Los independentistas Mas, Boyá, Rovira y Gabriel, investigados por rebelión

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado ampliar la investigación que sigue por un posible delito de rebelión en el procés independentista al ex presidente de la Generalitat Artur Mas, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la portavoz parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel, entre otros.

En un auto del que ha informado el Supremo, el juez da la misma condición de investigados a la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boyá; a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y a la presidenta de la AMI, Neus Lloveras.

Por otro lado, la Fiscalía ha pedido al juez del Supremo Pablo Llarena que cite como investigados en la causa abierta por rebelión al exmayor de los Mossos Jose Lluis Trapero y a Josep María Jové, segundo de Oriol Junqueras, y al que se le intervino el documento Enfocats sobre la hoja de ruta independentista.

El juez Pablo Llarena ha acordado ampliar el espacio subjetivo de la investigación abierta en relación con el proceso independentista de Cataluña a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, a la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boyá, a su portavoz, Anna Gabriel, al presidente del PDeCat, Artur Mas, a su coordinadora general, Marta Pascal y a la Presidenta de la AMI, Neus Lloveras i Massana.

En un auto notificado este viernes, el juez comunica la existencia del procedimiento a estos nuevos investigados, así como las sospechas que sobre ellos se ciernen, con instrucción de los derechos que les asisten de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como su posibilidad de ejercerlos de forma inmediata.

En su auto, el juez explica que las diligencias que hasta ahora se han practicado muestran que los hechos que se investigan se han podido desarrollar bajo la dirección y coordinación de un conjunto de personas entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del disuelto Parlamento de Cataluña, así como los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas y la Presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia ( AMI).

Unas sospechas cuyo fundamento, según Llarena no solo se encuentra en que aparecen referenciados como integrantes del Comité Estratégico descrito en el documento “Enfocats”, “sino en otra serie de elementos que pudieran corroborar lo que en este documento se recoge”.

De un lado, Llarena destaca que todas estas personas aparecen identificadas como participantes de algunas de las reuniones que supuestamente sirvieron para “idear y pergeñar el proceso de ruptura que se investiga, tal y como se recoge en la agenda intervenida con ocasión del registro practicado en el domicilio de Josep María Jové Lladó”.

El juez añade que todos estos nuevos investigados parecen haber tenido una participación principal y destacada en su desarrollo, “aportando el apoyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron este proceso a término”, tal y como detalladamente se refiere en el atestado elaborado por la Guardia Civil.

Por ello el juez concluye que para que los investigados puedan ejercitar su derecho de defensa tal y como prevé al artículo 118 de la Lecrim procede comunicarles la existencia de este procedimiento, así como las sospechas que sobre ellos se ciernen para que se les instruya de los derechos que les asisten y puedan ejercitarlos de manera inmediata.

En su petición a Llarena, a la que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía, que reclama que el Supremo se haga con la investigación a Trapero que quedó en la Audiencia Nacional, solicita pedir un informe a la Dirección General de los Mossos d’Esquadra sobre la entrega el 1-O de teléfonos móviles a agentes que realizaron labores de vigilancia para la comunicación con sus unidades y responsables.

La Fiscalía, cuyo escrito coincide con la decisión de Llarena de imputar a Artur Mas, a Marta Rovira y Anna Gabriel en esta causa, solicita además que el Supremo pida al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona las actuaciones que han llevado a cabo para frenar el proceso independentista en Cataluña.