Los independentistas cargan ahora contra los funcionarios

Sus afirmaciones, pronunciadas en charlas organizadas por Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), han sido publicadas hoy por El País, en la misma jornada en que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar como investigados a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa de la Cámara Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet, de Junts pel Sí, y a Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí Que Es Pot.

En varias de sus intervenciones, hechas recientemente, Llach reflexiona sobre los efectos que tendrá la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica, que preparan JxSí y la CUP para los próximos meses, con la que prevén desconectar Cataluña de España.

El funcionario que trabaje en Cataluña, ya sea en la administración central, autonómica o local, será sancionado si no sigue la ilegalidad de la declaración unilateral de independencia

«En el momento en que tengamos la ley de transitoriedad jurídica, ésta obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña. Y el que no la cumpla será sancionado. Por tanto, se lo tendrán que pensar muy bien. Yo no digo que sea fácil, al revés, muchos de ellos sufrirán. Porque dentro de los Mossos hay sectores que son bastante reacios a lo que estamos haciendo», afirmó Llach en un acto del mes de marzo pasado en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona).

Esta nueva polémica se produce después de que el pasado 27 de enero el exjuez Santiago Vidal presentase su dimisión como senador de ERC tras desatar una tormenta política al asegurar en conferencias similares a las de Llach que el Govern había obtenido de forma «ilegal» datos fiscales de los catalanes e investigaba a jueces.

La portavoz del Govern, Neus Munté, ha afirmado que los funcionarios «están obligados a cumplir las leyes vigentes en cada momento» y, aunque ha evitado suscribir las «sanciones» de las que ha hablado Llach, tampoco lo ha desautorizado.

Para los separatistas es una obviedad obedecer la ilegalidad

El portavoz adjunto de JxSí en el Parlament, Roger Torrent, ha justificado las afirmaciones de Llach y ha recordado que «esto es una obviedad, porque todas las leyes generan derechos y deberes».

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha exigido al Govern que «rectifique o desmienta» las palabras de Llach y ha lamentado que se obligue a los trabajadores públicos a «hacer seguidismo de las propuestas separatistas» del ejecutivo.

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha reprochado a Llach que «amenace» a los funcionarios de la Generalitat con sanciones, unas palabras que ha calificado de «despropósito».

«Cinismo horroroso»

La portavoz adjunta del PPC, Esperanza García, ha calificado de «cinismo horroroso» las palabras de Llach sobre los funcionarios y ha añadido: «Déjenles trabajar en paz y no los fuercen a delinquir».

Los sindicatos CCOO y UGT han exigido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que garantice la seguridad jurídica de los trabajadores públicos y al Govern que se desmarque de las declaraciones de Llach, que consideran «una grave irresponsabilidad» y del todo «inaceptables», mientras que los sindicatos de los Mossos d’Esquadra han exigido quedar fuera del debate político.

La jornada también ha estado marcada por la decisión del TSJC de citar como investigados a los miembros de JxSí y Catalunya Sí Que Es Pot en la Mesa del Parlament por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) en el proceso soberanista.

En un auto, la magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret ha acordado esas citaciones, a raíz de la querella de la Fiscalía que acusa a Forcadell y a los miembros de la Mesa de JxS de desobedecer al TC al permitir que el Parlament votara dos resoluciones a favor de un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

Alegret ha fijado para el 8 de mayo las comparecencias de Forcadell y Anna Simó, para el 12 de mayo las de Lluís Corominas y Ramona Barrufet, mientras que la de Nuet, contra quien no se querelló la Fiscalía, será el 23 de mayo.

Tras haber sido finalmente incluido en la querella, Nuet ha denunciado que esto podría obedecer a un intento «de evitar que se vea que se juzgan unas ideas políticas».

El coordinador general del nuevo partido de los comunes, Xavier Domènech, ha expresado su «plena solidaridad» con Nuet ante esta «acción judicial desproporcionada e injusta» que pone de manifiesto la «práctica represiva» del sistema judicial.

Lejos de la tensión del conflicto político, el tenis ha sido la excusa para que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y Puigdemont exhibieran cordialidad en su visita al Trofeo Conde de Godó.