Los fondos de inversión ganan el pulso a la familia Rubiralta en Celsa

El titular del juzgado mercantil número 2 de Barcelona ha homologado el plan de reestructuración propuesto por los acreedores de Celsa, por lo que da vía libre para que los fondos de inversión acreedores pasen a ser accionistas de la compañía y sustituyan a los actuales propietarios, es decir, a la familia Rubiralta.

En una sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado a conocer este lunes, el magistrado Álvaro Lobato acuerda la homologación del plan de reestructuración, al entender que reúne los requisitos legales para llevarse a cabo, ya que, en su opinión, el importe de la deuda supera al valor de la compañía.

El juez sostiene que la propuesta de los acreedores asegura la viabilidad del grupo y califica su plan de «la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del grupo Celsa», aunque advierte al mismo tiempo de que deben cumplir «estrictamente» sus compromisos, entre ellos el de preservar el valor de la compañía, mantener su integridad y conservar los puestos de trabajo.

Asimismo, habilita a Lexaudit, nombrado experto independiente en este proceso, a llevar a cabo los actos de ejecución del plan de reestructuración.

El futuro de este gigante siderúrgico español queda en manos de los fondos de inversión

Al acabar el juicio, que se celebró entre el 3 y el 11 de julio, el magistrado ya avanzó que daría a conocer la sentencia en los primeros diez días de septiembre y el fallo, decisivo para conocer el futuro de este gigante siderúrgico español, se ha hecho público finalmente este lunes.

Se trata de una sentencia clave, porque pone a prueba la nueva ley concursal y ofrece muchos criterios interpretativos para otras situaciones de crisis que puedan favorecer las negociaciones entre deudor y acreedores.

La sentencia, contra la que no cabe recurso, recuerda la «enconada y dilatada disputa» entre ambas partes desde hace tiempo y, en esta línea, el juez afea los términos usados en este cruce de acusaciones.

«Acusar a los acreedores (…) de pretender una expropiación de los accionistas del grupo Celsa no es una descripción adecuada del escenario en el que nos encontramos», asegura el magistrado, que también lamenta que los acreedores achaquen «mala fe y fraude procesal» a la familia Rubiralta por defender sus intereses en los juzgados.

Comprar deuda a la banca no es de usureros

El hecho de que un grupo de fondos comprara sus créditos a los tenedores originales -la banca tradicional- «con importantes descuentos», muy por debajo del nominal, «no les convierte en usureros», opina el juez, que no ve su comportamiento «inmoral o reprochable» y asume que los fondos, legítimamente, buscan «maximizar su valor».

El juez argumenta también que, con la reforma de la ley concursal, el deudor «carece de la posibilidad de acudir a ese escenario de tierra quemada que era el concurso», ya que no puede obligar a los acreedores «a adentrarse en ese laberíntico túnel en el que sólo sobrevivían los ventajistas».

La sentencia avala el plan de los acreedores para Celsa y concluye que un plan de viabilidad «no exige una detallada enumeración de innumerables datos, variables y análisis», como sucedería con un plan de negocio, sino garantizar la viabilidad de la empresa y evitar un concurso.

La única alternativa para Celsa es un plan de acreedores

«En el escenario concreto del aquí y ahora, la única alternativa viable el grupo Celsa es el plan de los acreedores. Comprendo perfectamente que a los socios no les guste, pero, como ya he dicho antes, no son ellos, sino los acreedores quienes reparten las cartas», recoge la sentencia.

El fallo recuerda que el plan de los acreedores, entre ellos Deutsche Bank y fondos como SPV Global, Sculptor Investment o Anchorage Capital, es capitalizar la deuda vinculada al instrumento convertible (1.163 millones) para transformar el crédito en acciones del grupo Celsa. Durante el juicio, el abogado de Celsa admitió que el grupo tenía vencida por unos 2.433 millones.

El juez pone de manifiesto en la sentencia tanto la «escasa» consistencia del plan de negocio aprobado por Celsa en enero de 2023 -«ya que pocos meses antes el equipo directivo había elaborado proyecciones sustancialmente distintas»- como el «escasísimo acierto» de las previsiones del equipo directivo de Celsa en el pasado.

Asimismo, el juez opina que los informes elaborados por Lazard y por BDO «sobreestiman muy acusadamente» el valor de Celsa y añade que, según el experto independiente, el valor empresarial (equity value) del grupo se situaría entre 345,2 y 648,2 millones.

La ayuda de la Sepi a Celsa

En cuanto a la ayuda solicitada por Celsa a la SEPI, el juez asegura que «mantener este delicado equilibrio de Sísifo, entre la proclamación de la solvencia y la solicitud de ayudas financieras, constituye a largo plazo una dificultad insuperable».

Con estos argumentos, el juez comparte la conclusión del informe del experto independiente y de otro elaborado por Deloitte en el sentido de que «el valor de las acciones de Celsa está por debajo del importe de su deuda».

Celsa emplea a 10.000 personas en España y factura unos 6.000 millones de euros al año, y hasta ahora era una de las grandes empresas familiares catalanas.

En la sentencia el juez advierte también de los riesgos del «breve» proceso de transición en la propiedad, que da por hecho que no será sencillo por la «agria relación entre ambas partes», y avisa que Celsa podría perder valor y que los administradores de la sociedad «han de acatar la resolución judicial y cumplirla».

En la sentencia, el juez desestima tanto la oposición a este plan de reestructuración formulada por los hasta ahora propietarios de Celsa, la familia Rubiralta, como por KutxaBank, y también declara «no procedente» dos cuestiones de inconstitucionalidad propuestas ante el Tribunal Constitución.