Los funcionarios piden su subida salarial de 2019 también por decreto ley

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha asegurado hoy en rueda de prensa que el lunes arrancará un «proceso de movilizaciones» para que se garantice, entre otras cuestiones, el acuerdo que recoge la subida salarial mínima, pactado en marzo con el Gobierno del PP y asumido por el actual Ejecutivo.

Además, Borra ha pedido que también se revise el punto del acuerdo que liga una parte variable de la subida salarial del año que viene al objetivo de crecimiento del PIB, después de que el Gobierno haya modificado una décima a la baja su previsión.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, aseguró la semana pasada que «el compromiso del Gobierno es cumplir con el acuerdo y establecer una subida retributiva en tiempo y forma», sin embargo desde el sindicato han trasladado la «preocupación, hartazgo y abandono» que sienten los empleados públicos en lo que se refiere a sus condiciones laborales.

Las movilizaciones que iniciará CSIF pretenden también incidir en que se desbloquee la negociación del convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) que afecta a más de 40.000 personas.

UGT y CCOO confirmaban ayer que hay algunos avances en la negociación sobre este convenio único, ya que el Gobierno se ha mostrado dispuesto a dedicar parte de los fondos adicionales a las retribuciones básicas y a asumir el coste del encuadramiento de la nueva clasificación profesional, según los sindicatos.

Sin embargo, CSIF ha remarcado que el convenio único para el personal laboral de la AGE se encuentra «empantanado» después de tres años de negociación por falta de una propuesta económica.

Concretamente, el sindicato ha cifrado en más 25.000 los trabajadores que actualmente cobran apenas 900 euros y que se verían afectados por el convenio único.

Otras cuestiones que CSIF ha urgido al Gobierno van desde abordar la negociación de la jornada de 35 horas, hasta agilizar los procesos de estabilización de plazas interinas, que según el sindicato mantienen en situación de precariedad a más de 10.000 personas.