Los fundadores de Mundo Mágico, acusados de estafa, tienen lapsus de memoria
Antonio González Moral, acusado junto con Paul Alexander van Zill de un delito de estafa continuada con la agencia de viajes Mundo Mágico, ha relatado hoy en la primera sesión del juicio que no recuerda bien los hechos, que datan del año 2003, y que muchos clientes sí que disfrutaron de los servicios ofertados.La fiscalía pide seis años de cárcel y multas de 10.800 euros para González Moral y van Zill por un estafa continuada con Mundo Mágico, que ofertaba semanas de vacaciones en multipropiedad y servicios que nunca se llegaron a materializar.
Mundo Mágico Tours, con sede social en Benalmádena (Málaga), se dedicaba desde 1998 a la venta de semanas de multipropiedad en complejos vacacionales, y posteriormente evolucionó a la venta de servicios turísticos mediante la afiliación a un club de servicios vacacionales.
Unos 4.000 clientes de toda España perdieron cantidades que oscilaban entre los 3.000 y los 12.000 euros, después de pagar, al contado o a través de entidades financieras, programas de vacaciones o alojamientos en régimen de multipropiedad a Mundo Mágico Tours, que presentó suspensión de pagos en 2003.
En su escrito de acusación, el ministerio público explica que dichas semanas en realidad no existían, bien porque no era real el complejo de apartamentos, bien porque no se habían comprado los inmuebles sobre los que más tarde realizar su división en propiedad compartida.
Espinaquer 2000, la empresa pantalla con la que operaba Mundo Mágico
Así sucedió con la venta de apartamentos de multipropiedad en los complejos Mar y Golf, Benalbeach, Hotel Apartamento Esmeralda y Esmeralda Beach Club; la venta se efectuaba a nombre de los acusados o a través de la sociedad pantalla Espinaquer 2000.
Con la fórmula del club de vacaciones, se garantizaban al cliente y a tres personas más el disfrute en plazos de entre 5 a 20 años de tres semanas de alojamientos anuales en diferentes establecimientos hoteleros, por un precio de entre 3.005 y 12.000 euros.
Además, los clientes debían abonar cantidades que oscilaban entre 120,20 y 408,69 euros por cada semana disfrutada, pero no se llegaba a disfrutar del servicio porque al no estar respaldado por inmueble alguno era de imposible cumplimiento.
Una vez constatado que no podían disfrutar de la semana de vacaciones, se les ofrecía una opción de reventa, única vía para rescindir el contrato, para lo que se solicitaban nuevas cantidades de dinero para cumplimentar trámites que nunca se realizaban.
En el juicio que se ha iniciado hoy en la Audiencia Nacional, que se prolongará hasta el 23 de febrero, Antonio González ha negado los hechos que se le imputan, ha explicado que no recuerda bien los hechos y ha insistido en que sí ofreció alojamientos turísticos.
Una presunta estafa piramidal
Además, ha asegurado que no descarta un posible «hackeo» de las bases de datos de la empresa, y que terceras personas se hubieran aprovechado de ello. Van Zill, que también se ha sometido hoy a las preguntas de las acusaciones, no ha sabido defender la validez de los contratos y ha relatado su paso por la cárcel, una «casa de los horrores» tras lo cual le ha sido imposible encontrar un trabajo.
El fiscal, por su parte, señala que los primeros clientes captados disfrutaron de servicios pagados con las cantidades que depositaban otros usuarios, con lo que la presunta estafa adquiere un carácter piramidal. Algunos de los afectados que se han acercado a la Audiencia Nacional en esta primera sesión del juicio han relatado que algunos, «muy pocos», llegaron a disfrutar de los servicios ofertados.
Además de las penas de prisión y las multas por un delito de estafa continuada, la fiscalía solicita que los acusados indemnicen a los afectados con las cantidades desembolsadas, o las que figuren en los contratos que firmaron. El juicio se reanudara mañana en la sección Tercera con las declaraciones de varios afectados por la presunta estafa.