiva«, se aprovecharon de su posición la entidad financiera para adquirir inmuebles a precios muy inferiores a los del mercado y conseguir créditos sin las garantías necesarias, todo lo cual causó un daño patrimonial a distintas sociedades dependientes de la extinta caja.
Asimismo, considera probado que Arcai, una sociedad participada mayoritariamente por CAI Inmuebles, abonó parte del coste de un viaje de las tres familias a Egipto, cuyo importe total fue de 200.000 euros.
Al abogado, empresario y exconsejero socialista de la Junta de Andalucía, Ramón Marrero, se le concedió un crédito que éste pudo amortizar aportando un inmueble cuyo valor real era muy inferior del que se tasó para formalizar el préstamo.
La sentencia destaca la «manera opaca y personalista con que Tomás García Montes ejercía su cargo», así como la falta de transparencia y la «elevada concentración del crédito y de las inversiones de la CAI en el sector de la promoción y construcción inmobiliaria».

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